Este martes 30 de agosto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, radicó ante el Congreso de la República la modificación a la Ley 418 o Ley de Orden Público. El propósito del documento es brindar herramientas para conseguir la ‘paz total’, propuesta por el presidente Gustavo Petro.

El documento, que se radicó junto con representantes de los partidos de la coalición de Petro, consta de 12 páginas en las que se plantea lograr “definir la política de paz de Estado”, a través de mecanismos que prioricen la toma de decisiones no violentas en el territorio nacional.

Los puntos clave de la reforma de la Ley de Orden Público

Transformación del servicio militar

Uno de los componentes de la norma es la modificación del servicio militar obligatorio para generar la posibilidad de que los jóvenes opten por el servicio social para la paz, que es una alternativa para que ellos se consagren en la construcción de paz y la implementación de los acuerdos.

Sin embargo, la eliminación del servicio militar obligatorio sería gradual, pero se abre la puerta para que los jóvenes tengan una opción, por ejemplo, de trabajos comunitarios.

El texto señala que el servicio social para la paz tendrá una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar y podrá prestarse alfabetizando zonas rurales, trabajando con víctimas del conflicto, protegiendo la biodiversidad, entre otros.

Reorganización de los recursos

Con respecto al manejo de los recursos de la paz, ahora se habilitará un solo fondo, eliminando tres (en la actualidad son cuatro). Según Prada, de este modo se evitarán actos de corrupción con el dinero destinado para la paz.

“Los fondos de la paz, que son cuatro ahora, se crea uno solo con cuatro subcuentas para agrupar los mismos y hacer coordinación, sobre todo una rendición de cuentas y veeduría ciudadana; esto es porque a los dineros de la paz le han surgido ataques de corrupción y queremos una urna de cristal en ese procedimiento”, afirmó el ministro.

Comisionados de Paz

Con el fin de apoyar las funciones del comisionado de Paz, Danilo Rueda, se crearán nueve figuras asociadas que trabajarán en la coordinación para disminuir los índices de violencia en las zonas en las que más se reportan actos de criminalidad.

Diálogos humanitarios locales

En el proyecto se plantea involucrar a los alcaldes municipales para realizar diálogos regionales, en los que se propongan acuerdos que mejoren la situación humanitaria de la población y se vean como una oportunidad para que el mandatario local se acerque a los grupos ilegales en su territorio.

“Se priorizará en su conformación, además de los territorios PDET del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como Zomac, comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado”, expresa la norma.

Revivir zonas de distensión

La iniciativa, en esencia, entrega facultades al presidente Gustavo Petro para adelantar diálogos con los grupos ilegales, en búsqueda de lo que él ha llamado la ‘paz total’, lo que implica establecimiento de zonas especiales para el agrupamiento de los miembros de estas organizaciones.

“El Gobierno nacional, o los representantes autorizados expresamente por el mismo, podrán acordar con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, en un proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal, o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional, de considerarse conveniente”, indica la norma.