El Partido Conservador dirige una cruzada contra la legalidad del aborto terapéutico, que es como se conocen las tres circunstancias en las que está permitido por la ley. Antes de comenzar la nueva legislatura esta organización anunció un proyecto de acto legislativo para prohibir la interrupción del embarazo y esta semana lo radicó en el Congreso. La iniciativa cuenta con el respaldo de 5 millones de firmas que fueron recogidas por ese partido y con las que buscan darle una mayor legitimidad al proyecto. La iniciativa ha sido motivo de controversia ideológica, pues hay quienes consideran que los conservadores buscan imponer su credo religioso, mientras que estos responden que el derecho a la vida es inviolable. En Colombia la interrupción del embarazo está permitida en tres casos, de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional expedida en 2006. Estas excepciones son: cuando haya malformación del feto, cuando la vida de la madre corra peligro o cuando el embarazo sea el producto de una violación. La periodista Luisa Fernanda López de Radio Nederland habló con Ariadna Tovar, abogada de la organización de Women´s link Worldwide que lidera la defensa de los derechos de la mujer. Tovar explicó cuáles son los riesgos a los que, en su criterio, se someterían las mujeres en caso de que se apruebe la propuesta de los conservadores. Esta es la transcripción de la entrevista: Radio Nederland: Usted ha sido una de las impulsoras de la aprobación del aborto terapéutico en Colombia. ¿Qué pasaría en caso de que se apruebe esta iniciativa que pretende revertir el derecho al aborto en los casos señalados, y que cuenta con el aval de 5 millones de firmas? Ariadna Tovar: Esta iniciativa que promueve el Partido Conservador tiene implicaciones no solo en materia de aborto sino en otros campos de la vida cotidiana. En primer lugar, y parte de nuestro desacuerdo con este proyecto es porque no protege adecuadamente la vida. Por el contrario lo que va a ocurrir es que las mujeres van a tener que acudir a servicios inseguros para poder practicarse el aborto y exponerse a morir para poder salvar su vida o proteger su salud. Asimismo, a raíz de las muertes de las mujeres que acudirán a estos servicios clandestinos van a quedar niños huérfanos. Por eso, tampoco es una iniciativa que protege la familia, como lo dice el Partido Conservador. Este tipo de iniciativas, que se han dado en otros países, también ha tenido consecuencias nefastas. Por ejemplo, para la inseminación in vitro en Costa Rica, con el argumento de que no se protege adecuadamente la vida de los embriones utilizados para estos procedimientos. R.N.: Los impulsores de la iniciativa dicen que por encima de los derechos sexuales y reproductivos está el derecho a la vida. ¿Cómo refutar ese argumento? A.T.: Como todos los derechos, ningún derecho es absoluto. Eso qué quiere decir, que cuando se toma cualquier tipo de medida o decisión, el derecho en juego tiene que ponderarse con los demás derechos. Para el caso concreto —el derecho a la vida con el derecho al aborto— la Corte Constitucional ya dijo, en 2006, que al ponderar el derecho a la vida frente al bien jurídico del feto por nacer, debe permanecer el derecho a la vida de la mujer. R.N.: Los detractores del aborto terapéutico, dicen que está comprobado que esta medida no ha ayudado a disminuir en nada las cifras del aborto clandestino en Colombia. ¿Qué les responde? A.T.: Este no puede ser un argumento. No se pueden retirar derechos con argumentos que parten de la propia culpa del Estado. Parte de la situación de ilegalidad que hay con el aborto es porque la sentencia de la Corte no se ha cumplido adecuadamente. Esto porque hay muchos obstáculos que provienen del mismo sistema de salud que exige requisitos que no están permitidos en la ley, maltratan a las mujeres durante el procedimiento, o simplemente ellas no tienen información de cómo acceder al derecho. R.N.: Pero hay otro argumento que es la objeción de conciencia a la que acuden centros de salud y hospitales para no realizar el aborto… A.T.: La objeción de conciencia mal utilizada es sin duda un problema. Creemos que el personal médico todo el derecho de acudir a la objeción de conciencia, siempre y cuando cumpla con la carga de remitir a la paciente a otro médico que no sea objetor. La objeción de conciencia institucional es un obstáculo, porque a pesar de que está prohibida por la Corte Constitucional, se sigue utilizando indebidamente. R.N.: ¿Tiene ejemplos? A.T.: En Cúcuta, en 2008, una niña de 13 años, que fue violada y que tenía derecho a una interrupción del embarazo, acudió a su EPS. La empresa la remitió a varias clínicas y hospitales que se negaron porque todo el personal era objetor. Esa objeción colectiva se tradujo en objeción institucional que utilizó indebidamente un hospital del Estado, al punto de que la niña no pudo hacerse la interrupción voluntaria del embarazo y tuvo que dar a luz con una cesárea de urgencia. R.N.: ¿Cuál es la situación del aborto en Colombia? A.T.: La sentencia que permite el aborto legal no se ha cumplido debidamente. Ha tenido muchos obstáculos y esos obstáculos no permiten que las mujeres ejerzan su derecho y las obligan a acudir a servicios inseguros. Hay un tema de ineficiencia del mismo Estado y por parte de particulares. R.N.: ¿Han pensado en una estrategia para evitar que ese proyecto de ley que penaliza el aborto prospere? A.T.: Primero que todo esperamos que el Congreso tenga en cuenta todos los estándares de derechos humanos que protegen a las mujeres y le permiten interrumpir el embarazo en los tres casos que ha señalado la Corte Constitucional. En caso de que ese proyecto sea aprobado pues acudiríamos a acciones jurídicas, tanto nacionales o internacionales si fuera el caso.