En la reanudación de las audiencias preparatorias de juicio en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el delegado de la Procuraduría General pidió que se revise la legalidad de las interceptaciones telefónicas entre el exmandatario y el abogado Diego Cadena, las cuales son pieza fundamental en la acusación.
Esto, tras hacer mención de las 28 interceptaciones telefónicas entre Uribe y Cadena, que enunció la Fiscalía General durante el descubrimiento probatorio en el proceso que se adelanta contra el expresidente por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.
“No es sencillo establecer de tajo la solución al problema jurídico que surge sobre la legalidad de las interceptaciones telefónicas a Diego Cadena y Álvaro Uribe Vélez”, detalló Bladimir Cuadro Crespo, procurador de intervención tercero delegado para la investigación y juzgamiento penal.
Pese a los pronunciamientos judiciales, el procurador del caso aseguró que la discusión sobre la legalidad de estas interceptaciones “no está cerrada”, por lo que consideró que “esta es la oportunidad legítima para dar este debate”.
En su momento, la Fiscalía General le pidió al juzgado tener en cuenta 106 interceptaciones telefónicas que revelarían la forma en cómo el exmandatario dio instrucciones para la presión a testigos y lograr así su retractación.
Sin embargo, para el procurador, estas interceptaciones habrían vulnerado el secreto profesional que tiene un cliente con su abogado. En el caso de Cadena, en varias oportunidades se ha mencionado que era apoderado del expresidente Uribe.
“Debe haber una claridad sobre si el examen de legalidad de las interceptaciones se centran sobre la supuesta ejecución de un delito, excepción de la regla del secreto profesional, o porque se considera que en cada uno de estos eventos Diego Cadena y Álvaro Uribe Vélez el togado no actuaba como defensor”, precisó el procurador.
Para el procurador, en la discusión sobre las interceptaciones telefónicas se han presentado varios conceptos por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá. “No hay una tesis consolidada y mucho menos una sola verdad sobre la jurisprudencia aplicada a esta discusión”.
“Si es necesario que haga una evaluación de la legalidad de las interceptaciones”, le pidió el procurador a la jueza 44 de conocimiento de Bogotá. Considera que en este caso, Diego Cadena representaba jurídicamente al exmandatario por lo que se debe respetar los derechos a a intimidad, a la defensa, el secreto profesional y la inviolabilidad de las comunicaciones.
“Es necesario proteger las conversaciones con el abogado pues son catalogadas íntimas y están relacionadas con el sigilo profesional”, explicó el procurador delegado para que no se evalúe la pertinencia de estas interceptaciones.
“El secreto profesional tiene un vínculo con la defensa”, citó el representante del Ministerio Público.
Por estas razones, pidió que se excluyan las 28 grabaciones de las interceptaciones telefónicas citadas por la Fiscalía entre el abogado Diego Cadena -quien se encuentra en juicio por estos mismos hechos- y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Las audiencias preparatorias de juicio continuarán este miércoles 9 de octubre con la intervención del abogado Juan Felipe Amaya, defensor suplente del exmandatario.