El proyecto que busca reformar la política criminal y penitenciaria en Colombia ya fue radicado en el Congreso de la República. Luego de meses de que el Gobierno de Gustavo Petro diera a conocer su intención de “humanizar” los procesos carcelarios, la iniciativa fue radicada ante la Secretaría de la Cámara de Representantes por parte del ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Se trata del Proyecto de Ley 336, “por el cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas institucional y se dictan otras disposiciones”.
SEMANA, en días pasados, había revelado el contenido del texto de 44 páginas que contempla modificar las penas privativas de la libertad en determinados casos, eliminar delitos como el incesto, conceder prisión domiciliaria a condenados por crímenes de lesa humanidad y resocialización de presos.
Entre el polémico contenido de la iniciativa está la propuesta de eliminar el delito de injuria y calumnia, y deja solamente la injuria por vía de hecho, es decir, cuando se atente contra la integridad física o haya ataques verbales.
En el caso de las protestas y los hechos de vandalismo hay otras polémicas, porque se busca eliminar el concierto para delinquir de situaciones de protesta, tanto en la modalidad simple como agravada. Tampoco se contempla el terrorismo en estos casos.
Otro de los apartes del articulado que generará un profundo debate es lo referente a cambiar los requisitos de la prisión domiciliaria. Con la iniciativa se busca que, si es aprobado el proyecto, una de las condiciones para acceder a ese beneficio sea que se trate de una conducta punible que no supere los 12 años de pena. En ese sentido, se ampliaría cuatro años, ya que actualmente está estipulado el requisito para penas de menos de ocho años.
Los detenidos que presenten enfermedades graves también podrían acceder a este beneficio. En ese caso, un centro médico determinado por el Inpec deberá evaluar cuando una persona presente alguna enfermedad compleja o condición de discapacidad que no le permita al delincuente estar tras las rejas. En ese caso, el juez podrá evaluar la posibilidad de que pague su condena en detención domiciliaria.
Otro de los temas polémicos que contempla el proyecto es que elimina el delito de incesto: “Deróguese los artículos 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228 y 237 del Código Penal”, dice.
En el proyecto de humanización de las penas de Gobierno nacional también plantea una polémica reforma que fue advertida por la Procuraduría y que ahora la Fiscalía General de Francisco Barbosa rechaza con contundencia. Se trata de la posibilidad de otorgar detención domiciliaria a personas procesadas o condenadas por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Procuraduría sobre la reforma carcelaria
La Procuraduría General de la Nación, tras la radicación del proyecto de reforma, presentó diez observaciones “tendientes a la generación de soluciones que permitan resolver la crisis que se presenta en las cárceles y centros de detención transitoria del país”.
El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, entregó un decálogo: “Se sugiere al Gobierno Nacional incluir temas cruciales (…) en relación con las obligaciones de los entes territoriales en la ejecución de la política penitenciaria, los compromisos del Estado en materia de Derecho Internacional y la necesidad de recursos adicionales para el Inpec, la rama judicial y otras instituciones”.
Algo claro es que la Procuraduría no comparte que los condenados por delitos de lesa humanidad accedan a prisión domiciliaria, así como la eliminación del concierto para delinquir en situaciones de protesta.
El decálogo
- Fortalecer a las autoridades judiciales encargadas de resolver las solicitudes de prisión domiciliaria y otros subrogados.
- Incluir la línea jurisprudencial que fijó la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 122 de 2022 con respecto al estado de cosas inconstitucionales al sistema penitenciario extensivo a las estaciones de Policía.
- Dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 06 de 2018 y solicitar concepto previo al Ministerio de Hacienda sobre los recursos necesarios para implementar la reforma.
- Atender el llamado de la Corte Constitucional sobre incluir en el Plan Nacional de Desarrollo los recursos y las medidas necesarios para superar la crisis carcelaria.
- Tener en cuenta la tensión que existe entre los compromisos adquiridos internacionalmente por el Estado colombiano en la lucha contra la corrupción, crímenes internacionales y en especial protección a niños, niñas y el otorgamiento de subrogados penales a personas condenadas por estos delitos.
- Considera el ente de control que la concesión de la prisión domiciliaria a personas condenadas por elegidos como crímenes de lesa humanidad y de guerra podría reñir con el estatuto de roma y la Corte Penal Internacional.
- No se comparte la posición del Gobierno en cuanto a la prohibición de imputaciones por concierto para delinquir y terrorismo cuando los hechos se presentan en el marco de manifestaciones. La manifestación o protesta social no es delito, pero la limitación constituye una clara e injustificada injerencia en la labor del ente acusador y de los jueces, limitando el juicio razonable a la hora de realizar la subsunción de las conductas en tipos penales.
- No estamos de acuerdo con la eliminación del delito de inasistencia alimentaria, ya que no se puede ignorar el contexto social del país y sus efectos en la sociedad, este tipo penal defiende la perspectiva de género y la protección de la niñez.
- En aras de lograr que esta reforma funcione, se deben asignar nuevos medios tecnológicos y recursos para modernizar establecimientos penitenciarios y carcelarios.
- Se deben incluir medidas de fortalecimiento al Inpec para la vigilancia de la prisión domiciliaria y otras nuevas acciones a su cargo.