Después de la advertencia que hizo la Procuraduría General de la Nación sobre serias inconsistencias de 36 entidades territoriales, en los reportes de información para el seguimiento y monitoreo de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el ente de control ha decidido tomar medidas más estrictas.

Como medida preventiva, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado en las últimas horas a los alcaldes y gobernadores del país un informe detallado sobre las condiciones de sanidad y salud en la entrega de las raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), esto con el fin de velar por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El boletín fue emitido por el Ministerio Público en su cuenta de Twitter:

En el documento, el Ministerio Público aseguró que les “requirió a los 32 gobernadores y a los 64 alcaldes inscritos y municipios certificados un informe de sus obligaciones para garantizar la calidad de los alimentos servidos a los beneficiarios del PAE”.

Esta medida adoptada por la Procuraduría tiene el propósito que las entidades territoriales se anticipen a los hechos que afecten el buen funcionamiento y las garantías del programa. Además, piden que se reporten cuáles fueron las actividades de inspección, vigilancia y control al programa durante el año en curso, con el fin de revisar la atención y la prestación de este servicio, así como identificar las falencias en la ejecución del mismo.

“Los mandatarios territoriales deberán precisar el cronograma de visitas de verificación que se adelantarán en lo que resta del año 2022, indicando la fecha tentativa de su realización para coordinar el acompañamiento del Ministerio Público en estas diligencias”, dice el boletín emitido por la Procuraduría General de la Nación.

El panorama es poco alentador. De hecho, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, que es responsabilidad de las administraciones departamentales y municipales, está bajo la lupa por varias razones y hoy es un auténtico desastre que tiene al Ministerio Público preocupado. Pese a ser la alimentación de los niños, es, al mismo tiempo, el botín de los corruptos.

Las cifras son escalofriantes: más de 180.000 niños en Colombia no se están beneficiando con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), siendo el departamento de Magdalena el que más llama la atención por el incumplimiento.

Y es que, sin duda alguna, son habituales las denuncias de corrupción, literalmente se roban la plata de la comida de los niños; las quejas por la entrega de alimentos en mal estado son reiteradas, y el incumplimiento de los contratos está a la orden del día. Todo esto afecta a miles de menores del país que terminan, siendo claros, aguantando hambre.

En un nuevo auto conocido por SEMANA, la Procuraduría requirió a 29 municipios y siete departamentos del país para que revisen y ajusten la información reportada en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP que, en algunos casos, presentan anomalías en el registro de los días de atención contratados, asignación de recursos versus porcentaje de compromisos asumidos con dichos recursos y adiciones en contratos por más del 50 %.

El ente de control ya había advertido que el reporte de la información debe ser “confiable, veraz, oportuno y preciso y que el no envío de información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados por el Gobierno nacional y el haber remitido o entregado información incompleta o errónea, puede constituir un riesgo para la prestación adecuada de los servicios financiados con recursos del Sistema General de Participaciones”.