En 2006, Miguel Ángel Pérez Suárez, gobernador elegido por votación popular para el periodo 2004-2007, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a seis años de prisión y a una multa de 200 millones de pesos. Sus cargos fueron el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, ya que Pérez Suárez recibió 100 millones de pesos en efectivo enviados por alias Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare.
Luego de este hecho, Whitman Herney Porras Pérez fue nombrado gobernador por decreto presidencial para terminar el periodo de su antecesor, Miguel Ángel Pérez Suárez. Ejerció la gobernación entre septiembre de 2006 y diciembre de 2007. La Corte Suprema de Justicia condenó a Porras Pérez en 2013 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros a 18 años y 6 meses de prisión y al pago de una indemnización de perjuicios materiales por valor de más de 42.000 millones de pesos, luego de haber perdido 44 mil millones de pesos en inversiones ilegales con las regalías petroleras de Casanare.
Los líos de los 44 mil millones perdidos no terminaron ahí, ya que fueron la punta del iceberg para relacionar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el llamado ‘FiduPretelt’: una red de sobornos encabezada por el exmagistrado Jorge Pretelt y otros funcionarios para aceptar una tutela de la Unión Temporal Carbones Likuen, con el objetivo de evitar que este patrimonio autónomo tuviera que devolver más de 22 mil millones de pesos que le había entregado Porras Pérez.
¿Cómo se perdieron 44 mil millones de pesos en Casanare?
El detonante de uno de los grandes escándalos de corrupción del país fue el exgobernador (e) Whitman Herney Porras Pérez, quien colocó excedentes de liquidez bajo modalidades no permitidas por la ley que provenían de las regalías petroleras de Casanare. El total invertido llegó a 63.000 millones de pesos, depositados en patrimonios autónomos. A 2011 las pérdidas sumaban 44.000 millones de pesos. Los dineros se entregaron a patrimonios autónomos como la Unión Temporal Carbones Likuen, Green Mountain Consulting, Chacón Bernal Asociados, Cosacol y Viaducto Muña. Se trató de operaciones de alto riesgo. Los dineros estaban en TES, o deuda de la nación, inversión que sí está permitida a las entidades oficiales, pero el gobernador ordenó venderlos y pasar los fondos a las fiducias o patrimonios autónomos.
“No se hizo cosa distinta de sustraer recursos públicos para ingresarlos a una serie de patrimonios autónomos, no como aporte de la Gobernación, sino de aquellas empresas, quienes de acuerdo con las cláusulas pactadas pasaron desde ese momento a ser titulares del dominio de las sumas de dinero pudiendo disponer de ellas a su antojo”, señaló la sentencia. “Esas operaciones no contaron con la más mínima ‘garantía’ a favor de la entidad territorial”, según la Corte Suprema de Justicia. Las inversiones se hicieron tras una visita de Juan Carlos Huérfano Ardila al gobernador en Yopal, en una reunión que duró de tres a cinco minutos, sin que Huérfano y el gobernador se conocieran previamente. Huérfano fue a promocionar las inversiones en patrimonios autónomos. El gobernador dio orden escrita al tesorero para realizar la inversión. La ocupación de Huérfano era atender un restaurante de su propiedad, en el parque de la 93 en Bogotá. Quien le habló de patrimonios autónomos fue un compañero de estudios, Camilo Benedetti Villaneda, que “en una reunión social me comentó el tema, me pareció interesante”, declaró Huérfano. ¿Por qué le ofreció el negocio a la Gobernación del Casanare? Dijo que buscó “entidades que pudieran tener excedentes de tesorería, departamentos y municipios petroleros, esa fue la razón”.
La búsqueda de los 44 mil millones perdidos no terminó ahí, ya que llevó a la Corte Suprema de Justicia a investigar a todos los relacionados con los patrimonios autónomos que recibieron TES de Casanare. En ese proceso, el ente institucional encontró a magistrados de su misma corte estaban envueltos en la llamada ‘FiduPretelt’: una red de sobornos que involucran a magistrados para evitar el castigo a los patrimonios autónomos participantes del peculado Whitman Herney Porras Pérez. El escándalo de corrupción involucró a funcionarios como la cabeza de la operación Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas y al expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil.
Como se explicó previamente, entre las muchas organizaciones irregulares donde Porras Pérez había hecho una fiducia con parte de los 66 mil millones de pesos estaba la Unión Temporal Carbones Likuen. Lo anterior fue a través de los mencionados TES o deuda de la nación, un dinero que venía de cesantías petroleras y era del departamento de Casanare.
El exgobernador (e) Whitman Herney Porras Pérez tomó 25 mil millones de pesos y lo invirtió en el patrimonio autónomo de Likuen a través de la firma Fidupetrol, en una operación para supuestamente realizar la licuefacción de carbón. En contra de los deseos de su tesorero, un 17 de julio del 2007 se hicieron las inversiones a través de las TES. Con la condena de Porras Pérez en 2013, la Corte Suprema de Justicia consideró que Fidupetrol debía pagar más de 22 mil millones de pesos que el departamento de Casanare les había entregado. Según la Contraloría, Whitman Herney Porras Pérez no actuó solo, ya que se encontraba el representante legal de Carbones Likuen, Jimmy Freddy Osorio Guevara. Likuen debió haber devuelto la enorme cantidad de dinero en 2009, según las autoridades.
Con este lío, el entonces abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, se reunió con el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljubt en 2013. El funcionario de la Corte Suprema de Justicia le pidió 500 millones para garantizar el éxito de una tutela de Fidupetrol que tenía como objetivo tumbar el mencionado fallo que había condenado a esa fiduciaria a pagar los más de 22 mil millones que estaban obligados a devolver.
En un giro inesperado, Víctor Pacheco delató al magistrado Jorge Pretelt, revelando el llamado ‘FiduPretelt’. Pretelt fue condenado por estos hechos a 6 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia en 2019, aunque no fue el único implicado en este escándalo, ya que también se encuentra el magistrado Alberto Rojas y el expresidente de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil. Este último siendo condenado a cuatro años de cárcel por el Tribunal Superior de Bogotá en 2017 y actualmente prófugo de la justicia al irse del país. En junio de 2022, Rodrigo Escobar Gil solicitó a las Naciones Unidas (ONU) la revisión de su caso por supuesto mal proceso en su contra.
Mientras todo eso ocurría, los 44 mil millones de Whitman Herney Porras Pérez jamás fueron recuperados. Durante los 8 meses del especial “Con licencia para delinquir”, el departamento de Casanare fue el ‘campeón del peculado’. De todos los gobernadores condenados en los últimos 30 años, el peculado de mayor cuantía lo cometió Whitman Herney Porras Pérez, considerando los 27 departamentos con gobernadores con condenas penales en 30 años. Si se sumara el dinero comprometido por las gobernaciones corruptas en las tres décadas pasadas, daría una pérdida de más de 230 mil millones de pesos.