Los hechos de inseguridad que vienen afectando de manera considerable varias regiones del pacífico colombiano encendieron las alarmas de las autoridades a pocos meses de la realización de la COP 16, el evento de biodiversidad más importante del mundo, el cual se desarrollará en la ciudad de Cali.
El evento, que albergará a grandes figuras internacionales entre el 21 de octubre y el primero de noviembre, se encuentra en alerta máxima, en medio de la arremetida de los grupos criminales que vienen desatando el temor en zonas como Jamundí (Valle) y municipios del departamento del Cauca.
Por eso, la Procuraduría General de la Nación envió un contundente llamado al Gobierno nacional, para que entreguen un informe detallado sobre el plan de contingencia previsto para el cubrimiento de este evento y los progresos en su planeación.
Esto, teniendo en cuenta los riesgos tanto en seguridad como las amenazas por los fenómenos naturales que puedan afectar el normal desarrollo de la COP 16, por lo que se hizo un llamado general a varias entidades del Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa.
A la cartera dirigida por el ministro Iván Velásquez se le pidió remitir los avances en los cronogramas establecidos para el buen desarrollo del evento que garantice la seguridad del mismo y de las personas asistentes, tanto nacionales como extranjeros, ante la escalada de violencia de las Farc.
Por su parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Cancillería, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deberán reportar el avance del plan de trabajo, los cronogramas, detalles sobre el presupuesto proyectado y ejecutado, así como el origen de las fuentes de financiación, entre otros.
El procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, manifestó que “es importante contar con esta información, ya que se han presentado distintos eventos de alteración del orden público en municipios aledaños y es imprescindible brindar a todos los asistentes las condiciones de seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”.
Esta semana, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, estalló contra el Gobierno Petro porque, más allá de los anuncios, no se toman medidas urgentes para frenar el terrorismo. “Nos están atacando con drones, y si esperamos a que el Ministerio de Defensa actúe, quién sabe cuándo tengamos alguna solución”, dijo.
Toro está preocupada porque, desde el vecindario de Cali, las Farc le tomaron ventaja a las Fuerzas Militares y, tal como ocurre en Ucrania, están lanzando explosivos a través de drones.
SEMANA conoció que la mandataria departamental le ha insistido en varias oportunidades al Ministerio de Defensa sobre la necesidad de enfrentar la nueva estrategia de guerra de las disidencias. Y como no encuentra eco, no tuvo otra alternativa que contarle al país que no podía esperar más.
Del presupuesto del Valle, tiene listos 3.000 millones de pesos con los que contempla adquirir un inhibidor de drones o un elemento de última tecnología que les permita a las Fuerzas Militares detectar y posiblemente neutralizar algunas estructuras aéreas que contengan explosivos. El Ejército y la Policía están asesorando a la gobernadora, que no quiere perder tiempo.