Musa Besaile en la JEP: sí, pero no así

Musa Besaile no podrá saldar todas las deudas que tiene con la justicia con solo someterse a la  Jurisdicción Especial de Paz. Todo parece indicar que el exsenador se convertirá en uno de los primero civiles que quedará en quedar con un pie en la justicia transicional y otro en la ordinaria.  Este viernes, seis meses después de que se supo el interés que tenía el senador, la Procuraduría les solicitó a los magistrados de la Sala de Sometimiento a la Justicia condicionar su comparecencia. En ese sentido, el Ministerio Público no se opone a Besaile comparezca sino que lo haga solo el caso de parapolítica.  Le recomendamos: ¿Parapolíticos en la JEP? "El acogimiento del excongresista, solo debe cobijar el delito de concierto para delinquir, por el vínculo con el conflicto armado interno, producto de las alianzas con grupos paramilitares", advierte la entidad en un comunicado. "Los actos de corrupción relacionados con delitos de peculado por apropiación y cohecho deben ser negados", agrega.  Así las cosas para el ente de control la JEP tiene competencia en todo lo que tiene que ver con sus vínculos con los paramilitares pero no por el actual proceso que lleva en contra la justicia ordinaria por el cartel de la toga.  La imagen del excongresista sentado ante la Corte Suprema de Justicia admitiendo que le pagó al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno 2.000 millones de pesos para evitar la cárcel, fue un punto de quiebre. Hasta ese día Besaile fue considerado intocable. Pese a sus escándalos por parapolítica y por ‘mermelada‘, nada parecía sacudirlo. Vea también: El escándalo del cartel de la toga aterriza en la JEP Su versión de una supuesta extorsión por parte de Moreno no resultó creíble para la Sala Penal, que dictó orden de captura y lo llamó a juicio por cohecho y peculado. Además, revivió el caso de parapolítica que llevaba años engavetado en el despacho del magistrado Gustavo Malo esperando la prescripción. La última imagen que la opinión pública recuerda de este cacique de la Costa fue previa a su captura, cuando apareció en un video con sus hijos menores de edad y su esposa. El episodio familiar no fue de buen recibo por la opinión pública ni por el Icbf, que pidió no meter a los menores en líos penales del congresista.  Cuando Musa Besaile se acercó a la justicia estaba con el agua al cuello: por un lado los audios grabados por la DEA al abogado Leonardo Pinilla y al exgobernador Alejandro Lyons lo dejaban muy mal parado. De otra parte, una semana antes, su antiguo abogado Luis Ignácio Lyons España había aceptado un acuerdo de colaboración con la justicia.  Por todos estos hechos que indignaron a la opinión pública y que tienen respondiendo al exmagistrado Gustavo Malo en la Corte Suprema de Justicia, despertó la posibilidad de que a Besaile se le abran las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz. La opción tomó más fuerza hace 15 días que los magistrados del sistema de justicia transicional confirmaron que el escándalo del cartel de la toga aterrice en la JEP.  En un auto de 36 páginas quedaron consignados los compromisos que asumió Ashton ante la justicia de paz a fin de resolver allí parte de sus líos judiciales. El acuerdo de cooperación aceptado por los magistrados implica que deberá delatar a otros involucrados en el cartel de la toga y contar, entre otras cosas, todos los detalles de su carrera política de la mano de los paramilitares, incluyendo el papel de como el parapolítico jugó en el Congreso en la aprobación de la ley de Justicia y Paz. Besaile estaría en una situación similar. Por eso al igual que lo hizo con el exsenador Álvaro Ashton, esta jurisdicción le solicitó a la Corte Suprema de Justicia el expediente del otro excongresista al considerar que cumple con los requisitos para que su caso sea tenido en cuenta para estudio. Le puede interesar: Y ahora que la JEP tiene todos los juguetes, ¿qué sigue? El primer argumento se basa en que los hechos que se le endilgan ocurrieron con anterioridad al 1 de diciembre del 2016, fecha en que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc. En el dossier de Besaile –hoy detenido en La Picota–aparece un proceso por parapolítica que duró engavetado por años en el despacho del magistrado Gustavo Malo. De este, se derivó la supuesta orden de captura con que Moreno habría extorsionado al entonces senador para recibir el pago de 2.000 millones de pesos. Todo esto ocurrió con anterioridad al 2015. Un segundo aspecto es que exista la voluntad del implicado de someterse a la JEP y que haya sido un agente de Estado, lo cual queda acreditado con quince años en el Congreso. Un tercer requisito tendrá que entrar en estudio y es si los hechos tienen relación con el conflicto armado. Acá habrá una profunda discusión. En este último punto fue el que desencadenó que este jueves el Ministerio Público presentara una apelación a la decisión que tomó la JEP en el caso de Ashton. Para el ente de control se le abrió la puerta a la jurisdicción especial por delitos que no estarían relacionados con el conflicto. "No se puede permitir que las conductas de cohecho y amenaza de testigo por las que la JEP aceptó el sometimiento, se confundan con los hechos del conflicto armado, más aún cuando no fueron cometidas para favorecer o colaborar con grupos armados y tampoco para financiar el conflicto armado interno", se lee en el comunicado.  Sin embargo, el cuarto punto que le impone la JEP es el que ha dejado a varios haciendo cuentas en el camino. La Jurisdicción Especial pide que se firme un acta de compromiso y que se presente en ella una solicitud de sometimiento, la cual implica una obligación integral, irreversible e irrestricta de contribuir a la verdad, a la reparación y a la no repetición respecto del universo de conductas sobre las cuales opera la JEP. Todo parace indicar que al igual que Ashton, al excongresitas Besaile las puerta de la JEP se le abrirán para resolver su situación jurídica. Habrá que ver si la atrevesada de la Procuraduría, que no está de acuerdo con la decisión, consigue reversar y con ello reducir el margen de investigación. Así las cosas, los investigados por la parapolítica y el cartel de la toca terminarán con un pie en cada una de las jurisdicciones, muy a pesar que con la última intentaron engavetar los delitos que cometieron en la primera.