La Procuraduría General de la Nación le pidió explicaciones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la decisión que ordenó intervenir la empresa Air-e, la cual le brinda el servicio de energía a millones de colombianos que viven en la Costa Caribe. La misma compañía ya había alertado que venía sufriendo una crisis financiera.
El ente de control informó que como parte de sus funciones “preventivas y de control de gestión en asuntos relacionados con la prestación del servicio de energía, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, algunas precisiones frente a la decisión de intervención de Air-e”.
La Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial de la Procuraduría le pidió al superintendente Dagoberto Quiroga que aclare, con base al estudio técnico que le solicitó a la Comisión de Regulación de Energía (CREG) que le dio el concepto favorable para proceder a la intervención de Air-e, además, en qué causales de la ley se apoya la decisión de la toma de posesión.
“En el oficio, el Ministerio Público preguntó sobre las fuentes de recursos a los que recurrirá la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para garantizar el servicio y el monto mensual de gastos necesarios para garantizar la prestación del servicio en el área de cobertura de Air-e. Adicionalmente, cuestionó cuál es el saldo por cobrar por concepto de la Opción Tarifaria”, dice el comunicado.
Dentro de las explicaciones de la intervención que ordenó la Superservicios sobre Air-e, también tendrá que dar información sobre los subsidios causados y los aún no girados a la empresa con corte a agosto de 2024, y el comportamiento de indicadores como pérdidas, recaudo y calidad de servicio.
“La Procuraduría no coacciona ni coadministra, implemente actúa como articuladora extendiendo recomendaciones y haciendo llamados al cumplimiento normativo legal vigente en las materias objeto de actuación, con el fin de que sean los actores quienes adopten las acciones necesarias para buscar soluciones a las situaciones existentes que podrían afectar la prestación de los servicios públicos en territorio”, menciona el oficio que ya está en manos de la Superintendencia de Servicios.
Apenas se conoció la intervención de la Super a Air-e, la Procuraduría ordenó crear un equipo de vigilancia preventiva para garantizar la calidad, cobertura, continuidad y tarifas del servicio de energía en el Atlántico, La Guajira y Magdalena.
La procuradora Margarita Cabello advirtió que “la reciente intervención de Air-e ha revivido el fantasma de Electricaribe para los habitantes de la región, por lo que seguiremos atentos para asegurar que se tomen las medidas necesarias”.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtió que esa situación “es insostenible para miles de familias. Hacemos llamado al Gobierno nacional a que asuman los compromisos”, y agregó que “solicitamos como Bancada Caribe que se realice la renegociación de los contratos de generación, no solo para las zonas especiales de difícil gestión y los barrios subnormales energéticamente, sino que se considere la situación de una población vulnerable”.