La Procuraduría General puso bajo la lupa el contrato destinado a la construcción del sistema de acueducto conocido como ‘El Curval’, que atenderá tanto la zona urbana como la rural de Santa Marta. Las advertencias de posibles inconsistencias en la selección, celebración y ejecución de dicho contrato han generado preocupación para el ente de control.
El Ministerio Público ha expresado su especial atención en los diseños, estudios, planes presupuestales y pliego de condiciones del proyecto. Según la Procuraduría, estos elementos presentan “algunas falencias” que podrían ocasionar dificultades en el proceso de ejecución del contrato en el futuro.
Dentro de las observaciones realizadas por la Procuraduría, se destaca la preocupación por posibles irregularidades en el proceso licitatorio si no se aclaran ciertos puntos relacionados con la participación de proponentes.
Asimismo, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública ha advertido que “no se evidencian criterios técnicos ni financieros en ciertos requisitos planteados, como la carta de cupo de crédito, el sustento del presupuesto oficial, el análisis de alternativas contractuales, riesgos previsibles, forma de pago y posible alteración del documento tipo aplicable. De igual manera, los documentos del proceso contractual tampoco especifican cuáles son las autorizaciones, permisos y licencias necesarias para ejecutar los trabajos del sistema de acueducto”.
Estas observaciones, para la Procuraduría, adquieren una importancia significativa debido al alto valor del contrato, que asciende a la impresionante cifra de $1′642.317′567.721 destinados a la construcción del acueducto de Santa Marta.
Ante esta serie de preocupantes eventualidades, la Procuraduría ha emitido alertas con el objetivo de corregir las deficiencias identificadas en el contrato y ha requerido a la Alcaldía Distrital de Santa Marta para que brinde información detallada sobre estos puntos. La ciudadanía y las autoridades locales están atentas a las acciones que se tomarán en respuesta a las advertencias de la Procuraduría, con la esperanza de que se garantice la adecuada ejecución del proyecto de acueducto en beneficio de la comunidad de Santa Marta.
Registraduría en Santa Marta reanuda servicio tras intervención de la Procuraduría
Por otra parte, tras varios días de cierre forzado de la sede de la Registraduría Nacional en Santa Marta, debido a un ataque perpetrado por seguidores de una campaña política local, el registrador Nacional, Alexander Vega, anunció la reanudación de las operaciones en la ciudad.
“Se tomó la decisión de hacer un acompañamiento policial y con el Esmad de ambas sedes, con el fin de reactivar todas las operaciones y la atención al público, garantizando no solo la honra, la vida y la seguridad de los funcionarios, sino también la de todos los ciudadanos que acuden a la Registraduría en Santa Marta”, aseguró Vega.
La reapertura de la sede contará con un importante acompañamiento de las autoridades de la Policía, según lo confirmó el registrador Nacional. Esta medida se ha tomado con el objetivo de garantizar la integridad y seguridad tanto de los funcionarios de la Delegación Departamental del Magdalena como de la Registraduría Especial de Santa Marta, así como de los ciudadanos que visitan estas instalaciones.
Cabe recordar que la Registraduría había alertado a las autoridades competentes sobre las presuntas amenazas, intimidaciones y presiones que han recibido los funcionarios por parte de simpatizantes al movimiento político Fuerza Ciudadana, liderado por el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.