¿Qué está pasando con la división de poderes?

Uno de los pilares esenciales sobre los cuales se edifica la concepción misma del Estado de derecho es la división de poderes. En Colombia, aunque las líneas que marcan los límites entre las tres ramas en ocasiones son difusas, en términos generales siempre se ha mantenido ese respeto entre los miembros de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Sin embargo, en los últimos meses los enfrentamientos entre las cabezas de las ramas han puesto en peligro esa tradición. Varios expertos anotan que parte de la problemática que hoy se vive en esa materia tiene su origen en algunos mecanismos que fueron puestos en marcha en la Constitución del 91. Medidas como las funciones nominadoras de los jueces y magistrados, que nacieron de la constituyente, han servido para que las barreras entre el mundo de la política y la justicia se hagan cada vez más borrosas. Es cierto que el hecho de que los togados tengan la última palabra en la elección de altos cargos que le interesan a los políticos como, por ejemplo, el de fiscal general, ha generado desencuentros e intromisiones de intereses indebidos en las decisiones de la justicia. Puede leer:Jesús Santrich se posesionó en el Congreso No obstante, la situación de tensión que se vive hoy entre el Poder Ejecutivo y el Judicial tiene más que ver con un contexto político que con el diseño institucional colombiano. Desde que Iván Duque ganó las elecciones, se hizo cada vez más claro que existen unas distancias ideológicas y jurídicas importantes entre el jefe del Estado y quienes hoy integran las altas cortes. Esa realidad se ha hecho sentir desde el principio del gobierno, e incluso desde le época de campaña, y ha ido tomando más fuerza con los constantes choques de trenes que se han presentado entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. No han sido pocos los episodios en los que el presidente ha salido a rechazar y a controvertir fallos emitidos por las distintas corporaciones de justicia. El primero llegó cuando el expresidente Uribe fue llamado a indagatoria por el caso que se adelanta entre él y el senador Iván Cepeda. En ese entonces Duque dijo ante las cámaras, sin que se hubiera finalizado el proceso, que estaba seguro de que la inocencia de Uribe prevalecería. Aunque esa era la reacción previsible, en su momento fue vista por algunos como una intromisión en un proceso que seguía en curso. Luego vinieron los desencuentros con la JEP y con las otras cortes cuando el presidente decidió objetar seis de los artículos de la ley estatutaria. Muchos analistas y políticos dijeron entonces que se trataba de un desafío a la Corte Constitucional pues esta ya se había tardado un año revisando dicha ley y la había encontrado viable y ajustada a la Constitución. Quienes defendían la tesis de que las objeciones no eran por inconveniencia sino por temas constitucionales afirmaban que el solo hecho de haberlas presentado era una afrenta contra los magistrados que le dieron su visto bueno a la ley. Le puede inetersar: "Cómo puede uno pretender que tengamos un mafioso posesionándose como congresista": Duque Llegó entonces la disputa por la situación judicial del exguerrillero Jesús Santrich. Esta novela en la que se ha convertido el caso que hoy ocupa las páginas de todos los periódicos se convirtió en un nuevo punto de disputa entre el ejecutivo y la rama judicial. Cuando se conoció la decisión de la JEP que ordenaba la libertad inmediata, el presidente no solo descalificó la medida sino que se refirió a Santrich como ¨mafioso¨. Los detractores del actual gobierno anotaron que no era responsable que un presidente en ejercicio emitiera ese calificativo sobre una persona que aun no ha sido condenada. Lo cierto es que en un Estado de derecho las diferentes partes involucradas deben respetar y acatar las medidas de las distintas ramas así no estén de acuerdo con su contenido. El ambiente de tensión que hoy se vive en la institucionalidad colombiana podría llevar a situaciones no deseables para nadie. Es posible que luego de cerrado el capítulo de Santrich, de la disputa por la dosis mínima y de las objeciones, puedan calmarse los ánimos entre la rama judicial y el Palacio de Nariño.