Cuando estaba en campaña presidencial Germán Vargas Lleras propuso unificar el periodo de alcaldes y gobernadores con el del presidente, como parte de su política de descentralización, ordenamiento y desarrollo. Esta idea no la pudo llevar a cabo desde la Casa de Nariño como imaginaba, pero ahora su partido la está impulsando en el Congreso para coordinar la planeación de los municipios y departamentos con el de la Nación. Esto se debe hacer por reforma constitucional porque se pretende modificar el artículo 261 de la Consitución, y por tanto su trayecto en el Capitolio será largo. Pero ya se abrió el debate. El pasado 27 de septiembre hubo una audiencia pública en la que se presentó una opción para unificar que levantó una polvareda. La propuesta plantea que el mismo día de la elección de Congreso se haga la de alcaldes y gobernadores. Pero el diablo está en los detalles. Es decir, en el artículo transitorio que dice que quienes están en los cargos en la actualidad los conserven hasta el 19 de julio de 2022. Es decir, que en el 2019 no habría elecciones. “Continuarán en sus funciones hasta el 19 de julio de 2022. Sus sucesores se elegirán en el año 2022 para el período constitucional, que iniciará el 20 de julio de ese año. En todo caso, los períodos de gobernadores y alcaldes deberán coincidir con el del Presidente de la República”, se lee en el documento. A esta propuesta no la han calificado de ‘mico’ sino de ‘orangután’, como dice el representante de la Alianza Verde Inti Asprilla. Quienes critican el proyecto aseguran que hay intereses detrás de la propuesta, justamente de quienes se quieren quedar en el poder por dos años más. Le han puesto nombre propio: el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. “No le veo más lógica que Vargas Lleras quiera mantener a Peñalosa dos años más en el poder. En Bogotá hay unos negocios muy jugosos que no han podido hacer en tres años: quién gana la licitación del metro elevado que es un esperpento, llevan tres años suspendiendo el subterráneo sin ninguna razón válida para hacer un negocio con los buses, en donde amigos de Vargas Lleras tienen intereses. En Bogotá hay negocios en donde allegados de Vargas Lleras tienen intereses poderosísimos calculados en miles de millones de dólares y el alcalde no ha podido hacerlos por su incapacidad", dijo a SEMANA el senador Gustavo Petro. Las críticas han venido incluso desde parlamentarios de Cambio Radical como Rodrigo Lara, quien aseguró que no apoya la extensión del periodo de Enrique Peñalosa. “Nos tocaría aguantarnos dos años más de malos alcaldes como Enrique Peñalosa, que pretende destrozar la carrera 7 con el Transmilenio, que no ha hecho nada en materia de movilidad (…) que tiene convertido en antros de politiquerías a varias alcaldías locales”, aseguró el senador.
Para el representante por el Polo Germán Navas Talero se trata de un asunto “inmoral” porque “de ahí a las dictaduras para perpetuar mandatarios solo hay un paso”. Sin embargo, asegura que no es solo por Peñalosa que quieren ampliar el periodo dos años, sino para los 1.101 alcaldes que hay en el país. “La propuesta es inconstitucional, porque no podemos reemplazar al elector que los eligió para cuatro años solamente”, aseguró Navas a esta revista. SEMANA consultó a la Alcaldía de Bogotá para conocer la opinión de Peñalosa al respecto, sin embargo, aseguraron que por el momento no se va a pronunciar. Sin embargo, el representante por Cambio Radical César Lorduy dijo que el proyecto de acto legislativo no tiene nombre propio, porque en el caso de que se apruebe aplica a 32 gobernadores y a 1.101 alcaldes. “Un acto legislativo no podría tener de destinatario al doctor Peñalosa, porque también se podría pensar que tuviera como destinatario al doctor Alex Char. Yo creo que hay cierto nivel de injusticia desde el punto de vista de que hay un alto porcentaje de personas que juzgan al doctor Peñalosa –a quien no conozco, jamás lo he saludado-“, dijo a SEMANA Lorduy. También se ha dicho que detrás de la ampliación del periodo de los alcaldes y gobernadores está Asociación de Ciudades Capitales, en cabeza de Luz María Zapata –la esposa de Vargas Lleras-; y la Federación Nacional de Departamentos, que participó en la audiencia pública con Marcelo Mejía Giraldo como director suplente. Sin embargo, el representante de Cambio Radical, Jaime Rodríguez, uno de los autores de la propuesta aseguró en entrevista con Blu Radio que no es así: “Ella no lo hace por ser la esposa de Germán Vargas, sino porque representa el querer de los alcaldes de las capitales. Como lo hace el doctor Gilberto Toro que representa los municipios”. Coincidencias en el fondo pero no en la forma Si bien la propuesta de ampliar el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores ha caído mal en algunos sectores, hay coincidencias en la necesidad de unificar los periodos por tres razones fundamentales: 1) Existe mayor dificultad para coordinar la planeación y el presupuesto entre los municipios y la nación por la falta de coincidencia. 2) Al unificar los periodos se elimina la obstaculización en la contratación que se da por la ley de garantías. 3) Habría mayor eficiencia administrativa en el Estado. En estos tres argumentos coincide la ponencia que presentaron varios partidos como Cambio Radical y Conservador, y la que radicó este jueves la representante por la Alianza Verde Juanita Goebertus. Sin embargo, su propuesta es distinta en la forma de llegar a la unificación precisamente que no se alargue la gestión de quienes estén en el poder.
Goebertus plantea que quienes sean elegidos en 2022 como presidente y vicepresidente tengan un periodo de cinco años que terminaría en diciembre de 2027. “En este caso se incluye una excepcionalidad que se refiere a la extensión por medio año adicional con el fin de hacer coincidir el inicio de periodo de alcaldes y gobernadores con el de presidente y vicepresidente. Esta excepcionalidad se prevé por una única vez”. La unificación de periodos entonces se daría paulatinamente así: los alcaldes y gobernadores elegidos en 2019 estarían cuatro años, es decir hasta el 2023. Y el periodo de cinco años empezaría a regir para quienes resulten electos en 2027, quienes empezarían en enero de 2028, como el presidente. El próximo martes la Comisión Primera de la Cámara debatirá el acto legislativo. La discusión va para largo y no es la primera vez que se plantea en el Congreso unificar los periodos. Y en caso en que los congresistas encuentren coincidencias podrían quitar el ‘mico’ y plantear otras vías para la unificación.