La Procuraduría General solicitó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y al ministro de Relaciones Exteriores, canciller Álvaro Leyva, presentar un informe detallado sobre las acciones que el Gobierno nacional está llevando a cabo para abordar la creciente problemática ambiental que ha surgido en la frontera entre Colombia y Panamá. Esta situación se ha agravado en los últimos meses debido a la migración en la región del Darién.
En su labor de supervisión, el Ministerio Público requirió que se presente un informe que describa las medidas adoptadas para mitigar el impacto en la selva del Darién. Esto incluye las acciones proyectadas para la restauración de las áreas afectadas, teniendo en cuenta que esta región se considera uno de los puntos de mayor biodiversidad en Colombia.
Además, dada la solicitud hecha por Colombia a la Unesco para declarar el área como reserva de biosfera, se espera que los ministros informen cómo esta declaración contribuirá a la protección de la región. Esto incluye la asignación de recursos y la entidad responsable de la administración e implementación de un plan de manejo.
La Procuraduría, a través de su delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, afirmó que continuará supervisando de manera preventiva y orientada hacia la recuperación y conservación de esta región. Es importante destacar que esta área está sujeta a múltiples figuras de protección ambiental, que incluyen un parque nacional, dos distritos de manejo regional y una reserva forestal.
Procuradora pide frenar la deforestación del Amazonas
Por otra parte, pero en la misma línea de las acciones ambientales, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, subrayó la importancia de abordar la deforestación del Amazonas, describiéndola como una de las problemáticas socioambientales más complejas que enfrenta el país. Enfatizó que se requiere el compromiso de todas las entidades relacionadas con la protección ambiental, los derechos humanos y la seguridad.
Durante el cierre del curso sobre ‘Herramientas administrativas, de control y judiciales para la protección de la Amazonia colombiana’, Cabello Blanco resaltó que la deforestación está intrínsecamente relacionada con la seguridad territorial, la minería ilegal y los cultivos ilícitos que alimentan el conflicto armado. También advirtió que detener la deforestación es fundamental para garantizar los derechos humanos.
“Es una de las problemáticas socioambientales más complejas que estamos enfrentando y para la que se necesita el compromiso de todos y cada una de las entidades relacionadas no solo con la protección ambiental en Colombia, sino con los derechos humanos y la seguridad”, aseguró la procuradora.
Además, durante este evento, la jefa del Ministerio Público firmó un memorando de entendimiento con la organización Conservación Internacional con el propósito de llevar a cabo acciones conjuntas para abordar la “triple crisis planetaria” de cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad. Ambas partes se comprometieron a colaborar mutuamente y a influir en la regulación de la institucionalidad ambiental en Colombia.
La procuradora hizo un llamado a todas las entidades a trabajar en armonía, resaltando que las acciones aisladas no generan transformaciones profundas ni cambios estructurales. Destacó la importancia de la planificación coordinada y la comunicación efectiva entre las instituciones para abordar de manera integral los problemas que afectan a la sociedad colombiana, incluyendo las problemáticas ambientales.
“No me cansaré de decir que las acciones aisladas no son las que generan transformaciones profundas y cambios estructurales. Solo bajo la planificación coordinada y la comunicación efectiva entre las instituciones se logrará atacar de raíz las problemáticas que tanto afectan a la sociedad colombiana, incluyendo las problemáticas ambientales”, afirmó Cabello Blanco.
La procuradora recordó su participación, cuando era miembro de la Corte Suprema de Justicia, en la expedición de la Sentencia 4360, que reconoció a la Amazonia como sujeto de derechos y ordenó la articulación interinstitucional para su protección. Destacó el papel determinante que desempeñan los jueces en la protección efectiva de los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de Colombia.