Este sábado 10 de septiembre, en el departamento de La Guajira, en el municipio de Uribia, el gobierno nacional realiza un conversatorio con los líderes de la comunidad wayuú, sobre la sentencia T-302 de 2017, que ordenaba “tomar medidas para frenar la muerte de los niños indígenas causada por enfermedades prevenibles”, según informó Fucaica Colombia.
En el encuentro, además de asistir los líderes principales de la comunidad indígena, también estuvo presente Catalina Velasco, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio. Quien encabeza el diálogo, es el presidente Gustavo Petro; Carolina Corcho, ministra de Salud; Alejandro Gaviria, ministro de Educación, y Luis Fernando Velasco, consejero para las regiones.
En medio de las intervenciones, José Reinaldo Velásquez, uno de los líderes indígenas, le dijo al presidente Petro: “No confiamos en el ICBF porque no nos reconocen como seres humanos”, mencionando que sucedió lo mismo con el gobierno pasado, y destacó que a los “gobernadores y alcaldes no les interesa sino la caja menor”.
“Hay sentencias que garantizan esos recursos, como la 155 T de 2015, pero hacen caso omiso, por lo que pedimos en cabeza suya [al presidente Petro], una persona cercana al diálogo social, para que llegue la justicia a nuestro territorio”, agregó.
Y destacó que han dialogado en 40 territorialidades de la comunidad wayuú; “demeritar esos espacios de diálogo, de construcción de las autoridades tradicionales, es desconocer el esfuerzo Wayuú; por eso es importante entender que este proceso desde el 2019 se viene trabajando en ese plan de acción que debe responder a los requerimientos de la corte constitucional y en esa consulta en 2020 se inicia preconsulta que dio insumos a la consulta abierta que no se ha cerrado”.
“Todo ese trabajo de hombres, mujeres, ancianos, autoridades, todo el sistema social del pueblo wayuú, para dar respuesta a esas necesidades desde la visión como pueblo indígena. No podemos seguir ocultando cuál es la realidad de esta situación, aquí no se trata de seguirle llorando al gobierno la situación que hemos venido padeciendo”, añadió.
Aquí se trata de que “el gobierno que le ofreció a Colombia la oportunidad del cambio, disponga de los recursos necesarios para dar respuesta inmediata a la problemática que vive el pueblo wayuú en La Guajira. No podemos seguir desgastándonos en esfuerzos que no dan la respuesta a esas verdaderas necesidades”, manifestó.
“Yo planteo, que en lo que se va a debatir se definan unos recursos muy claros para una serie de sentencias que coordina la presidencia, es todo el gobierno el que debe responder para que este año la gente sienta que sí hay una interpretación cabal de la Constitución y de los derechos fundamentales”, expresó Luis Fernando Velasco, consejero para las regiones.
Por su parte, el presidente Petro expresó que “indudablemente hay un problema, porque a esos recursos que han llegado, -habría que hacer la cuantificación- a estas alturas de regalías del carbón y de recursos como el gas; [saber] en qué se gastaron”.
Y dijo que “hay que hacer una evaluación desde un organismo de control, más que del gobierno, saber qué pasó en La Guajira con recursos, que incluso, la mayoría de los recursos de los departamentos nunca tuvieron. El tema fundamental es de recursos”.
Asimismo, destacó que “el agua es un determinante de la salud. No hay un modelo de salud preventiva si no hay agua potable, porque el nivel de enfermedades sería tan alto que el modelo preventivo no podría contenerlas”.
El presidente Petro resaltó que las tres prioridades son “el agua potable, la educación y el sol. El sol hoy sería una fuente de ingresos muy interesante. Habría que mirar estas tierras bañadas por el sol casi permanentemente, que pertenecen a comunidades, no sé qué nivel de reconocimiento existe jurídicamente, si hay litigios por la tierra, etcétera”.
Pero enfatizó en que “habría que mirar bien, pero si sobre un campo de estos, por ejemplo, de aquí a dónde está esa luz alumbrando, le llenamos de paneles solares, esta comunidad tendría ingresos económicos, qué no vienen del gobierno, ni el municipio, vienen de una actividad productiva que es generar energía eléctrica usando la ventaja natural que tenemos”.