Este miércoles fue clave para el proceso que adelanta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso del alcalde Gustavo Petro. A la sede en Washington llegó el procurador Alejandro Ordóñez para exponer las razones que tuvo para destituir e inhabilitar por 15 años al mandatario capitalino. A la salida, Ordóñez aseguró que les dijo a los magistrados que aprobar las medidas cautelares“sería no sólo generar un fuero de inmunidad sino un fuero de impunidad”. La reunión fue cordial y no tardó más de dos horas, pero este tiempo fue suficiente para que el jefe del Ministerio Público no sólo tuviera la oportunidad de defender el fallo proferido contra Petro, también Ordóñez explicó cómo se podría ver afectado el ordenamiento jurídico si se llegara a tomar una decisión que revocara la sanción. Incluso, entregó una cifra como argumento para resaltar la importancia de la Procuraduría. Ordóñez señaló que en los más de 20 años de este ente de control se han proferido cerca de 1.789 sanciones. Una fuente cercana a la Procuraduría que habló con el procurador a la salida del encuentro le confirmó a Semana.com que más que una reunión protocolaria, esta fue una charla en la que el eje de la conversación fueron el fallo y sus implicaciones. Se conoció que Ordóñez, quien conversó entre otros magistrados con el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, señaló que dejó en claro el tema de las diferentes instancias ante las decisiones de los organismos de control. Es decir, explicó cómo en Colombia se sanciona a los servidores públicos. En la conversación también estuvo el tema de las tutelas. Allí resaltó Ordóñez que el número de tutelas ganadas en las Altas Cortes han estado a su favor 35 contra 16. Otro de los temas giró en torno a las garantías que tuvo la defensa del mandatario durante el proceso, es decir, que se cumplió con el derecho a la defensa. Finalmente señaló las funciones del Ministerio Público, entre ellas la de sancionar a personas elegidas por voto popular. Ordóñez se fue cargado con un número no determinado de folios que dejó en manos de los magistrados. Entre los papeles estaba la tutela fallada por el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca José María Armenta, quien frenó la destitución. Ordóñez lo hizo para demostrar que la justicia ha operado. Como se sabe, la Comisión debe entrar a definir la petición de la medida cautelar, puesto que la decisión es para casos de gravedad y urgencia con el objetivo de evitar daños irreparables según el artículo 25 del reglamento del organismo.hace unas semanas en esa Comisión también estuvieron el defensor del alcalde y el propio mandatario, quienes explicaron por qué consideraban el fallo inapropiado y por fuera de la ley. Por ahora continúa en el país el debate sobre la fecha de revocatoria del mandato de Petro. Los que impulsan el voto por el NO solicitaron que se mantenga la fecha del 2 de marzo para votar la revocatoria.