La Procuraduría General de la Nación emitió cinco recomendaciones fundamentales para las Entidades Territoriales Certificadas (gobernaciones y alcaldías) encargadas de contratar y suministrar los alimentos estipulados en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, con recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
En una comunicación dirigida a gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, directivos, gerentes y coordinadores PAE de entidades territoriales de todo el país, el Ministerio Público recordó que a través de su delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías, ejerce vigilancia superior sobre estos recursos y quienes los administran, por cuanto está en la obligación de hacer las precisiones del caso para garantizar la aprobación de los proyectos de inversión y evitar fallas que impliquen posibles faltas disciplinarias.
Y es que, sin duda alguna, el Programa de Alimentación Escolar PAE, que brinda un complemento alimentario a niños, niñas y adolescentes de todo el país matriculados en el sistema público de educación, sigue siendo un dolor de cabeza para los organismos de control.
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que en cuatro departamentos donde se hizo una revisión preliminar del PAE se encontró que el 16 % de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26 % no tiene un lugar de almacenamiento, el 15 % carece de comedor y el 22 % no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.
Entre las recomendaciones más importantes, la Procuraduría General de la Nación pide garantizar inicio oportuno y continuidad del servicio durante los 180 días del calendario escolar, población a atender de acuerdo a los criterios de priorización, definición de la modalidad y tipo de complemento a suministrar con los respectivos documentos del ciclo de menú por sede educativa y fijar el costo de la ración a suministrar detallando la metodología empleada.
Garantizar la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los alimentos de las raciones establecidas, (…) contando con un plan de saneamiento y aplicando las buenas prácticas de manufactura.
Comprar alimentos a pequeños productores agropecuarios locales o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los recursos.
Llevar un control de las actividades realizadas y de todos los componentes y recursos necesarios para que el programa se desarrolle adecuadamente.
Dar estricto cumplimiento a la vigilancia por parte de la comunidad educativa y los informes periódicos que debe presentar el interventor acerca de la operación del PAE.
Finalmente, la Procuraduría recordó que en ningún caso coacciona o coadministra, sino que “actúa como articuladora, extendiendo recomendaciones y llamados al cumplimiento normativo, pero son los gobernadores, alcaldes y demás funcionarios quienes deben garantizar la prestación del servicio en las condiciones de calidad y continuidad exigidas”.
En otras palabras, el PAE es un tema responsabilidad tanto de alcaldes como de gobernadores en todo el territorio nacional.
Hallazgos de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo trabaja en la verificación de varias denuncias en los departamentos de Risaralda, Casanare y Magdalena, así como en los municipios de Apartadó, Bello, Malambo, Montería, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Sabaneta, Sahagún, Soledad y Yopal donde no se alcanzó el 50 % de la cobertura del PAE.
Según información de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, del Ministerio de Educación, en 2022, Caquetá, Cesar, Neiva, Magdalena, Sincelejo, Riohacha, Buenaventura y Sucre empezaron su operación con un retraso entre cuatro y seis meses después del inicio del calendario escolar, afectando a cerca de tres millones de estudiantes.
Esta información también está siendo revisada por los organismos de control competentes.
De otro lado, en las visitas, la Defensoría del Pueblo evidenció fallas en la infraestructura requerida para la ejecución del PAE, así como falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas visitadas.
El caso de Quindío
La comunidad docente, los padres de familia y, por supuesto, los estudiantes, están a la espera de que tanto en Armenia como en el Quindío se dé inicio a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que durante 2022 tuvo una serie de inconvenientes por calidad y cumplimiento que obligaron a la suspensión en 11 municipios del departamento.
En el caso de la capital quindiana, se anunció que la sociedad comisionista Comiagro será la encargada de actuar en representación de la Alcaldía de Armenia para la escogencia de la entidad que operará el Programa de Alimentación Escolar durante este primer semestre del año académico, tras la rueda de negocios realizada en el Mercado de Compras Públicas de la Bolsa Mercantil de Colombia.
Algunas de las funciones de esta firma son velar porque la selección del operador del PAE se lleve a cabo de forma eficaz y transparente, cumpliendo con todas sus obligaciones. También deberá escoger otra en caso de que sea necesario suspender el contrato por cualquier motivo.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos Morales, indicó que la inversión será cercana a los 9.947 millones de pesos para dar cobertura a 28 instituciones educativas de carácter oficial, en las cuales se cuenta con 32.745 estudiantes que representan el 83 por ciento de la matrícula que se tiene proyectada para este 2023. Debido a que aún se cuenta con cupos disponibles, los padres de familia o acudientes pueden dirigirse al área de Cobertura de la Secretaría de Educación en la calle 10A # 23C - 44 del barrio Granada para realizar las inscripciones.