La Procuraduría General de la Nación prendió este lunes las alarmas por posibles irregularidades en los procesos de selección para cargos públicos en una convocatoria que fue hecha en año 2020.
El Ministerio Público señaló que ante esta situación puso la lupa sobre la escuela de Administración Pública, ESAP, entidad encargada de la operatividad de esas evaluaciones.
De acuerdo a la Procuraduría, la vigilancia toma relevancia, ya que son cerca de 47.000 colombianos que, “en el marco del proceso de meritocracia, aprobaron los exámenes y que, al parecer, por errores en los resultados de las calificaciones ahora se encuentran en el limbo”.
El organismo de control demandó explicaciones a la ESAP en las que se admitieron posibles fallas técnicas y administrativas, razones suficientes que llevaron a compulsar copias ante el operador disciplinario.
Igualmente, señaló que los concursantes aspiraban llenar 3.500 vacantes del Estado en 400 municipios de quinta y sexta categoría en cargos asistenciales como conductores y secretarias; y profesionales como abogados, administradores y economistas, entre otros.
Debido a esas fallas, las demandas no se hicieron esperar y en los estrados judiciales donde ya cursan cuatro tutelas de participantes reclamando sus derechos.
Así las cosas, La Procuraduría, tras exigir a la ESAP establecer un cronograma en el que se fije la publicación de la lista de elegibles en un plazo máximo a octubre de 2023, le advirtió que continuará cumpliendo con la vigilancia preventiva para que el mérito sea la regla para llegar a cargos del Estado del orden nacional y territorial.
Procuraduría profirió cargos a exalcalde Villanueva, La Guajira
De otra parte, la Procuraduría profirió pliego de cargos contra el exalcalde de Villanueva, La Guajira, Luis Alberto Baquero Daza (2016 - 2019), por presuntamente extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.
El caso está relacionado con la firma de un convenio interadministrativo por más de 9.285 millones de pesos, sin contar con la aprobación del concejo del municipio.
La Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira lo investiga porque, al parecer, el entonces alcalde no atendió un decreto municipal que establecía que la firma de convenios superiores a 70.000.000 de pesos en el caso de obras, y a 28.000.000 en el caso de contratos de suministros, requerían la aprobación del concejo.
Igualmente, el órgano de control señaló que “Baquero Daza aparentemente habría firmado el documento, que tenía como objeto la ejecución de obras de infraestructura, apoyado en un decreto que no fijaba límites en los montos”.
Sin embargo, esta norma “ya había sido derogada para la fecha en que firmó el convenio, razón por la cual aparentemente indujo al error a la entidad contratante”.
Para el Ministerio Público, el exfuncionario habría actuado con desconocimiento de sus competencias, lo que “además de reflejar un incumplimiento de sus deberes, probablemente desconoce su obligación como servidor público de buscar que se cumplan los fines del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.
Por esos hechos, la Procuraduría indicó que Baquero Daza habría vulnerado el principio de moralidad de la función pública, y calificó su aparente conducta como una falta grave cometida a título de culpa gravísima.