El Instituto Nacional de Vías (Invías) está llevando a cabo un plan piloto en el municipio de Palermo, Huila, para implementar el programa ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’; sin embargo, hasta el momento, el proyecto no ha mostrado resultados concretos que puedan servir como ejemplo para su aplicación en todo el país, asegura la Procuraduría General de la Nación.
La advertencia fue realizada por Gabriel del Toro, procurador delegado para la vigilancia de la Función Pública, quien ha estado monitoreando de cerca el proyecto, que tiene como objetivo mejorar la transitabilidad en más de 33 mil kilómetros de vías terciarias y “caminos ancestrales” en todo el país.
Después de una reunión con el director de Invías, Juan Alfonso Latorre, el representante del ente de control expresó sus preocupaciones en relación con la planificación, ejecución y presupuesto del proyecto.
A pesar de que se han realizado mejoras técnicas, “el programa sigue presentando inconsistencias en cuanto a contratos, incumplimientos en los requisitos y acreditación de experiencia e idoneidad de las organizaciones comunales, entre otros aspectos”, enfatizó Gabriel del Toro.
Además, se suman las preocupaciones expresadas por el Ministerio Público sobre los posibles daños ambientales que el proyecto podría causar en áreas de reserva natural y espacios forestales.
Ante estas alertas, la Procuraduría General ha realizado requerimientos al Invías en diversas mesas de trabajo para abordar el riesgo de deterioro del patrimonio si no se establecen bases sólidas, especialmente considerando que la inversión se acerca a los 8 billones de pesos.
De igual forma, el procurador delegado señaló que es fundamental definir el alcance técnico de las intervenciones del programa “para no vulnerar o empeorar el régimen de protección de la libre competencia económica y generar incentivos que afecten la calidad, eficiencia y precios de las obras en la red vial”.
Procuraduría sobre ‘Proyecto de Protección Costera’
Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado contundente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en relación con el ‘Proyecto de Protección Costera’ en Cartagena. La entidad solicitó la designación de un gerente de proyecto, asignación suficiente de recursos y la priorización necesaria para agilizar las gestiones requeridas y finalizar su ejecución.
La preocupación radica en las demoras en la toma de decisiones críticas para el proyecto, lo cual ha generado una emergencia social. Los comerciantes informales y los pescadores artesanales son los más perjudicados debido al cierre de las zonas de playa en sectores como Bocagrande. En este sentido, la Procuraduría también hizo un llamado para que se gestionen las compensaciones correspondientes a las comunidades afectadas, evitando retrasos que puedan afectar la continuidad de las obras destinadas a reducir la erosión costera.
En una mesa de seguimiento que contó con la participación de los ejecutores e interventores de la obra, la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar), los contratistas de la UNGRD, el Departamento Administrativo de Valorización Distrital, la Alcaldía de Cartagena de Indias, la Capitanía de Puerto, AIDCON, el Consejo Gremial, Cotelco y Fenalco, la Procuraduría solicitó el establecimiento de una estrategia que permita una apertura parcial en la Playa 5 con total seguridad, a fin de mitigar los riesgos sociales y solucionar la limitación de recursos que presenta el proyecto.
La entidad dejó claro que su función es facilitar y agilizar los esfuerzos en este caso, y llamó a fortalecer los espacios de seguimiento, coordinación y articulación para garantizar la entrega del ‘Proyecto de Protección Costera’, que es “de vital importancia para la ciudad y el país”, desde su función preventiva.
Por otra parte, el Ministerio Público indicó que pondrá la “lupa” sobre otros proyectos que se realizan en la costa Caribe y que podrían presentar inconvenientes.