Rechazar de plano la demanda de pérdida de investidura presentada contra el representante a la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo. Esta fue la petición que presentó formalmente este miércoles la Procuraduría General en audiencia pública en el Consejo de Estado.
Para la procuradora Claudia Patricia Hernández, el demandante no presentó pruebas sólidas que permitan inferir que el representante por las negritudes hubiera solicitado a un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) parte de su salario.
“Para esta agencia es claro que no hubo configuración objetiva de la causal invocada en la demanda para declarar la pérdida de investidura del congresista Miguel Abraham Polo Polo”, precisó la delegada del Ministerio Público en su intervención ante el alto tribunal.
En este sentido señaló que la “carga probatoria” que se le exigía al demandante no cumplió las condiciones que fija la ley. “Incumplió el deber de demostrar los presupuestos sobre la causal de la demanda de pérdida de investidura” pues -sostuvo la procuradora- no allegó pruebas.
“En consecuencia frente a su conducta no podría decirse que el demandado haya inducido, provocado o exigido directa o indirectamente la destinación de recursos de la nómina asignados a la UTL o que se destinaran para fines distintos a los de pagar la contraprestación personal de servicios profesionales como asesores del representante a la Cámara”, aseveró.
Igualmente, señaló que pese a lo citado en la demanda radicada por el abogado Alí Bantú Ashanti no se allegó ningún tipo de evidencia sobre la exigencia o consignación de los dineros a las cuentas del congresista.
“No se logró demostrar la existencia de consignación, giros y entrega de dinero al demandado para soportar gastos operativos (...) No hay prueba documental alguna que así lo ratifique. En los documentos aportados por el solicitante se verifica que ninguno de ellos hace referencia a transferencias en la plataforma Nequi o a consignaciones a la cuenta personal del demandado”, aclaró.
Pese a que citó que Marlén Cedano González había sido la integrante de la UTL de Miguel Polo Polo que había recibido presiones para entregar parte de su sueldo, tras hacer la verificación no se encontró vinculación alguna con el representante a la Cámara. “No reposa prueba documental que acredite dicha condición”, explicó la procuradora.
Los otros integrantes de la UTL señalados en la demanda manifestaron, en sus respectivas declaraciones, que no tuvieron conocimiento en esta exigencia de dinero. “Fueron coincidentes al expresar que el representante no les había solicitado o exigido dineros para cubrir gastos operacionales de función”
Además la versión del escolta del congresista señala que no presenció o tuvo conocimiento de la exigencia de dinero por parte de Polo Polo para integrantes de su UTL. Por lo que se concluyó que ninguno de los mencionados en la demanda dieron fe de los hechos narrados.
La defensa del congresista también le pidió al Consejo de Estado rechazar de plano las pretensiones de la demanda, advirtiendo que solamente se quedó un dicho lo mencionado por el demandante pues jamás radicó una sola evidencia sobre la existencia de dinero.