Este viernes Popayán vivió una de sus jornadas más cruentas desde que se inició el paro nacional. La indignación ante el suicido de una joven de 17 años que presuntamente fue abusada sexualmente por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), encendió la llama.
En el barrio El Uvo de la comuna dos, en donde residía la menor de edad, la protesta se transformó en un ataque incendiario al CAI y los enfrentamientos con la fuerza pública se extendieron a otros sectores de la ciudad.
Todo comenzó el 12 de mayo, cuando se difundieron en las redes sociales las imágenes del momento en el que la menor fue apresada por la policía. Apenas se ve su figura, pero se le oye advirtiendo que se le están bajando el pantalón y que eran cuatro hombres contra ella.
En ese momento nadie sabía quién era. Su identidad se conoció al día siguiente, cuando trascendió la noticia de que ella se había quitado la vida luego de salir de la URI donde presuntamente fue víctima de abuso sexual.
“Me manosearon hasta el alma. Me voy de este mundo asesino violador, donde no hay paz”, advirtió en su cuenta de Instagram. Su familia la encontró asfixiada con una bolsa de plástico.
El Colectivo Casa de la Mujer insistió que se debía investigar: “Alertamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos e instituciones garantes de derechos como Defensoría, Procuraduría y Personería a realizar veeduría y tomar acciones de protección frente a lo acontecido. La vida de las mujeres se respeta”.
La vicefiscal Marta Mancera reaccionó, conformando un equipo de expertos en temas de violencia de género con enfoque en niñas, niños y adolescentes.
Lizeth Montero, abogada de la familia de la menor, dijo que para ellos existe manto de duda sobre estos hechos ya que les impidieron la labor de verificar el estado de ella en la URI.
La Policía, que en primera instancia negó la veracidad de las acusaciones, confirmó que los cuatro uniformados fueron apartados del cargo temporalmente “hasta que se esclarezcan los hechos”.
A la muerte de la menor de edad se sumó la del estudiante Sebastián Quintero Múnera, de 22 años , denunciada por organizaciones de derechos humanos, quienes dicen que el gas lacrimógeno lanzado por el Esmad impactó en el cuello del joven quitándole la vida.
Aparentemente, como reacción a estas muertes, un grupo de manifestantes encapuchados llegaron a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía con la intensión de prenderles fuego, mientras que en los alrededores del Colegio de la Policía también se registraban disturbios.
Además, quienes se dirigían hacia el comando de Policía Cauca, en el barrio Cadillal, hicieron un pare en la glorieta presidida por la estatua de Francisco de Paula Santander. En ese punto de Popayán, que conecta la terminal de transportes con el resto de la ciudad, algunos de los miembros de esa marcha de más de 200 personas amarraron la cabeza del prócer con lazos y jalaron con fuerza hacia abajo, en medio arengas y aplausos.
Ante estos hechos, pasadas las 11:00 de la noche de ayer Juan Carlos López Castillón, alcalde de Popayán, envió un mensaje en sus redes sociales: “Hoy más que nunca rechazamos todos las actos de violencia, y lamentamos profundamente la muerte de (la menor de edad) y Sebastián, al igual que los heridos que se han causado. Ratificamos, el diálogo es el único camino”, dijo.
Por su parte, ante la complicada situación de orden público en la ciudad, el presidente Iván Duque ordenó a miembros de su gabinete viajar hasta la capital del Cauca y además, que se realicen las investigaciones pertinentes frentes a los hechos que han ocurrido en las últimas horas.