Uno de los delitos que más afecta a los bogotanos es el hurto a personas. De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en 2019 este flagelo se incrementó 19 por ciento en comparación con el 2018. Además, según la última encuesta de Bogotá cómo vamos los usuarios se sienten inconformes con TransMilenio, entre otras cosas, porque es un sistema en el que constantemente son víctimas de atracos y cosquilleo. Para tratar de aliviar un poco esta situación, la concejala Marisol Gómez, del movimiento Bogotá para la gente, propuso que los cabildantes cedieran los dos policías y las dos motocicletas que le asignan a cada concejal para cuidar de su seguridad. Si todos aceptaran, serían cerca de 90 uniformados los que podrían atender otras necesidades de los ciudadanos. También estarían disponibles otras 90 motocicletas. Gómez le dijo a SEMANA que la idea es que la Unidad Nacional de Protección (UNP) sea la que, después de un estudio riguroso, determine el riesgo de los concejales y conforme a esto establezca las medidas necesarias. “Yo sí les pediría a los colegas que puedan que se unan a esta iniciativa para poder aportar ese grano de arena a la ciudad”, dijo ella. La cabildante también recordó que en el decreto presidencial 1066 del 2015 se establece quiénes necesita un esquema de seguridad y allí no están los concejales. También dijo que para los días en que se realicen visitas en barrios inseguros ahí sí se podría pedir acompañamiento policial, pero esto se trataría de algo eventual, no de la regla general.
La concejala de la Colombia Humana, Ana Teresa Bernal, está de acuerdo en que debe ser la UNP la que determine las medidas de protección. Sin embargo, ella, quien ha sido amenazada en varias oportunidades por ser defensora de derechos humanos, considera que el tema de la seguridad de los concejales no se puede manejar a través de un proyecto de acuerdo. “Nosotros tenemos una vulnerabilidad porque denunciamos corrupción, estamos pendientes del presupuesto y también tenemos un pasado político que en algunos casos nos pone en riesgo”, afirmó. Considera que es cierto que no es necesario que un concejal tenga dos policías y dos motocicletas per se, pero que esto lo determinen las autoridades competentes. Para la concejala de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, la iniciativa de Marisol Gómez no es novedosa y el inconveniente que le ve es que no representa un impacto real en la seguridad de la capital. “Es algo que ya se viene haciendo desde hace tiempo. Yo no he tenido policías, Jorge Torres tampoco, Juan Carlos Flórez nunca los aceptó durante los años que fue concejal”. Andrés Forero, del Centro Democrático, piensa algo similar. Agrega que a través de un proyecto de acuerdo no se puede definir el destino de los uniformados, sino que eso depende de lo que decida la Policía. “Me parece una idea interesante. El problema es cómo se materializa. Si bien no resuelve el problema de seguridad de la ciudad, 90 uniformados no son nada despreciables… yo he cedido a los policías que me han asignado, pero no pude decidir sobre si se iban a TransMilenio u otro lado porque eso lo definen otras autoridades”. "Solo en Bogotá el año pasado en un convenio entre la secretaría de Hacienda y la UNP la ciudad invirtió 5.100 millones de pesos" Tanto Bastidas como Forero coinciden en que hay otras alternativas que pueden ser más eficaces para la seguridad. Una de ellas es aumentar de forma significativa el pie de fuerza. Cuando el presidente Iván Duque se posesionó otorgó 1.000 policías y 500 auxiliares al cuerpo de Bogotá, pero aún así, en la capital siguen faltando 10.500 uniformados y otras 2.000 motocicletas. Una ciudad como Londres tiene un promedio de 3.750 policías por cada 100.000 habitantes. Bogotá, con 18.000 uniformados, tiene 221 para la misma cantidad. Pero si se compara a la capital colombiana con otras ciudades del propio territorio nacional la desproporción también es muy notoria. En municipios como Bucaramanga, Tunja o Popayán tienen en promedio 600 policías por cada 100.000 habitantes. Es decir, la capital cuenta con poco menos de la tercera parte de las ciudades intermedias.
Otro elemento que señalan los concejales es que es necesario construir más cárceles, y hacer una reforma a la justicia para evitar la reincidencia. En algunos operativos que se han hecho en la ciudad se han encontrado casos de reincidencia hasta de nueve veces. También aseguran que es importante seguir trabajando en inteligencia y en el uso de tecnologías para combatir el crimen. Hay quienes difieren de las posturas de Bastidas y de Forero. El experto en seguridad Daniel Rico asegura que la iniciativa de Marisol Gómez abre la puerta para debatir sobre los excesos en seguridad de algunos funcionarios: “Se utiliza cinco veces más de lo establecido por norma en personal de apoyo, seguridad y transporte de los militares y policías y militares. En otras esferas muchos políticos piden camionetas 2020 que no necesitan. Hay que revisar también por qué algunas personas que aparentemente no tienen riesgos, terminan con un esquema de seguridad tan sofisticado”. Rico también destaca que si esta iniciativa se llevara al Congreso, a embajadas y otras entidades del gobierno, sería mucho el dinero que se ahorraría.
En lo anterior coincide el representante de Bogotá del Polo David Racero. Considera que 90 policías pueden no representar mucho para todo el sistema TransMilenio, pero sí para algunas estaciones problemáticas, “lo cual no es nada despreciable”. También asegura que el debate no debe quedarse únicamente en los concejales, sino que debe extenderse a otras esferas del poder, como el Congreso, por ejemplo. “Mientras que se le da seguridad a gente que no lo necesita, por lo menos el 80 por ciento del Congreso, hay una lista de líderes sociales que los están matando y lo que les dan es un chaleco, un celular y un botón de pánico. Eso es una infamia”, dijo Racero. Por esa misma razón también radicó una solicitud de investigación ante la Procuraduría y ante la Contraloría sobre cómo se están otorgando esos esquemas de seguridad. El representante agregó que solo en Bogotá el año pasado en un convenio entre la secretaría de Hacienda y la UNP la ciudad invirtió 5.100 millones de pesos, “una suma tampoco nada despreciable y que se podría invertir en otras cosas”. El proyecto de acuerdo de Marisol Gómez acaba de ser radicado en el Concejo de Bogotá y la polémica alrededor del tema apenas empieza.