La Procuraduría General presentó una solicitud a la Corte Constitucional para declarar la inexequibilidad del artículo 65 de la Ley 100 de 1993. Dicho artículo establece un requisito de 1.150 semanas de cotización para que las mujeres accedan a una pensión mínima de vejez en el régimen del ahorro individual.
La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, ha argumentado en su concepto que esta norma “desconoce el principio de igualdad material, omite la protección de las personas en situación de debilidad manifiesta y la reglamentación que pretende combatir la desigualdad histórica de género”.
Además, destacó que la ley exige a las mujeres el mismo período de cotización que a los hombres, a pesar de que constitucionalmente se justifica establecer una edad de jubilación menor para las mujeres (57 años en comparación con los 62 años para los hombres), debido a la discriminación y las disparidades en el mercado laboral, aseguró.
La procuraduría señaló que, con el sistema actual, las mujeres deben cotizar más semanas por año que los hombres, lo que hace que la reducción de la edad de jubilación pierda su efectividad en numerosos casos, ya que muchas mujeres no logran acumular la cantidad de semanas requeridas por la ley.
Por lo tanto, la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional que adopte una solución similar a la que se aplicó al régimen de prima media (Colpensiones), consistente en una disminución progresiva del requisito de cotización hasta las 1.000 semanas. Esta medida tiene como objetivo garantizar los derechos de las mujeres afiliadas al régimen de ahorro individual, gestionado por AFP privadas. La solicitud de la Procuraduría busca corregir las “desigualdades” de género en el sistema de pensiones y garantizar un trato más “equitativo” para las mujeres en el acceso a la pensión mínima de vejez.
Las polémicas propuestas de la reforma pensional
La propuesta de reforma del sistema de pensiones en el país ha avanzado con una serie de cambios y ajustes en su ponencia, pero aún se mantienen preocupaciones significativas sobre ciertos aspectos. Con un total de 94 artículos, la reforma ha experimentado 16 modificaciones en comparación con su versión original aprobada en el primer debate.
Uno de los cambios más destacados es la reducción de la edad de elegibilidad de las mujeres en el pilar semicontributivo, permitiendo que accedan a esta opción a partir de los 60 años en casos en los que no cumplan con los requisitos para una pensión contributiva, incluso después de haber cotizado al sistema.
Otro ajuste relevante se refiere al incentivo adicional en el saldo del ahorro para aquellos beneficiarios de la renta vitalicia que han cotizado entre 300 y menos de 1.000 semanas, disminuyendo del 20 al 15 por ciento, lo que ha suscitado discusiones en torno a su impacto.
La reforma también busca imponer nuevas responsabilidades al Gobierno nacional en relación con el pilar de ahorro voluntario, con el objetivo de cumplir con los requisitos mínimos de cotización para obtener una pensión integral de vejez en el pilar contributivo.
En paralelo, se han otorgado nuevas facultades al Gobierno para regular las condiciones bajo las cuales las mujeres beneficiarias del pilar contributivo podrán redimir su bono a los 57 años, mientras que los hombres podrán hacerlo a los 62 años.
A pesar de estos ajustes, la reforma sigue generando preocupación entre expertos en economía y representantes de fondos privados. Una de las principales inquietudes se centra en el costo fiscal de la reforma, el cual aún no ha sido completamente revelado, lo que añade incertidumbre a su viabilidad.
Otro punto crítico se refiere a la falta de modificación en el umbral obligatorio de tres salarios mínimos mensuales para los cotizantes de Colpensiones. Esto podría tener un impacto significativo en los fondos privados, ya que quienes ganen menos de este monto estarán obligados a ingresar al sistema público, lo que plantea interrogantes sobre el funcionamiento de los fondos privados a largo plazo.