Las imágenes que se hicieron virales durante la madrugada del jueves, en las que se observa a dos patrulleros de la Policía Nacional inmovilizando con una pistola Taser al abogado y taxista Javier Ordóñez, quien horas después falleció, constituyen un nuevo caso de uso excesivo de fuerza en un procedimiento policial. Solo unos meses atrás, en noviembre de 2019, Dilan Cruz, un joven que participaba en una jornada de protesta, resultó impactado por un artefacto accionado por el Esmad y también murió por ese disparo.
Estos hechos, con razón, indignaron a la ciudadanía y provocaron un necesario debate sobre las causas de los abusos y las necesarias reformas por promover en la Policía para prevenir estos actos.
Pero más allá de los sucesos lamentables y condenables en los que resultaron muertos estos dos jóvenes en Bogotá en los últimos meses, también debe ser condenada con la mayor contundencia la respuesta desatada por grupos anárquicos de vándalos que atacaron a la Policía y destruyeron numerosos equipamientos de la ciudad.
En la tarde del viernes, después de dos días de caos, el balance oficial mostraba la dimensión de lo ocurrido en la capital. Hechos que por el nivel de violencia, destrucción y víctimas hicieron inevitable recordar el Bogotazo de 1948 cuando parte del centro de la ciudad fue destruido tras la muerte del caudillo Jorge Eliécer Gaitán. En esta oportunidad, once personas murieron en las dos jornadas de protesta, más de 200 civiles resultaron heridos, varios de ellos con armas de fuego; 194 policías terminaron con graves lesiones; 54 de los 146 CAI de la capital fueron destruidos, al igual que seis estaciones de Policía.
También, destrozaron 33 buses de TransMilenio, de los cuales incineraron ocho, y lo mismo ocurrió con 44 buses del SITP, con cinco quemados. Quedaron destruidas 25 motos y 22 carros de la Policía. La jornada de caos se extendió a otras ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, pero Bogotá sufrió los peores daños.
Cualquier intento de reforma de la Policía debe partir de un análisis sereno de las causas estructurales que pueden llevar a estos abusos. Temas como los procesos de selección de los perfiles de los hombres y mujeres que ingresan a la Fuerza tienen que ser parte fundamental de cualquier diagnóstico riguroso. Asimismo, los programas de formación deben ir más allá de los protocolos para procedimientos policiales, con un especial énfasis en el servicio al ciudadano y en derechos humanos. Además, es necesario considerar los asuntos relativos a presupuesto, pie de fuerza y turnos de trabajo, entre otros.
Lo cierto del caso es que los actos de vandalismo y violencia observados en los últimos días en nada ayudan a promover la reforma que necesita la Policía Nacional. Por el contrario, polarizan la discusión y la llevan a un ámbito exclusivamente político, del que no van a salir las soluciones requeridas.
Estas son algunas de las razones que ayudan a explicar cómo se llegó a este punto, y contribuyen a plantear temas cruciales que debería abordar cualquier reforma a la Policía.
1. Brutalidad policial
Los videos dados a conocer del excesivo uso de fuerza y el mal manejo de un arma, que en principio y bien utilizada es no letal, como la Taser, claramente denotan fallas en un procedimiento policial que debería ser rutinario. Pero conllevaron a lo que se podría configurar inicialmente como un homicidio cometido por los dos policías que participaron en el procedimiento.
Sin embargo, en la mañana del viernes esa grave situación de abuso policial empeoró cuando se conocieron preliminarmente las causas de la muerte de Ordóñez. A este, después de aplicarle las descargas eléctricas, lo trasladaron a un CAI, donde le habrían propinado una brutal golpiza, causante de su muerte, con objetos contundentes en varias partes del cuerpo, entre ellas, el cráneo.
Estos últimos hechos conocidos constituyen a todas luces un homicidio doloso con premeditación.
No existe una fuente única de información que haga un conteo exhaustivo de los casos de excesivo uso de fuerza policial. Pero la percepción generalizada es que los casos han venido en aumento y que, de no tomar prontamente los correctivos necesarios, pueden desembocar en una pérdida aún más grave de legitimidad de la institución policial.
La reacción inicial por parte de la Policía resultó claramente insuficiente. En vez de mostrar preocupación y empatía por las víctimas de los últimos hechos de violencia, se limitó a decir unas frases de cajón, según las cuales adelantarían las investigaciones pertinentes para establecer lo ocurrido.
Ante hechos tan graves, estas declaraciones generaron una mayor indignación. Muchos cuestionamientos se habría ahorrado la Policía Nacional si en sus primeros anuncios hubiese reconocido la gravedad de lo ocurrido y mostrado solidaridad con la víctima y sus familiares. Esto solo vino a suceder dos días después cuando el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió perdón públicamente en nombre de la Policía por el crimen de Ordóñez.
Por otra parte, no se puede dejar de lado que las medidas excesivamente prohibicionistas creadas para contener la expansión de la covid-19 llevaron a un Estado excesivamente policivo. Y la carga, sobre todo de los errores, ha recaído en forma desproporcionada sobre la Policía, la institución encargada de hacer cumplir estas medidas, y no sobre quienes las impusieron, el Gobierno nacional y los Gobiernos locales.
La Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, no acompañó de manera satisfactoria, con intervenciones pedagógicas de cultura ciudadana, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias para contener la propagación del virus, como el uso del tapabocas, el aislamiento y la prohibición de aglomeraciones. Y la Policía terminó encargada de hacer cumplir algunas normas que no le correspondían, sin tener las herramientas necesarias para hacerlo.
Esto, a juicio de varios analistas y opinadores, llevó a abusos de autoridad y casos de corrupción en algunos procedimientos policiales.
2. Indignación ciudadana
Indudablemente, es indignante ver el video del procedimiento policial en el que dos patrulleros ejercen lo que a todas luces es un uso excesivo de la fuerza, con descargas eléctricas indiscriminadas cuando Javier Ordóñez ya se encontraba reducido y en estado de indefensión.
La similitud con el caso de George Floyd, ocurrido hace pocas semanas en Estados Unidos, es inevitable. Este tema ya ha sucedido en otros países: en Estados Unidos y en Francia, el manejo que la Policía les dio a jóvenes inmigrantes de los barrios de la periferia ha producido ideas antiestablecimiento y antiautoridad.
Estos sentimientos, con justificadas razones, se han exacerbado por el abuso de la fuerza policial, pero también por el uso a veces irresponsable de las redes sociales. Algunos líderes políticos oportunistas, intentando pescar en río revuelto, tratan de capitalizar la indignación ciudadana al promover e incitar de manera imprudente manifestaciones violentas a todas luces injustificadas.
Es el caso del senador Gustavo Petro, quien desde su cuenta de Twitter narró en tono casi de celebración los hechos de violencia de la noche del miércoles en Bogotá. Este tipo de liderazgos políticos no hacen más que exacerbar el odio al promover una lucha de clases y antiestablecimiento en la que el senador y excandidato presidencial es claramente un experto.
3. Falta de liderazgo en la Policía
La Policía reaccionó de una manera insuficiente, no mostró empatía y le faltó una condena contundente ante la evidencia del exceso de uso de fuerza de los agentes involucrados.
La dirección manejó mal la crisis en su etapa inicial, se notaron descoordinación, fallas en el mando y control, y en la comunicación asertiva y empática con la víctima del abuso y sus familiares. Todos ellos, elementos indispensables en momentos como los de esta semana.
Más allá, hay un tema más profundo. Es un secreto a voces que existen fallas graves de liderazgo del director de la Policía, general Óscar Atehortúa, quien en los momentos difíciles de la institución brilla por su ausencia, como ocurrió con la muerte de Ordóñez. Un día antes apareció en varios medios de comunicación diciendo que padecía covid-19, que era asintomático y que seguía al frente de la institución.
Al día siguiente, cuando estalló la crisis, nunca apareció. El general ha enfocado sus esfuerzos, más que en comandar su institución, en defenderse del proceso penal y el juicio disciplinario que enfrenta desde hace varios meses por su presunta responsabilidad en actos de corrupción.
Atehortúa desarrolló la mayor parte de su carrera en áreas administrativas y su llegada a la dirección sorprendió a algunos por su falta de experiencia. Hasta entonces, solo había estado al mando de una unidad como comandante del departamento de Córdoba, de donde salió relevado a los pocos meses por sus malos resultados.
Tampoco tiene conocimiento en aspectos clave como seguridad ciudadana, operaciones o inteligencia. El enfrentamiento público que sostiene desde hace meses con el inspector de esa institución, general René Salamanca, provocó un espectáculo público bochornoso. Y causó graves efectos prácticos en la Policía al causar una fractura en el mando, que se traduce en la falta de toma de decisiones hacia los subalternos.
Esa ausencia de liderazgo se ve reflejada en una incapacidad de mando y control en los niveles medios y bajos de la pirámide, y en la desmotivación y descontrol de algunas unidades.
Condenar unos hechos de evidente abuso policial, desvincular rápidamente a los agentes involucrados y facilitar las investigaciones era lo correcto ante una crisis como la de esta semana. Además, habría denotado el liderazgo necesario para enviar a la Policía y a la ciudadanía el mensaje de que estos hechos son intolerables y que la institución no cubrirá a los responsables.
El peor enemigo de la Policía no está en los actos vandálicos o en los mensajes de redes sociales contra la institución. Está en los abusos y exceso de uso de fuerza en algunos procedimientos, hechos que no solo minan la legitimidad, sino que les dan el combustible necesario a los líderes políticos que pretenden acabar con la Policía.
Por eso, la dirección debe reconocer estos hechos, ponerse del lado de los ciudadanos y tomar las medidas necesarias prontamente para que los responsables respondan ante la justicia por los hechos criminales cometidos.
4. Falta pie de fuerza
El déficit de pie de fuerza de la Policía Metropolitana de Bogotá ha sido ampliamente documentado. El número de efectivos en la ciudad ha estado en un rango de entre 17.000 y 18.000, lo que lleva a una tasa de aproximadamente 240 por 100.000 habitantes, la más baja de las 17 policías metropolitanas del país.
En efecto, la tasa promedio en las 17 metropolitanas es superior a los 350 policías por 100.000 habitantes, y existen algunas como Bucaramanga, Tunja, Popayán y Pereira que tienen más de 500 policías por 100.000 habitantes. Pero en Bogotá esta tasa alcanza apenas menos de la mitad.
Eso se evidencia en cargas excesivas que pueden llevar a que los patrulleros trabajen sometidos a niveles de estrés que en nada los ayuda a cumplir su labor adecuadamente.
A estas cifras se suma un reciente fallo del Consejo de Estado que permitió la jubilación temprana de más de 14.000 policías, muchos de ellos con amplia experiencia y conocimiento.
Adicionalmente, agravan aún más la situación los grandes eventos, como conciertos, partidos de fútbol, marchas, protestas y manifestaciones, que se concentran desproporcionadamente en Bogotá y requieren un gran número de unidades de policía.
Por mucho que se trabaje en los procesos de incorporación, en los programas de capacitación y en el cumplimiento de protocolos de intervención respetuosos de los derechos humanos, nada funcionará si el déficit de pie de fuerza no es resuelto.
A este panorama inquietante también se suma que la Policía Metropolitana sufre de falta de liderazgo, al igual que la dirección general, lo cual se traduce en órdenes confusas o, peor aún, en la ausencia de una línea de mando que imparta instrucciones claras y contundentes a los policías de la capital.
5. Reclutamiento de policías
Relacionado con el punto anterior, los procesos de incorporación de nuevos policías se han hecho cada vez más difíciles. Todo ello a pesar de que, comparativamente con otros países de la región, hay que reconocer que los salarios iniciales no son bajos y los beneficios extrasalariales son significativos.
Esta dificultad puede haber bajado la vara mínima exigida en los perfiles y requisitos, y valdría la pena revisar a fondo esas condiciones. Esto seguramente implicará examinar el presupuesto de la Policía, que se ha reducido en los últimos años y que redunda en menos capacidades para confrontar los problemas de convivencia y seguridad ciudadana.
6. El brazo de los criminales y anarquistas organizados
Los hechos observados de violencia y vandalismo en los últimos días muestran una vez más que detrás de estos actos hay estructuras organizadas que convocan protestas violentas. Lo hacen al enviar mensajes directos para incitar y atacar a la Policía y destruir la infraestructura pública.
El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, ya reconoció el posible papel de células urbanas del ELN y de disidencias de las Farc. Estos aprovechan el inconformismo e indignación ciudadana para generar caos, zozobra y anarquía.
Algunos perfiles de redes sociales ya identificados muestran explícitamente convocatorias para atacar a la Policía, mediante siglas copiadas de otros países y contextos, como ACAB (All Cops Are Bastards–Todos los policías son bastardos), claramente una incitación a la violencia que en nada contribuye a la solución del problema de fondo: el excesivo uso de fuerza en algunos procedimientos policiales.
La combinación de células urbanas de organizaciones criminales y grupos anarquistas que responden a líderes políticos que se benefician del caos, amplificados por la caja de resonancia de las redes sociales, se convierte en un caldo de cultivo para un espiral de violencia que hay que desactivar de manera temprana, antes de que se den patrones de contagio que resulten en más violencia, saqueos y destrucción.
Por supuesto, se debe condenar contundentemente la muerte de Javier Ordóñez y las de los jóvenes, ocurridas esta semana en el marco de las protestas, y pedir pronto un esclarecimiento de estos hechos. Pero las autoridades también deben investigar y esclarecer la instigación a la violencia contra la Policía y al vandalismo contra la infraestructura pública y privada de la ciudad, y judicializar a los responsables.
7. Fractura entre la Policía y el gobierno distrital
No solo los hechos ocurridos esta semana muestran una fractura entre la Policía y la Alcaldía de Bogotá. Ha sido evidente desde el principio de su periodo la animadversión que ha mostrado la alcaldesa Claudia López contra la Policía. Y la consecuente ausencia de trabajo en equipo y articulado de la Alcaldía y la Policía Metropolitana.
Diferencias y controversias siempre habrá, pero, en principio, hay que intentar resolver estos problemas a puerta cerrada, y no en redes sociales o declaraciones públicas que fracturan aún más el trabajo coordinado, tan necesario entre las autoridades locales y la Policía Metropolitana para resolver los problemas de convivencia y seguridad ciudadana.
En ningún momento esto significa un llamado a ser condescendiente o a encubrir casos de abusos policiales. Al contrario, que a través de un trabajo coordinado resuelvan estos graves problemas y le envíen a la ciudadanía un mensaje de unidad y trabajo en equipo. Todo para que la gente sienta que hay alguien al mando, coordinando con la Policía Metropolitana, la Fiscalía y la Brigada XIII del Ejército las acciones requeridas para confrontar los problemas de seguridad de la ciudad.
8. Distancia entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional
Infortunadamente, la fractura observada en los primeros nueve meses de la alcaldía de López no se limita a la relación con la Policía. Con la pandemia y las medidas de confinamiento, se ha extendido a una tensión permanente con el Gobierno nacional.
La gran mayoría de los secretarios distritales tratan a diario de coordinar acciones con el Gobierno, la Policía, los gremios y empresarios, entre otros, para resolver los problemas que se presentan. Pero las continuas declaraciones públicas de la alcaldesa Claudia López contra el Gobierno, los comerciantes, la Policía, etcétera, no contribuyen a generar un clima propicio para coordinar actividades de manera unificada.
El viernes, como no se veía desde hace meses, la alcaldesa se reunió con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, en un hecho sin duda positivo. Lo que la ciudad espera, en un momento tan complejo como el actual, es que ese sea el comienzo de una nueva era en las relaciones institucionales.
9. El inconformismo de los jóvenes
A finales del año pasado, nació en el país un movimiento inédito de protesta social pacífica, que tiene en los jóvenes de clase media a sus mayores representantes. En medio del vandalismo, no hay que desconocer que miles de ellos han salido a marchar de forma tranquila y creativa contra el Gobierno, pues consideran que las instituciones no están haciendo lo suficiente para responder a sus demandas. Además, en los recientes disturbios han llevado la peor parte, ya que son la mayoría de las víctimas mortales. Y la pandemia terminó por agravar aún más el problema que más golpea a esta población: el desempleo.
Los alarmantes niveles de desocupación del país que ha divulgado el Dane en los últimos meses afectan principalmente a los jóvenes y a las mujeres. La entidad calcula que la tasa de desempleo juvenil llega al 23 por ciento y que 1,4 millones de jóvenes esperan una oportunidad laboral.
Antes de la pandemia, el Gobierno Duque intentó sacar adelante la llamada conversación nacional para brindar soluciones efectivas. Pero con la covid-19 y el confinamiento, las soluciones quedaron postergadas y los problemas se agravaron.
Los jóvenes reclaman, asimismo, un cambio de fondo en la actitud del presidente y sus ministros, a quienes ven lejanos y fríos a la hora de entender sus principales preocupaciones en materia educativa y laboral.