Uno de los anuncios del presidente electo Gustavo Petro que más generó aplausos en el país fue su intención de restablecer las relaciones con Venezuela, con miras a normalizar el comercio entre los dos países y activar acuerdos binacionales para atender la crisis que se vive en la frontera.

El restablecimiento pleno de las vías diplomáticas entre ambos países pondría fin a más de 9 años de ruptura y marcaría un nuevo rumbo en una relación que ha estado marcada por tensiones, frustración, pérdidas económicas de lado y lado y una crisis migratoria en la que Colombia ha tenido que asumir el costo. El anuncio de Petro generó esperanza.

Sin embargo, el restablecimiento de relaciones no podrá ser un asunto de ‘palmaditas’ en la espalda y borrón y cuenta nueva. El régimen de Maduro deberá entregar explicaciones frente a la protección que ha brindado en su territorio a los más sanguinarios cabecillas de grupos criminales colombianos, organizaciones ilegales que, según informes de inteligencia, le han servido para aferrarse al poder.

Así lo revela un extenso reportaje elaborado por SEMANA, titulado ‘Manguala contra Colombia: los secretos de la alianza entre el gobierno de Maduro, las disidencias y el ELN’, en el que se ponen en evidencia documentos secretos del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), que corroboran el apoyo de Maduro a grupos criminales colombianos.

Este contubernio ha quedado, además, al descubierto con las muertes en territorio venezolano de cabecillas de las disidencias de las Farc, como Óscar Montero, alias El Paisa; Henry Castellanos, alias Romaña, y Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich; así como el atentado que los mismos grupos disidentes ejecutaron contra Iván Márquez.

Según los informes de inteligencia, Maduro ordenó a sus tropas no atacar a estos criminales colombianos y, por el contrario, suministrarles ayuda y capacitación. También evidencia que las fuerzas armadas de Venezuela saben perfectamente donde están los delincuentes colombianos y tienen sus campamentos, a los que llaman “centros de entrenamiento”.

Lo más llamativo es que cada vez que cae algún líder de organizaciones ilegales que, según inteligencia colombiana, se refugian en Venezuela, prima una ley del silencio por parte del régimen de Maduro.

En el caso de Iván Márquez, según conoció esta revista, el régimen venezolano desató toda una cacería interna para exigir explicaciones de lo sucedido con el cabecilla de la denominada Segunda Marquetalia. Sin embargo, en público, Maduro no ha hecho algún pronunciamiento al respecto.

A juicio de analistas consultados por SEMANA, para el régimen de Maduro salir a referirse a estas muertes implicaría reconocer la presencia de disidencias de las Farc en este territorio, lo que conlleva consecuencias externas e internas.

“Como se dice popularmente, ‘explicación no pedida, culpa manifiesta’, cualquier pronunciamiento que se emita desde Venezuela implica que ese régimen admite que en su territorio hay presencia de disidencias. Esto no solo le daría la razón a Colombia, que ha insistido en la complicidad de Maduro con estas organizaciones ilegales, sino que lo meten en líos con Estados Unidos. No se puede olvidar que esos grupos viven del narcotráfico”, explicó el politólogo de la Universidad Nacional, Rodrigo Sánchez.

Tal como indicó el analista, desde hace más de dos años, Estados Unidos le abrió cargos por narcotráfico a Nicolás Maduro y a otras autoridades venezolanas.

Adicionalmente, según expuso el doctor en ciencia política y profesor de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo, esta ley del silencio también se debe a la “falta de mando que hoy tiene Maduro”.

“No hay unidad de mando del todo, especialmente en la zona de frontera. Se habla de grupos paramilitares a los que Maduro les ha delegado buena parte del poder con tal de que le garanticen cierto nivel de control y mantengan a raya a la oposición”, indicó Jaramillo.

Un restablecimiento de relaciones tendrá que pasar también por asuntos espinosos como la situación de estos grupos paramilitares que hacen presencia en la frontera. Un compromiso de acabar el contubernio con la criminalidad, algo bastante complicado para Maduro, y un acuerdo para la lucha binacional contra la ilegalidad en la frontera, sería uno de los principales pasos para tener por fin una relación armónica con Venezuela.