En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación hace un llamado al Instituto Nacional penitenciario y Carcelario INPEC y a la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, para que, a la mayor brevedad, tomen las acciones pertinentes para que las cárceles cumplan con las normas técnicas de seguridad contra incendios.

En este caso puntual, fue el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, quien confirmó que a raíz de la tragedia ocurrida el pasado 27 de junio de 2022 en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, que cobró la vida de 54 personas privadas de la libertad, la entidad inició una acción preventiva para evitar que casos como estos vuelvan a ocurrir.

En consecuencia, la Procuraduría General emitió un informe en el que se refirió a las fallas en los sistemas contra incendios y planes de contingencia en los centros penitenciarios del país, “como la ausencia de un sistema de aspersión para emergencias dentro de las instalaciones del penal, carencia de puntos fijos para toma de agua (hidrantes) y serias dificultades para realizar una evacuación”.

“También a la estreches de corredores, problemas de ventilación y puntualmente a que, en promedio, las cárceles del país cuentan solo con 46 extintores, cantidad insuficiente frente a lo estipulado por la norma técnica que regula el tema de seguridad contra incendios”, concluye el Ministerio Público.

Finalmente, Sarmiento aseguró que la carencia de elementos, planes contra incendios y otras catástrofes se presenta en todos los centros carcelarios del país y la manera de resolverlo es ciñéndose a las normas técnicas estipuladas al respecto.

Otra preocupación del Ministerio Público

Existe otra preocupación en el Ministerio Público actualmente: las constantes demoras en la atención en salud a los niños menores de tres años que conviven con sus madres en los establecimientos de reclusión del orden nacional -ERON-. Por esa razón, la Procuraduría General de la Nación pidió al director general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, Andrés Ernesto Díaz Hernández, un informe detallado sobre la prestación del servicio integral a esta población de especial protección constitucional.

La solicitud se origina, según explica la Procuraduría, luego de que, en el Comité Técnico de seguimiento preventivo realizado por la Procuraduría en septiembre y octubre de este año, se referenciaron quejas sobre la prestación del servicio de salud, a cargo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, a través del fidecomiso que proporciona este servicio a las personas privadas de la libertad y a los menores de tres años. Lo que encontraron los investigadores no es de poca monta.

Según lo reportado, “existen barreras para el goce efectivo del derecho a la salud, como dificultades en la aprobación de las órdenes médicas, en la coordinación de brigadas de prevención; para contar con las historias clínicas en formatos digitales, tardanza en la autorización para la asignación de las cita, reprocesamiento en la toma de la historia clínica, entre otras”.

De acuerdo con lo informado por la Procuraduría, “30 mujeres y 24 menores de 3 años de edad se encuentran conviviendo en 10 centros de reclusión del país, en donde también reciben el servicio de atención a la primera infancia en los Centros de Desarrollo Infantil a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, el Instituto Penitenciario y Carcelario y las Entidades Prestadoras del Servicio - EAS”.

Entre otras cosas, la Procuraduría pide a través de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, a referenciar la ruta de atención en salud para los niños y niñas menores de tres años de edad, las Entidades Prestadoras de Salud -EPS- e Instituciones Prestadoras de Salud -IPS- que atienden estos servicios y los mecanismos de supervisión que ejerce la -USPEC-.

La propuesta de MinJusticia sobre el hacinamiento en Colombia

En medio de una de las peores crisis carcelarias y penitenciarias en la historia reciente del país, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hizo una propuesta para que se defina la situación jurídica de 180.000 personas que permanecen privadas de la libertad.

Según Osuna, es necesario hacer este conteo con el fin de definir los casos de personas que deben seguir en los centros carcelarios de Colombia y quienes pueden recibir beneficios como la detención domiciliaria o la libertad condicional con el brazalete electrónico.

Por esto les pidió a todos los consultorios jurídicos de las universidades públicas y privadas del país que los acompañen para la definición de la situación jurídica de esas 180.000 personas: “Nos acompañen con abogados voluntarios porque no es suficiente el personal para hacer un censo fidedigno”.