En medio de las suspicacias que despertó entre los congresistas de varios partidos, que respaldan al presidente electo Gustavo Petro, el hecho de que la Procuraduría General esté interesada en la delimitación del páramo de Santurbán, para proteger ese importante ecosistema, la entidad del Ministerio Público envió una respuesta contundente: ‘Sí tiene competencia para intervenir en el tema’.
La respuesta de la Procuraduría va dirigida a 63 congresistas de partidos como Alianza Verde, Pacto Histórico, entre otros, que criticaron el hecho de que la Procuraduría esté pendiente de una audiencia pública que se realizará el 29 de julio en California (Santander), promovida por las autoridades ambientales nacionales del gobierno saliente, para avanzar en la tarea de establecer una delimitación en el páramo de Santurbán, que es un proveedor de agua para la central termoeléctrica de Tasajero, para acueductos de Cúcuta y su área metropolitana, y para la actividad agrícola de Santander y Norte de Santander.
Desde la perspectiva de los congresistas que se quejaron por la realización de la importante reunión, resulta curioso que se intente avanzar en una delimitación de Santurbán en un momento en que ya el gobierno del presidente Iván Duque está ad portas de cerrar su periodo administrativo. En respuesta, la Procuraduría emitió este sábado un pronunciamiento, según el cual su accionar estaría en línea con los preceptos de la sentencia T-361 de la Corte Constitucional, es decir, su labor se centra siempre en la protección del páramo de Santurbán.
Desde la perspectiva de la entidad del Ministerio Público, para la Procuraduría es de suma importancia “concertar soluciones frente a los problemas generados por la falta de delimitación de este macizo montañoso y otras situaciones que provocan afectaciones de salud entre la población santandereana”.
Hay que recordar que el páramo de Santurbán ha sido foco de conflicto, justamente por falta de la mencionada delimitación. En medio de desistimientos, ya son varias las mineras que han buscado explotar y explotar el oro que está dentro del páramo, lo que afectaría el agua de más de dos millones de habitantes, y al tiempo vulneraría la biodiversidad del complejo.
Precisamente, para la Procuraduría General ha sido ese “acompañamiento riguroso de la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional el que permitió establecer la existencia de daños ocasionados a las fuentes hídricas, recibir quejas y denuncias de una ciudadanía que ve cómo la administración local no permite que fluya un diálogo con el Gobierno nacional y convertirse en un referente en la defensa de los derechos de los habitantes de este ecosistema estratégico”, dijo la entidad en un documento con el cual responde a los congresistas que la cuestionan.
Postergan reunión
Para el Ministerio Público, “las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales de California, Santander, requieren de un proceso de articulación institucional más fuerte y una participación ciudadana más proactiva que permitan avanzar en niveles muy cercanos hacia la delimitación y hacia el proceso de formalización minera”, sostuvo en la amplia carta.
Sobre los reclamos de los parlamentarios, por la supuesta “prisa” para hacer la tarea prevista en la audiencia del 29 de julio, el Ministerio Público indicó que “es prioritario definir las áreas sujetas a procesos de formalización minera, en aras de reducir la que se realiza de manera ilegal, por lo que postergó la reunión entre comunidades y autoridades en el municipio para el 22 de agosto, de forma que el nuevo Gobierno nacional pueda involucrarse en el proceso, y la Alcaldía del municipio avance en un plan concreto de eliminación de estas actividades que utilizan mercurio y contaminan las fuentes hídricas”.
Seguirán haciendo su tarea
En la carta que dio a conocer este sábado, la Procuraduría General ratificó que, de ser pertinente, articulará a las instituciones y a la sociedad civil, en relación con iniciativas que busquen la protección del páramo, más allá de su delimitación, a través de figuras de ordenamiento ambiental del territorio, como la declaratoria de áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación.
Además, mencionó que su interés también es participar en los procesos de sustitución y reconversión productiva para los campesinos que habitan estas áreas, para quienes la ausencia de delimitación impide la realización de su derecho al desarrollo de actividades de bajo impacto conforme a la Ley de páramos.