La Procuraduría General de la Nación pidió ante la Corte Suprema de Justicia la revisión del proceso contra el general del Ejército en retiro Jaime Humberto Uscátegui quien fue condenado por la masacre ocurrida en julio de 1997. El ministerio público pidió a la Corte cesar la sentencia en segunda instancia, ya que “no era factible atribuir la responsabilidad del oficial del ejército por la conducta omisiva deducida de la acusación, pues para ello era necesario acreditar en concreto la condición de garante que le correspondía en el asunto, y no conformarse con la simple capacidad de mando que podía ostentar sobre el batallón Joaquín París", se lee en la solicitud. Además se señala que el cargo planteado por la defensa debe prosperar, "pues las pruebas omitidas por el Tribunal tenían la virtualidad de desquiciar el fallo de segunda instancia", La Procuraduría instó a la Corte Suprema para que, en el evento que se decida mantener en firme la sentencia condenatoria, precise que el general (r) Uscátegui cometió el delito a título de autor por omisión impropia. Según el exalto militar, el ministerio público encontró que "el Tribunal ignoró las pruebas que presenté", afirmó. Uscátegui, condenado a 37 años por la masacre ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, señaló además que durante esa época él no tenía mando sobre la zona en que se produjo la muerte de los campesinos a manos de los paramilitares. "En un principio me juzgó por omisión, cargo por el que fui absuelto. Después se me condena por una supuesta convivencia con los paramilitares, sin ninguna prueba. Además, la Procuraduría insiste en que yo no tenía, para esa época, jurisdicción en el área donde ocurrieron los hechos", dijo a el diario El Tiempo. El general (r) dijo además que espera que la Corte Suprema le defina si deja en firme o no la condena del Tribunal Superior de Bogotá. Como se sabe, en el 2009 el Tribunal Superior de Bogotá encontró culpable a Uscátegui por los delitos de homicidio agravado, secuestro y falsedad. Luego la Corte Suprema revisó su caso y decidió que el último delito había prescrito y le rebajó la pena de 40 a 37 años.