En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación impuso sanciones significativas al exalcalde de Zipaquirá, Cundinamarca, Luis Alfonso Rodríguez Valbuena, quien ocupó el cargo entre 2016 y 2019, así como al exsecretario de Planeación Carlos Alfonso Castillo Garzón, quien ejerció sus funciones entre 2016 y 2017. Estas sanciones se derivan de múltiples irregularidades en el ejercicio de sus respectivas funciones, de acuerdo con el órgano de control.
La sanción contra el exalcalde Rodríguez Valbuena se basa en la “expedición inadecuada” del Decreto 120 de 2016, a través del cual se ajustó y modificó el Decreto 180 de 2006, que adoptó el ‘Plan parcial del suelo de expansión Algarra’ con el objetivo de expandir el barrio Algarra, uno de los barrios más costosos de Zipaquirá. Según la Procuraduría, esta modificación se realizó de “forma incompleta y dando un alcance diferente a los artículos del POT (Pan del Ordenamiento Territorial) del municipio, sin el respectivo análisis y tampoco se tomó en cuenta lo establecido en la ley 388 de 1997 y otras normas correspondientes”, determinó el Ministerio Público.
“Que el objeto de este Plan Parcial consiste en desarrollar urbanísticamente el suelo de expansión urbana del municipio, en el sector Algarra, definido como U- 07 del acuerdo 8 de 2003, prioritariamente para vivienda, con sus respectivos equipamientos y servicios públicos colectivos, dentro de un concepto de equidad y equilibrio social y territorial, implementando las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial y sus ajustes, de acuerdo con la Ley 388 de 1997, con el fin de establecer los lineamientos estructurantes para los nuevos Desarrollos Urbanísticos en la zona de expansión”, dice el Decreto 180 de 2026.
El exalcalde Rodríguez Valbuena fue sancionado con una suspensión equivalente a tres meses de salario devengado entonces, es decir, una sanción por $28.502.859.
Por su parte, el exsecretario de Planeación, Carlos Alfonso Castillo Garzón, fue sancionado con una suspensión, representada en dos meses de salario devengado equivalente a $11.520.854. La sanción se debe a la expedición de la circular 01 del 12 de diciembre de 2016, que, según la Procuraduría, tenía una finalidad distinta a la prevista en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015. Esta circular modificaba el ordenamiento territorial de una manera que no estaba respaldada por las leyes.
“(...) en la que excepcionalmente se modificaba el ordenamiento territorial, con cambios específicos en las alturas de las edificaciones, el número de cupo de estacionamientos en las áreas residenciales de las viviendas de interés social y también las áreas y lados mínimos de patio para de inmuebles de carácter residencial, residencial VIS, comercial y servicios”, detalló la Procuraduría.
El órgano de control concluyó que ambos exfuncionarios “vulneraron los principios de legalidad y moralidad pública” en el ejercicio de sus funciones administrativas. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 calificó las faltas de estos servidores públicos como graves, a título de culpa grave.
Exalcalde Luis Alfonso Rodríguez responde a la Procuraduría
Luego de conocerse que la Procuraduría General lo sancionó, el exalcalde Luis Alfonso Rodríguez respondió a los señalamientos del órgano de control. De acuerdo con el medio local Extrategia Medios, quien recogió declaraciones, al parecer, hechas vía red social, Rodríguez aseguró que “la Procuraduría hizo una interpretación errada de las normas de ordenamiento territorial de Zipaquirá”. Además, aseguró que la actuación se hizo “en cumplimiento” a lo expedido por el gobierno de su antecesor, Marco Tulio Sánchez.
“El Decreto 120 de 2016 se expidió en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 85 del Acuerdo Municipal 012 de 2013, expedido por el Concejo Municipal, en el Gobierno de Marco Tulio Sánchez. Ese acuerdo fue el Acto Administrativo que realmente modificó el POT de Zipaquirá y sus Planes Parciales, durante mi gobierno no tramitamos modificaciones al POT”, afirmó el exalcalde Rodríguez.
De acuerdo con la declaración de Rodríguez, conocida por Extrategia Medios, “ya presentamos el recurso de apelación, esperamos que en esta segunda instancia la Procuraduría corrija su interpretación y nos absuelva de la sanción equivocadamente impuesta. De no ser así, acudiremos al Consejo de Estado, como última instancia”.