En el Congreso se inició la discusión de un proyecto de la Procuraduría, con mensaje de urgencia del Gobierno, que pretende modificar el Código General Disciplinario a raíz de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos en el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. La instancia internacional ha dicho que un órgano como la Procuraduría no puede destituir ni inhabilitar a los funcionarios elegidos por el voto popular.

En su momento, el procurador Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó a Petro por el caos de las basuras en la capital del país. Petro acudió a la Corte Interamericana, quien falló a su favor y le pidió al Estado colombiano revisar las competencias de la Procuraduría.

La procuradora Margarita Cabello ha explicado que se habilitará la doble instancia y la doble conformidad en los procesos.

La iniciativa no ha estado exenta de polémica. Este martes arrancó su discusión en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, y además del rechazo que genera el articulado del proyecto en la oposición, también se presentó una disputa.

La senadora Angélica Lozano le reclamó a la procuradora por las investigaciones contra algunos congresistas, entre ellos Alexánder López, a quien se le abrió una investigación disciplinaria por presuntamente impedir un procedimiento policial en medio del paro. López también hizo el reclamo en medio de la sesión, ya que se tuvo que declarar impedido de participar en la discusión del proyecto.

Este miércoles será la votación en estas mismas comisiones, y si es aprobado se espera que la próxima semana pueda ser discutido en plenarias para su pronta aprobación. Más allá de los reclamos de la oposición, la discusión del articulado ha despertado otro gran debate.

El senador Roy Barreras asegura que es inconstitucional y que se caerá en la Corte. “Alerto: Las mayorías gobiernistas aprobarán proyecto de ley que incumple fallo de CIDH que protegió derecho de Gustavo Petro. Darán funciones de juez a la Procuraduría para que pueda destituir alcaldes, gobernadores, senadores y aumentarán su burocracia con ese fin”, aseguró Barreras.

La procuradora Margarita Cabello ha defendido su propuesta. Asegura que por el contrario a los reclamos de la oposición, el proyecto pretende hacer el ajuste solicitado por la Corte IDH, entre otras modificaciones. “Pretende reformar el Código General Disciplinario y adecuar su normatividad a los estándares de la Corte IDH. En 189 años de historia, la Procuraduría, como órgano de control independiente y autónomo, ha estado vinculada con la defensa de los intereses de la sociedad frente a los flagelos de la corrupción, la impunidad y el desconocimiento de los derechos fundamentales”, aseguró la procuradora.

Así mismo, dijo que el proyecto reforzará esas funciones y se fortalecerán las garantías ciudadanas, entre ellas de las personas vinculadas a los procesos disciplinarios. “Atenderemos en esta oportunidad los designios contenidos en el bloque de constitucionalidad, en las decisiones proferidas por la Corte IDH, especialmente la del 8 de julio de 2020, fortaleciendo las garantías de los sujetos disciplinables de los servidores públicos de elección popular”, aseguró Cabello.

Otros congresistas de la bancada del Gobierno tuvieron otras posiciones sobre el proyecto. La senadora Paloma Valencia dijo que tiene aspectos positivos, pero también hizo algunos reparos. “Aquí uno está oyendo más o menos que están montando una Procuraduría para acabar con la oposición. No hay tal ni hay por qué aceptar que se hagan unos comentarios”, cuestionó la senadora del Centro Democrático.

También señaló que cualquier funcionario público no está exento de que se les abran procesos disciplinarios cuando los ciudadanos presentan quejas. Sobre el proyecto puntualmente comentó que desde hace tiempo viene insistiendo en que los entes de control regionales deberían suprimirse. “Creemos que no cumplen las misiones. Los sistemas de control para la corrupción debieran ser distintos para poder lograr una verdadera lucha contra la corrupción”, aseguró Valencia.

El debate está al rojo vivo en medio de la situación que vive el país. Este miércoles continuará el debate y los congresistas deberán decidir si lo avalan o qué ajustes hacen. Por ejemplo, un reclamo común de todos los sectores es con respecto a los nuevos cargos o presupuesto que se pueda asignar a la entidad a través del proyecto.

La procuradora Cabello dijo sobre este punto que se tendrán en cuenta estas opiniones con el fin de saber si en medio de la restructuración que se pretenden se requiere de nuevos cargos, y que de ser necesario será a través de concurso de méritos.