La Procuraduría General de la Nación elevó una solicitud dirigida a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, en busca de información clave sobre la participación de Colombia en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, conocida como COP28. Esta conferencia crucial se llevará a cabo en Expo City, Dubái, del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023.
El Ministerio Público ha tomado esta acción preventiva como parte de su seguimiento continuo al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Colombia en el ámbito ambiental. Para la Procuraduría, la conferencia representa una oportunidad importante para abordar cuestiones cruciales como la adaptación al cambio climático, la financiación de pérdidas y daños, el plan de mitigación y la transición energética, temas de gran relevancia para el país y el mundo en general.
En respuesta a esta solicitud, los ministros encargados deberán proporcionar información detallada sobre la posición oficial de Colombia en la COP28, incluyendo las propuestas y enfoques que el país planea presentar en la conferencia. Además, se espera que se divulguen los recursos financieros destinados para respaldar la participación de Colombia en este evento internacional, así como el número de personas que serán financiadas por el Gobierno para asistir a la conferencia, datos solicitados por la procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios. También se ha pedido información sobre los criterios utilizados para la acreditación de los delegados colombianos en la COP28.
Procuraduría advierte incumplimiento en la protección de la reserva Thomas van der Hammen
Por otro lado, pero en la misma línea de seguimiento a la protección ambiental, la Procuraduría General lanzó una advertencia en la que indicó el incumplimiento por parte de la Secretaría de Ambiente de Bogotá y diversas autoridades locales “en sus deberes y responsabilidades” relacionados con la protección y preservación de la reserva forestal del norte de Bogotá, conocida como Thomas Van Der Hammen.
Según el Ministerio Público, el acuerdo que estableció esta área como reserva forestal estipuló que el Distrito Capital y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) debían crear un comité compuesto por los alcaldes locales de Suba y Usaquén, el jefe de la Oficina Bogotá - La Calera de la CAR, y representantes de la Secretaría de Movilidad y la Policía Ambiental. El propósito de este comité era fortalecer y coordinar las actividades de comando y control dentro de la zona de reserva forestal.
Sin embargo, la Procuraduría informó que, a pesar del tiempo transcurrido, hasta la fecha, dicho comité no ha sido conformado debido a la ausencia de las diferentes entidades en las múltiples convocatorias realizadas por la CAR. Para el organismo de control, esta situación es motivo de gran preocupación, “ya que del trabajo coordinado, depende la efectiva protección, preservación y restauración de esta área de reserva tan importante”.
El Ministerio Público instó a las autoridades a tomar acciones inmediatas y pertinentes, advirtiendo que la demora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo 011 de 2011 y en la formación del Comité de Vigilancia y Control de la Reserva sugiere una falta de cumplimiento de sus deberes legales, lo que podría resultar en posibles faltas disciplinarias. Además, subrayó la falta de compromiso en la protección de los derechos colectivos relacionados con la preservación de esta reserva forestal.