Este viernes, en horas de la mañana, se registró la presencia de un elemento explosivo en la localidad de Teusaquillo en Bogotá, en un local comercial de un excombatiente de las FARC. Las autoridades procedieron a desactivarlo.

A pesar de la verificación de los uniformados, los miembros del Partido Comunes y excombatientes de las FARC culparon al gobierno del presidente Iván Duque por supuestamente ser negligentes con su protección.

El ministro del Interior Daniel Palacios contestó las críticas que se hicieron desde el Partido Comunes. “Debemos ser claros que aquí las afirmaciones irresponsables de que el Gobierno nacional no ha dado las garantías para los miembros del Partido Comunes son absolutamente falsas”, dijo Palacios, quien aseguró que el presidente Duque pidió celeridad en las investigaciones.

El ministro recalcó que como Estado han venido dando garantías de protección a los excombatientes y que los verdaderos “enemigos de la paz” son las disidencias de las FARC, los miembros del ELN, el Clan del Golfo y todos los grupos armados organizados que siguen perpetrando ataques contra la tranquilidad de los colombianos y de los mismos excombatientes.

“Que aquí no anden acusando a un gobierno que no ha hecho más que brindarles garantías de protección y en donde inclusive las Naciones Unidas han reconocido los avances de la UNP”, afirmó Palacios desde Cali.

El jefe de la cartera del Interior habló de los recursos que se han destinado para la protección de los excombatientes e incluso señaló que esta cifra se ha aumentado. Aseguró que en el gobierno del presidente Duque se ha destinado a una subdirección especializada de la FAC la protección de los firmantes del acuerdo de La Habana. Además, que se pasó de 55.000 millones de pesos de inversión para su protección a más de 190.000 millones, y de tener 600 hombres destinados a 1.800.

“A través del Plan Agua estamos garantizando para este año el presupuesto más alto de la Unidad Nacional de Protección con 1,3 billones de pesos, que deberá garantizar la seguridad de quienes aspiran a las curules de paz”, agregó Palacios.

Asimismo, puso algunos ejemplos de momentos en los que el Estado se ha encargado de la protección de los excombatientes y evidenció que quienes en verdad buscan atentar contra su vida son sus antiguos compañeros o los grupos armados al margen de la ley.

“Ha sido nuestra Fuerza Pública y la Unidad Nacional de Protección las que han evitado acciones de grupos terroristas y de las mismas disidencias de las FARC, de asesinar a sus miembros como fue el caso de Timochenko, como fue el caso de Julián Gallo y muchos otros de estos miembros”, aseveró el ministro Palacios.

Por su parte, el alto funcionario dijo que se están adelantando las correspondientes investigaciones del artefacto hallado en Bogotá en la sede del Partido Comunes y que se buscará dar con los responsables cuanto antes.

Una de las críticas que hizo el vocero de esa colectividad es que esta situación es comparable con lo que ha sucedido en Arauca, en donde en las últimas semanas se han registrado hechos de violencia.

Ese mensaje también fue contestado por el ministro, diciendo que precisamente son sus antiguos socios quienes están irrumpiendo la tranquilidad en ese departamento.

“Así como lo hicieron en Arauca, donde las disidencias de las FARC, la narcotalia de sus antiguos compañeros, son quienes generan amenazas”, dijo Palacios.

El ministro señaló que continuarán brindando protección a quienes se acogieron a ese acuerdo y hoy están alejados de las armas. Mientras que seguirán combatiendo con contundencia a los grupos armados que buscan irrumpir la tranquilidad de los ciudadanos.

Según la información que han dado a conocer las autoridades hasta el momento, luego de las alertas que se generaron, en el lugar se encontró un kilo y medio de explosivo ANFO (una mezcla de nitrato de amonio y combustible que se considera como un explosivo de alta potencia).

Allí llegó un grupo antiexplosivos de la Policía que controló la situación y acordonó la zona. Concurrió un fiscal y unidades de investigación criminal para verificar la procedencia del artefacto.