En ejercicio de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación pidió al alcalde de Ibagué, Tolima, Andrés Fabián Hurtado Barrera, implementar con carácter urgente las medidas correctivas para que en el proceso de inscripción de los beneficiarios del Programa de Protección Social al Adulto Mayor (Colombia Mayor) se dé un trato más acorde a este grupo poblacional.
La petición escrita al alcalde, y también al secretario de Desarrollo Social Comunitario, Óscar Alberto Huertas Moreno, fue realizada luego de una visita del Ministerio Público, en la cual evidenció “largas filas de personas de la tercera edad en las afueras de las instalaciones de la Alcaldía”.
De acuerdo con la información recolectada por funcionarios de la Procuraduría General, los adultos mayores aseguraron estar allí desde las 4:00 de la mañana en ayunas y sin recibir hidratación. “Además, señalaron que las instalaciones de la administración municipal cuentan con poca disponibilidad de sillas y de funcionarios para atenderlos”.
En la petición escrita, el organismo de control hizo un llamado a “obrar con especial diligencia cuando se trate de este tipo de personas, pues, en atención a sus condiciones de debilidad manifiesta, resulta imperativo aplicar criterios eminentemente protectivos a su favor, tales como agilidad, facilidad y eficiencia”.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué recordó al alcalde y al secretario de Desarrollo Social que, según los lineamientos impartidos por la Corte Constitucional, “resulta imprescindible que el Estado, en este caso representado por la Administración Municipal de Ibagué, disponga un trato preferencial para las personas mayores con el fin de propender por la igualdad efectiva en el goce de sus derechos”.
Esta actuación del Ministerio Público busca evitar la ocurrencia de situaciones que puedan afectar los derechos, “mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública y la promoción del respeto de las garantías constitucionales, en este caso particular”, de sujetos de especial protección como son los adultos mayores.
Ibagué, ciudad con más retrasos en obras de infraestructura
Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, que informe sobre el estado de ejecución de obras en instituciones educativas oficiales que utilizan recursos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), “ante la alerta que ubica a esta entidad territorial con el mayor número de proyectos sin terminar y que registran demoras, afectando a los niños y las niñas en su derecho a la educación”.
Según el seguimiento preventivo realizado por el Ministerio Público y los reportes del FFIE, en el municipio de Ibagué se encuentran 26 proyectos, de los cuales solamente diez han sido entregados, dos están en proceso de evaluación técnica, diez están en ejecución y cuatro están en etapa de inicio de obras, a la espera de recursos por parte de la Alcaldía municipal.
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer también solicitó al alcalde que informe sobre el estado de las gestiones para avanzar con los cuatro proyectos en inicio de obra, así como aquellos que están pendientes de evaluación técnica por parte de la entidad territorial.
Por último, la Procuraduría General requirió al alcalde que incluya en su respuesta el detalle de las acciones que se llevarán a cabo para intervenir en las instituciones educativas San Simón, José Joaquín Flórez Hernández - Sede Principal y José Antonio Ricaurte, en las cuales la Alcaldía ha manifestado que se encargará directamente de la ejecución, lo cual implica que no se aportarán más recursos al FFIE y que estas instituciones han sido consideradas de menor prioridad.