Debido a posibles irregularidades presentadas en los procesos de selección a los que muchos ciudadanos aspiraron para obtener un cargo público del Estado en 2020, desde la Procuraduría General de la Nación se alertó sobre esta situación y, por ello, puso en la lupa a la Escuela de Administración Pública (Esap), entidad encargada de la operatividad de las evaluaciones por mérito.
Esto tomó relevancia en los encargados de investigar fallas disciplinarias porque son alrededor de 47.000 colombianos que, en el marco del proceso de meritocracia, aprobaron los exámenes y que, al parecer, por errores consignados en los resultados de las calificaciones “ahora se encuentran en el limbo”.
Debido a las preocupaciones, la Procuraduría solicitó explicaciones a la Esap en las que se “admitieron posibles fallas técnicas y administrativas”, razón por la cual se llevó a compulsar copias ante el operador disciplinario.
Un total de 3.500 vacantes del Estado en cientos de municipios era la oferta para los aspirantes a empleos de quinta y sexta categoría para vacantes de conducción y secretaría, al igual que ofertas para profesionales en derecho, administración de empresas, economía, entre otros.
Por lo tanto, al tratarse de un tema de orden e interés público, la entidad del Gobierno tomó cartas sobre el asunto y compartió que en los estrados judiciales ya cursan cuatro tutelas de participantes por reclamo de sus derechos.
En síntesis, la Procuraduría General de la Nación advirtió que seguirá cumpliendo con la vigilancia preventiva para que el mérito sea la regla para llegar a cargos del Estado del orden nacional y territorial. Entonces, pidió a la Esap establecer un cronograma en el que se fije la publicación de la lista de elegibles en un plazo máximo a octubre de 2023.
Por retrasos en 68 obras de instituciones educativas oficiales, Procuraduría solicitó informe al Fondo de Financiamiento de Infraestructura
La Procuraduría General de la Nación pidió a la gerencia del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (Ffie) informar sobre el estado de ejecución de 68 obras en instituciones educativas oficiales, cuya ejecución se realiza con recursos de ese fondo y que, según el ente de control, presentan retrasos que en algunos casos superan los dos años.
Por lo tanto, la Procuraduría le solicitó al Ffie que precise las gestiones adelantadas durante el año 2022, orientadas a garantizar la reactivación, el avance o la entrega de estas obras.
De acuerdo con el Ministerio Público, son de especial preocupación las demoras en la ejecución en los departamentos de Boyacá, Nariño y Risaralda y en los municipios de Ibagué, Cali, Pasto, Sogamoso y Quibdó, por ser territorios que concentran el mayor número de proyectos ejecutados con retrasos.
“Asimismo, porque en buena parte, en estas intervenciones y obras se realizaron demoliciones parciales o totales en las sedes educativas, afectando tanto a las comunidades educativas como a la capacidad de las administraciones territoriales, al tener que disponer de otros espacios temporalmente para hacer frente a las demoras en la entrega”, agregó la Procuraduría General de la Nación.
Por último, la Procuraduría General de la Nación advirtió que continuará velando por la correcta ejecución de las obras y proyectos, que resultan indispensables “para garantizar el derecho a la educación y reducir las brechas de acceso, permanencia y calidad que persisten en muchas regiones del territorio nacional”.
Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación anunció a finales de noviembre que abrió investigación contra un congresista, dos gobernadores y 20 exfuncionarios por presuntas irregularidades en el manejo de proyectos financiados con recursos de regalías.
De acuerdo con el Ministerio Público, estos hechos estarían relacionados con obras regionales, que ascienden a recursos superiores a los 213.000 millones de pesos.