La Procuraduría General de la Nación ha intensificado su seguimiento a las Comisarías de Familia, consideradas como la primera puerta de acceso a la justicia familiar. En este contexto, el ente de control ha requerido, al Ministerio de Justicia y a las alcaldías de todo el país, que informen sobre las acciones emprendidas para fortalecer el servicio comisarial, el cual es responsable de brindar una respuesta inmediata en términos de protección y garantía, de los derechos de las víctimas de violencia en el ámbito familiar, así como de aquellos que están en riesgo de sufrirla.
Dentro del requerimiento realizado al Ministerio de Justicia y del Derecho, en su papel de ente rector de las comisarías, la Procuraduría le solicitó el envío de un informe detallando las principales medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones específicas asignadas por la Ley 2126 de 2021, por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías de Familia. Además, requirió conocer el estado actual de registro de las Comisarías de Familia en todo el territorio nacional.
Por otro lado, el Ministerio Público ha pedido a las administraciones distritales y municipales, que indiquen las acciones concretas llevadas a cabo para fortalecer la prestación del servicio comisarial en sus respectivos territorios. Esto se basa en los informes de vigilancia y seguimiento, remitidos por el ente de control, así como en el cumplimiento de los mandatos establecidos en la Ley 2126.
De igual forma, la Procuraduría ha recordado la responsabilidad fundamental que recae sobre estas entidades en la ruta de acceso a la justicia familiar. Por eso, instó a las administraciones locales a asegurar que las Comisarías de Familia cuenten con las condiciones necesarias para prestar un servicio de calidad y digno. Esto se debe a que tienen a su cargo la atención y protección de las víctimas de violencia intrafamiliar, quienes día a día esperan una respuesta efectiva.
Requieren a la Gobernación de La Guajira por infraestructura escolar
En otra actuación de la Procuraduría General, requirió a la gobernadora de La Guajira, Diala Patricia Wilches Cortina, adelantar las acciones necesarias para garantizar el buen estado de las instalaciones físicas de varias instituciones educativas del departamento, que en algunos casos presentan riesgo de caída de una parte de sus estructuras.
En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira hizo el requerimiento, tras las protestas de padres de familia, estudiantes, docentes y de la comunidad en general que reclaman condiciones dignas para que los alumnos cuenten con espacios adecuados para sus clases.
El Ministerio Público también solicitó acciones de la administración departamental para “solucionar otras deficiencias que presentan las instituciones, relacionadas con falta de personal docente y carencia de los servicios de aseo, vigilancia, transporte escolar, agua potable, instalaciones sanitarias y pupitres suficientes para los alumnos”.
Los colegios públicos que presentan algunas de estas falencias son las Instituciones Educativas Margoth Maestre de Ariza, María Inmaculada y Gladys Bonilla, del municipio de Distracción; Técnica Agropecuaria Ismael Rodríguez Fuentes, de El Molino; Roig y Villalba, de Fonseca, y Eusebio Septimio Mari, de Manaure.
El Ministerio Público recordó en la acción preventiva que la Corte Constitucional señaló que “una educación adecuada se logra cuando los menores acceden al sistema educativo sin obstáculos y cuentan con todos los implementos necesarios para asistir a las clases”.
El órgano de control puntualizó en su requerimiento que el Estado tiene la obligación de proteger, a través de sus entidades territoriales, la vida y la integridad física de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, “sin olvidarse de su obligación de asistirlos y protegerlos integralmente”.