Pocos días antes que se realice la adjudicación del nuevo contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) la Procuraduría General le envió nueve preguntas a la Secretaria de Educación Departamental sobre el proceso de licitación y las empresas interesadas en la convocatoria.
En el documento conocido por SEMANA se hace mención a la vigilancia preventiva que se le realiza al contrato, entre estos, el estado actual de la licitación para la adjudicación del PAE 2023 en el departamento de Caldas y se han presentado quejas en ocasión al citado proceso contractual.
De haber recibido observaciones presentadas por los oferentes y las respuestas a las mismas, tras remitir las mismas, además si se han presentado acciones constitucionales relacionadas con el PAE y si se ha cumplido con el cronograma de la licitación. La Secretaria de Educación deberá remitir los informes de la calificación de las propuestas.
SEMANA conoció que existe una queja ante la Procuraduría General en la que se advierte que existe un conflicto de intereses en la mencionada licitación, así como una clara intención de manipular el proceso de adjudicación del contrato por parte de un grupo de personas que ya en el pasado habrían resultado beneficiadas con el PAE, el cual estuvo marcado por graves irregularidades.
Los encargados de adjudicar el contrato para el año que comienza están siendo investigados por los errores que se habrían presentado en el convenio del 2022. A esto se le sumaría que las empresas interesadas en el proceso de licitación no cumplen los requisitos exigidos para el manejo y distribución de los alimentos a los niños y jóvenes de escasos recursos en el departamento. Incluso, una de ellas ya fue sancionada.
Entre estos se encuentran que su razón social está muy apartada de la entrega de los alimentos a los menores de edad o la administración de recursos públicos dirigidos. En la queja se advierte que en los últimos años el PAE en el departamento de Caldas pasó a ser uno de los más destacados del país a estar siempre en la lista negra por sus malos manejos, lo que ha afectado considerablemente la calidad de vida de los niños y jóvenes del departamento.
El PAE del 2022 en la mira
El pasado 5 de enero, la Procuraduría General notificó la apertura de una investigación preliminar en contra del exsecretario de educación de Caldas, Fabio Hernando Arias Orozco (actual rector de la Universidad de Caldas) y siete de los profesionales que hicieron parte del comité encargado de evaluar la licitación del contrato que tenía como objetivo “brindar complementación alimentaria del programa de alimentación escolar (PAE) para los niños, niñas y adolescentes matriculados y focalizados en el SIMAT del departamento de Caldas en el aula regular y jornada única”.
En la investigación de oficio, es decir que se abrió sin la necesidad de una queja, se busca establecer si se presentaron fallas en el proceso de licitación así como en la adjudicación del contrato. Ya el organismo de control disciplinario ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales.
Por estos hechos serán investigados Amalia Lucía Giraldo Trujillo, Carmen Andrea Soto Suárez, Alexa Andrea Arango Rodríguez, Claudia Milena Gallego Orozco, Luz Adriana Suárez Grisales, Jorge Augusto Ruiz Quiroga y Gustavo Andrés Giraldo.