La procuradora general, Margarita Cabello, envió un nuevo concepto a la Corte Constitucional pidiendo tumbar la denominada Ley de Paz Total propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La procuradora reitera que esta ley, que faculta al presidente de la República para hacer negociaciones y entablar diálogos con grupos armados, tiene vicios de trámite que la hacen inconstitucional. El principal argumento de la procuradora tiene que ver con el hecho de que la ley debía tener un concepto del Consejo de Política Criminal antes de darse el trámite en el Congreso, para que se diera un debate informado de los sus alcances.
“Las deliberaciones no fueron ilustradas con el concepto del Consejo de Política Criminal, pues no se remitió el dictamen sobre el impacto de las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal”, ha advertido la procuradora Cabello.
“Se llama la atención sobre el hecho de que el vicio originado por la ausencia del concepto del Consejo Superior de Política Criminal durante la deliberación de las cámaras constituye un yerro que no solo afecta a las disposiciones acusadas, sino que se proyecta sobre todo el articulado de la Ley 2272 de 2022, en tanto sus disposiciones están orientadas a la seguridad y el orden público y, por lo tanto, se encuentran asociadas a la política criminal del Estado, cuya discusión parlamentaria debió estar informada por dicho dictamen”, advierte el ente de control.
El concepto de la procuradora llegó al despacho del magistrado Antonio José Lizarazo, donde se estudia una de las siete demandas que aún cursan contra esta ley en el alto tribunal. La demanda que está estudiando el magistrado Lizarazo es la del representante a la Cámara José Jaime Uscáteguí.
Otra de las razones por las que los demandantes argumentan que es inconstitucional la iniciativa, es que se permita que desertores del Acuerdo de Paz de la Habana puedan llegar a beneficiarse del mecanismo de justicia transicional, contrariando el artículo 66 transitorio de la Constitución.
Es de recordar que, finalizando el 2022, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley de Paz Total, que permite negociar con Iván Márquez, desertor del proceso de paz de la Habana, Cuba.
El jefe de Estado le dio luz verde a la Ley de Paz Total, la cual le da las facultades necesarias al gobierno del Pacto Histórico para que negocie con el exjefe de la extinta guerrilla de las Farc y ahora comandante de las disidencias de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, entre otros criminales.
Como se recordará, el mandatario colombiano firmó la ley en la hacienda Hato Grande, en el marco de la Asamblea General de Gobierno, en la cual revisó a profundidad los temas que se deben priorizar de cara al cumplimiento de los primeros 100 días de gobierno del Pacto Histórico.
El presidente Petro reveló detalles de los alcances de la iniciativa: “La ley de la paz, el marco jurídico que permite, desde hace muchos años, esta vez se ha renovado, la regulación que les permite a los gobiernos construir negociaciones con quienes están al margen de la ley para conquistar el sueño de la paz total en Colombia. Así que ahora le corresponde a nuestro comisionado de paz, Danilo Rueda, implementar buena parte de esta reglamentación”.
“Habrá personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del crimen. Habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente, de hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente, sin ecos, para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia, la democracia real y pacífica que necesitamos en este país”, anotó el jefe de Estado desde la hacienda Hato Grande.
Como informó SEMANA, el proyecto, en esencia, entrega facultades al presidente para adelantar diálogos, en búsqueda de lo que él ha llamado la ‘paz total’. Esto implica el establecimiento de zonas especiales para el agrupamiento de los miembros de estas organizaciones y el levantamiento de órdenes de captura.
En el fondo, uno de los principales reclamos de quienes no están de acuerdo con esa medida es que el Estado pueda volver a sentarse a negociar con los integrantes de disidencias de las Farc como la Segunda Marquetalia.
Sobre ese aspecto puntual, el ministro del Interior, Alfonso Prada, admitió en su momento: “queda habilitada la posibilidad de comenzar un proceso de diálogo, será el comisionado de Paz el que defina las condiciones en que se negociará con cada uno de los actores”.