A finales de noviembre de 2022 se difundió un video que se viralizó por todas las redes sociales, donde quedó consignada una intolerable situación que se dio dentro del aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un funcionario de Migración Colombia tuvo una disputa con un viajero.
El accionar por parte del funcionario no fue el mejor, de modo que en el clip se mostró que el trabajador de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, un hombre llamado Jaime Alonso Sánchez, le propinó una patada al viajero e incluso trató de agredir a la persona que lo grabó.
Ante esto, los encargados de ejercer las funciones de autoridad de vigilancia, control migratorio y de extranjería del Estado colombiano, se manifestaron al respecto: “Migración Colombia rechaza el comportamiento del funcionario, que no le es permitido bajo ninguna circunstancia. Se inicia la investigación de conformidad con la Ley disciplinaria”, según una publicación del pasado 24 de noviembre de 2022.
Pues bien, entre lo más reciente, mediante un comunicado de este domingo, 5 de marzo, se dio a conocer que la Procuraduría General de la Nación “formuló pliego de cargos y prorrogó la suspensión provisional por tres meses sin derecho a remuneración, a Jaime Alonso Sánchez, funcionario de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, que habría agredido a un ciudadano en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá”.
De acuerdo con lo investigado, el pasado 24 de noviembre de 2022, el funcionario habría prestado atención al señor Juan Ramón Camarillo Peñaranda, quien pidió información sobre un trámite migratorio de ingreso al país. En ese momento, se habría dado un cruce de palabras, al parecer con el uso de groserías, las cuales condujeron a que la situación se complicara y todo terminó en una agresión física al viajero.
Es decir, el oficial de migración en ejercicio de sus funciones, “habría golpeado a Camarillo Peñaranda en su rostro y pierna izquierda”, según la Procuraduría. Asimismo, se dio a conocer que el inconsciente accionar del trabajador le provocó lesiones al pasajero, hasta el punto de que el ciudadano tuvo que ser incapacitado por cinco días.
Para obtener más recopilaciones de lo que sucedió, la misiva dice que el ente disciplinario escuchó la declaración del presunto afectado y del supervisor Ómar Hernando Roldán Cruz, entre otros testimonios, quienes corroboraron los hechos ya mencionados. De igual manera, una de las pruebas que se adjuntaron al caso fue el dictamen médico que estuvo a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Teniendo en cuenta lo establecido por el conocimiento técnico y científico, las agresiones verbales que Jaime Alonso Sánchez denunció no son sustento para que el funcionario haya actuado de la manera como lo hizo.
El entonces trabajador “estaba en el deber de guardar el decoro, usar fórmulas de arreglo conciliatorio, evitar las agresiones, respetar al usuario y, al sentirse desbordado por alguna actitud de este, alejarse de la situación en aras de evitar la confrontación”, según el dictamen.
Así las cosas, bajo las consideraciones del Ministerio Público, el funcionario sabía que este tipo de actos en contra de un usuario “era ilícito y contrario a la función pública que ejerce”. A pesar de la normativa y los saberes dados al hombre para su labor en sociedad, la investigación consignó que actuó de forma consciente y voluntaria.
En efecto, se concluyó que la conducta objeto de investigación fue calificada, de manera provisional, como falta gravísima a título de dolo, es decir, que lo hizo de manera deliberada y sabiendo las consecuencias.
Cabe recordar que, en su momento, Jaime Alonso Sánchez pidió disculpas, reconoció que la manera como actuó no fue la más propicia y aseguró que también fue víctima de malos tratos por parte de algunos viajeros.