Luego del fallecimiento del abogado Javier Ordóñez en la madrugada del 8 de septiembre, después de un procedimiento adelantado por dos policías que lo redujeron con descargas de armas táser, se abrió un debate sobre cuál es el organismo competente para adelantar la investigación, ya que la Fiscalía General de la Nación anunció que iniciará una indagación sobre este caso.
Sin embargo, la Justicia Penal Militar podría pedir la competencia de la investigación, teniendo en cuenta la forma como se presentaron los hechos y por tratarse de una acción policial en actos del servicio.
Frente a este tema, el abogado Iván Canino le dijo a SEMANA que “en nuestra Constitución, y en cualquier parte del mundo, la Policía Nacional está hecha para ser un ente civil; sin embargo, la Corte Constitucional desde mucho tiempo atrás ha manifestado que por las condiciones especiales del país y porque tienen que luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, tienen ese componente de fuerza pública”.
Y agregó que “tanto la Policía como el Ejército y la Armada pueden caer bajo la Jurisdicción Penal Militar. El Código Penal Militar está dentro de la competencia”. Frente a la posible judicialización que recibirían los oficiales, Cancino indicó que “si encuentran méritos, puede haber aseguramiento y ser detenidos mientras investigan los hechos (...) Todavía falta un elemento muy claro que es saber la causa de la muerte, pero, en el peor de los casos, si llegaran a manifestar que fue un homicidio, estamos hablando de una pena de más de 40 años de cárcel”. Cabe destacar que según lo explicado por Cancino frente a los hechos de presunto abuso policial que se han presentado en lo que va corrido del año, no todos entrarían a ser investigados por la Justicia Penal Militar, teniendo en cuenta que habría que entrar a revisar en qué consistió, para determinar qué competencia lo juzga.
“Hay claras condiciones en tratados internacionales que también establecen que la mayoría de cosas se deben ir por la jurisdicción ordinaria, es decir, cada vez menos eventos se juzgan por la Justicia Penal Militar”, dijo, y aclaró que “aquellos que tengan relación completa con el servicio sí se juzgan por la Justicia Penal Militar”.
Por otro lado, el abogado Cancino le dijo a SEMANA que si la familia de Javier Ordóñez quisiera presentar un recurso legal ante el Estado, lo podría realizar. “Pueden ejercer varias acciones para buscar reparación, pueden constituirse como víctimas dentro del proceso penal y en ese proceso pedir que les paguen perjuicios”. Finalimente, aclaró que los familiares del abogado “podrían demandar el Estado por el abuso que tuvo un funcionario del mismo al no tener control sobre el hecho”.