En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de siete meses al exalcalde de Quibdó, Chocó, Isaías Chalá Ibargüen, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para construir una unidad médica intermedia en el barrio Caraño.
El ente de control comprobó que el entonces alcalde suscribió un contrato para llevar a cabo la obra por valor de 4.945 millones de pesos, sin contar con el concepto técnico de viabilidad para la ejecución de proyectos que debió expedir el Ministerio de Salud y Protección Social.
De acuerdo con la Procuraduría, “en virtud de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual, el exmandatario debió tener un mínimo de diligencia, evaluando y analizando que por superar los 1.000 salarios mínimos legales mensuales, este proyecto del Plan Bienal de Inversión Pública requería la aprobación de la mencionada cartera ministerial”.
A juicio de la Procuraduría, aunque Chalá Ibargüen, primera autoridad municipal de Quibdó estaba legalmente facultado para celebrar contratos, debió hacerlo con observancia de las normas jurídicas aplicables a la actividad precontractual de la entidad territorial.
El Ministerio Público calificó la falta como grave a título de culpa grave, por lo que consideró una “desatención elemental de deberes, y por falta de diligencia y cuidado en los trámites previos a la celebración del referido negocio jurídico”.
Finalmente, la Procuraduría precisó que de no encontrarse desempeñando función pública, la sanción impuesta al entonces funcionario se convertirá en salarios, según lo devengado para la fecha de los hechos.
Por estos mismos hechos, en agosto del 2019, Isaías Chalá Ibargüen fue capturado faltado solo dos meses para cumplir su mandato. La Fiscalía le imputó entonces cargos por contrato sin requisitos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público.
Junto con Chalá fueron capturados también Rodolfo Nelson Córdoba, supervisor del contrato y Emir Borja Palacios, contratista. En ese momento, un juez de Quibdó le dio a Chalá el beneficio de casa por cárcel al exalcalde por supuestos motivos de salud.
La Fiscalía aseguró en su momento que las obras objeto del contrato no fueron finalizadas en el tiempo establecido y actualmente están abandonadas.