Ante las recientes protestas campesinas en Meta y Guaviare contra la erradicación de cultivos ilícitos, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado este sábado a que no se acuda a las vías de hecho y se respeten los derechos de las comunidades y de la Fuerza Pública.

“La Procuraduría General de la Nación mantendrá seguimiento a los compromisos y avances que se desprendan de los espacios de acercamiento, para garantizar que se concreten acciones puntuales donde prevalezca el respeto a la vida de las campesinas y los campesinos de los departamentos de Meta y Guaviare, en donde avanzan estas fases de erradicación de cultivos ilícitos por parte de la Fuerza Pública”, señaló el ministerio público en una breve comunicación.

Y es que no es para menos. Sin duda alguna, la situación en este momento es de mucha tensión. Por un lado, hubo una especie cerco humanitario contra un grupo de militares que están en la zona y cuya labor es vigilar las labores de erradicación.

Estas protestas son lideradas por la denominada Guardia Ambiental y Campesina de la Región del Río Guayabero y varios grupos sociales del Meta, Guaviare y Caquetá pertenecientes a la Coordinadora COSCOPAAS. El objetivo es protestar ante supuestos incumplimientos del Gobierno, pero de manera pacífica.

“La fuerza pública no ha cumplido con lo acordado, siguen los atropellos y las violaciones a los derechos humanos, continúan las erradicaciones, haciendo quemas de viviendas y además hombres encapuchados vestidos de negro que no se identifican, están amedrentando y causando zozobra en la población civil”, señalaron en un reciente comunicado algunas de estas organizaciones.

El panorama de los cultivos ilícitos en Colombia

SEMANA había revelado hace varios días, en primicia, los detalles del nuevo informe que dio a conocer recientemente el Ministerio de Justicia y la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en materia de cultivos ilícitos en 2021.

El documento es revelador porque Colombia llega a la cifra más alta de aumento de cultivos en su historia, basados en las cifras del año anterior (2021) con un crecimiento superior al 43%, en parte, señala el informe, impulsado por decisiones judiciales en temas como la erradicación manual y otros.

Las regiones más afectadas por el aumento son: Nariño, Norte de Santander, Antioquia y Putumayo. En total, dicho aumento representa un total de más de 204.000 hectáreas. La cifra es aterradora y refleja los pocos avances en la lucha contra los cultivos de uso ilícito, porque al comparar, por ejemplo, con 2012, eran 48.000 hectáreas totales que había en el país.

Cabe recordar que el presidente Iván Duque recibió 230 mil hectáreas del Gobierno Santos que fue cuando Colombia vivió cifras significativas de cultivos ilícitos por cuenta del acuerdo de paz de La Habana.

El potencial de producción nacional es de 1.400 toneladas de clorhidrato de cocaína que mantiene con tendencia al incremento, una situación que viene consolidándose desde 2014, confirmó Candice Welsh, directora regional de la UNODC para la región andina.

Ya el 25 de agosto, Petro había dicho que “suspender la fumigación aérea para cultivos ilícitos no es permiso para sembrar más plantas de coca. Hay que implementar de inmediato el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), adicionado con sustitución de tierras, y proyectos de agroindustrialización de cultivos lícitos en propiedad del campesinado”.