Desde Riohacha, Guajira, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, presentó un panorama desolador de lo que encontró durante meses de investigación.
En total son 30 hallazgos fiscales por $ 132.025 millones de pesos en proyectos de regalías auditados el año pasado. El 95 % de esa suma fue declarado de Impacto Nacional.
Del total de hallazgos con presunta incidencia fiscal, $ 37.000 mil millones corresponden a los resultados de una acción especial sobre la vigilancia a los recursos de las regalías conocidos como los Ocad Paz. Los demás corresponden a denuncias gestionadas por ese organismo de control fiscal.
El mayor detrimento patrimonial detectado y declarado de impacto nacional es por $ 15.616 millones y tiene que ver con la implementación de un sistema de producción agrícola y pecuario para fomentar la agricultura campesina, familiar y comunitaria en el municipio de Dibulla, Guajira.
Pero hay más, en el municipio de Jagua del Pilar, se encontró un proyecto de construcción y adecuación de escenarios recreativos y deportivos en la zona rural y urbana del distrito de Riohacha, allí hay un hallazgo fiscal por más de 14 mil millones de pesos.
La obra fue entregada, pero no está disponible para su uso el uso ya que las instalaciones se encuentran en mal estado y abandonada.
Otro de los hallazgos tiene que ver con la construcción del colector de redes de acueducto y obras complementarias del corregimiento El Pájaro, en Manaure. Esta obra lleva un avance de más del 90 % pero un conflicto de deudas con la empresa Aire impide que haya energía para el funcionamiento de la obra.
Este proyecto está suspendido de forma indefinida desde junio del año pasado. La denuncia de este proyecto fue realizada por Salud Hernández, periodista de SEMANA, quién realizó muchas más sobre otros proyectos de regalías en la Guajira, las cuales han hecho eco en la Contraloría General y donde se han determinado hallazgos fiscales por más de $ 29.000 mil millones de pesos.
En los municipios de Riohacha y Manaure se encontró un hallazgo fiscal por $ 10.103 millones correspondiente a la construcción de viviendas de interés prioritario.
Este detrimento, según la Contraloría, correspondió a la ejecución de una obra que no prestó los servicios para los que fueron aprobados los recursos. La obra que tiene cerca de 700 viviendas construidas y está suspendida.
Uno de los hallazgos fiscales que también llama la atención es por $ 8.420 millones en Manaure y está relacionado con la “implementación de estrategias para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático ante la escasez hídrica en las comunidades indígenas de la Guajira”, el principal problema de este departamento: la falta de agua.
Aquí la Contraloría encontró que no se cumplió con el objetivo principal del mismo, ya que en realidad solo se hicieron pozos para extracción de agua, una práctica ambientalmente no sostenible.
Se trata de una obra inconclusa y abandonada por parte del contratista, con falta de vigilancia y control por parte de la interventoría y el supervisor de obra. Por el abandono del proyecto, el sistema de acueductos se deteriora cada día más, lo cual hace que los recursos invertidos en las actividades ejecutadas se pierdan.
Un caso más es el de la implementación de sistemas acuapónicos generadores de seguridad alimentaria e ingreso familiar en diferentes comunidades del municipio de Albania lo cual generó un detrimento de $ 8.050 millones.
Esta, según la Contraloría, es una obra que se ha encontrado abandonada, con estanques en mal estado y cultivos desatendidos. El proyecto, en el que además se presentó la muerte de más de 1000 alevinos, no cumplió con el objetivo principal y fue objeto de hurtos en diferentes puntos.
En dos barrios de Riohacha se encontró otro hallazgo fiscal por $5.688 millones de pesos.
Tiene que ver con la optimización de colectores principales sanitarios del sistema de alcantarillado en los barrios Cooperativo y Olivos. El proyecto fue impulsado por una emergencia sanitaria, que permitió una contratación directa con un alcance limitado y ha tenido como resultado múltiples suspensiones y prórrogas. Los tramos de la obra que fueron “optimizados” siguen presentando inundaciones, dando continuidad a la emergencia sanitaria.
En Uribia hay otra perla. Un hallazgo fiscal de $ 3.799 millones por la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en el corregimiento de Buenos Aires.
Allí no se cuenta con recurso hídrico apto para la explotación y tratamiento de agua con destino a la comunidad objeto del contrato. No se agotaron las instancias previas a la ejecución del proceso contractual que evidenciara la presencia de agua en la zona.
Los hechos que la Contraloría declaró de impacto nacional afectan a la Gobernación de la Guajira, los municipios de Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar, Villanueva, La Jagua del Pilar y Manaure; la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica del Municipio de Uribia E.S.P. y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior, Edured al Desarrollo.