Desde la Procuraduría General de la Nación, encargados de defender los intereses de la sociedad, se hizo la solicitud a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) de expulsar al Teniente Coronel del Ejército, Robinsón Javier González Del Río, quien a pesar de haber firmado en 2017 el acta de compromiso para no volver a cometer delito alguno, fue capturado en febrero de 2022 por presuntos vínculos con el grupo delincuencial La Cordillera, comandado por alias Matamba.
De acuerdo con el ente de control, desde el momento en el que se sometió a la JEP, González del Río gozaba de beneficios como libertad condicional y un esquema de seguridad otorgado para protegerlo en su condición de comparecencia como máximo responsable por asesinatos presentados como bajas en combate, (falsos positivos) en los casos 05 y 08.
No obstante, una vez se conoció la noticia sobre su captura y reincidencia delincuencial, la JEP abrió un Incidente de Incumplimiento que terminó con la decisión, el pasado 27 de octubre, de revocar su libertad condicional, pero mantenerlo dentro del sistema de justicia transicional argumentando que sus aportes futuros podrían ser de gran valor.
Entonces, para el Ministerio Público, la JEP incurrió en una evidente contradicción al indicar, de una parte, que el incumplimiento es injustificado y grave, pero a la vez manteniéndolo como compareciente.
En el análisis de la Procuraduría se argumenta: “existe evidencia irrefutable y contundente de que González del Río ha vuelto a delinquir, nos encontramos frente a un incumplimiento de máxima gravedad, pues se han desconocido con plena conciencia las condiciones de permanencia en el Sistema y no hay posibilidad alguna en estas condiciones, de resarcir los derechos de las víctimas lesionadas”.
En su calidad de agente interviniente y en representación de los derechos de las víctimas, cuyas asociaciones (Movice y DH Colombia) fueron las primeras en denunciar la irregularidad y solicitar la expulsión del exmilitar, la Procuraduría Delegada ante la JEP advierte clara intencionalidad de González del Río al haber desplegado las conductas delictivas, pues estuvo involucrado en estos hechos de manera consciente y libre.
Para terminar, los encargados de vigilar el cumplimiento de la Constitución, solicitan: “Para que sea justificado, el incumplimiento debe poder explicarse como el efecto o el resultado de factores externos que escapan a su control y a sus posibilidades de acción en un contexto específico. En este caso, la consecuencia no pude ser simplemente la pérdida de los beneficios, sino la exclusión del sistema, tal como lo señala la Corte Constitucional”.
Procuraduría alerta por crisis migratoria en San Andrés
La Procuraduría General de la Nación conoció en las últimas horas sobre el rescate, por parte de la Armada Nacional, de 55 migrantes abandonados en aguas de San Andrés por traficantes que los cooptan para llevarlos ilegalmente a costas nicaragüenses. Entre los rescatados hay 16 menores de edad.
De acuerdo con cifras de la entidad, con esta operación, el número de migrantes irregulares puestos a salvo entre 2022 y 2023 llega a la cifra de 1.102 personas. No obstante, otras 74 personas no corrieron con la misma suerte, pues continúan desaparecidas en altamar.
La Procuraduría General de la Nación manifestó nuevamente su preocupación y reiteró las advertencias realizadas a través del informe preventivo emitido el pasado 3 de octubre de 2023, en el cual se plantearon 30 recomendaciones a 13 entidades, en aras de hacer frente a esta problemática, sin que a la fecha se constaten avances de las entidades para controlar el fenómeno.