Días atrás se conoció que un grupo de familias y personas firmantes del Acuerdo de Paz que habitan en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de Meta, recibieron amenazas por parte de las disidencias de las Farc que operan en la región. Las víctimas hicieron la denuncia, esperando ayuda y respaldo de las respectivas autoridades colombianas.
Ante lo sucedido, la Procuraduría General de la Nación solicitó información a la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, sobre todas las acciones que se implementaron hasta el momento para proteger y garantizar los derechos de aquellos firmantes y participantes del acuerdo. El órgano de control pidió que se especificaran y se detallaran los caminos y herramientas que se tomaron para que las personas estuvieran a salvo.
“La Procuraduría General de la Nación requirió información a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) sobre las acciones implementadas para garantizar los derechos de los firmantes del Acuerdo de Paz”, reseñó un documento oficial de la entidad.
La Procuraduría requirió que se comentara cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo para garantizar el bienestar y el traslado de los firmantes, además de procesos para proteger las maquinarias, los enseres, los equipos y las propiedades que se utilizaron para realizar los proyectos productivos.
De igual manera, la Procuraduría General de la Nación indicó que se resaltó en la importancia de que los firmantes del Acuerdo de Paz “cuenten con el apoyo institucional y se brinden respuestas efectivas para garantizar su seguridad de manera integral”. El seguimiento por parte del órgano de control se mantiene vigente, buscando un predio que cumpla con las expectativas de las personas y su ubicación sea clara para el bienestar de todos.
“Igualmente, ha instado a estas agencias para la búsqueda e identificación de predios viables para el traslado de este colectivo y sus proyectos productivos”, dijo Zeneida López, procuradora delegada para seguimiento a los Acuerdos de Paz.
Defensoría del Pueblo rechaza amenazas en contra de 200 familias firmantes del acuerdo de paz
La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo hacia las amenazas que han sido dirigidas hacia los hombres y mujeres que firmaron el Acuerdo de Paz y se han acogido al Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) Mariana Páez en el municipio de Mesetas, en el Meta.
Unas 200 familias, entre las que se encuentran 86 mujeres cabezas de hogar y 80 niños, incluyendo personas con discapacidad y adultos mayores, han sido amenazadas con la posibilidad de ser asesinadas si no abandonan la zona en el plazo de un mes.
La Defensoría del Pueblo considera que es “urgente que sean protegidos y se mantengan de forma segura con sus proyectos de vida en sociedad”.
Ante el comunicado en el que las personas reincorporadas denunciaron que debían “abandonar la tierra que nos acogió en la transición, nuestro Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, que cariñosamente llamamos Mariana Páez”, la Defensoría del Pueblo, a través de la Regional del Meta y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, se encuentran en el territorio y buscarán la actuación de las autoridades, locales y nacionales, para la activación de los mecanismos de alerta y respuesta rápida.
De igual forma, la entidad ha ofrecido su apoyo para llevar a cabo las medidas necesarias para mitigar el riesgo que enfrentan estas personas y le ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección que refuerce las medidas de protección de esta población, proporcionando los recursos necesarios para la implementación de medidas técnicas recomendadas y atendiendo la especial vulnerabilidad de los excombatientes, con un enfoque de género y diferencial.