A las 6 en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel, hoy miércoles 31 de enero, en SEMANA? Pues la opinión gira en torno al futuro que le espera al canciller Álvaro Leyva, a ocho días de haber sido suspendido de su cargo por la Procuraduría, porque el canciller sigue produciendo decisiones y firmándolas como ministro de Relaciones Exteriores, para lo cual está impedido, porque actualmente se encuentra suspendido de sus funciones.
Por ejemplo, firmó la declaración de protesta, ya suspendido, contra el presidente Milei por su violento ataque contra el presidente Petro. La última es que, al frente de su equipo en la Cancillería, convocó a una nueva licitación de pasaportes que fue por causa de la cual se decretó su suspensión como Canciller, por haber echado para atrás, por orden de Petro, la licitación anterior, no obstante haber cumplido con todos los requisitos legales, provocando así una millonaria demanda contra la nación.
Por intentar parar este perjuicio fue por lo cual la petrista directora de la Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, fue puesta de patitas en la calle. Lo más extraño es que el reversazo de la licitación estuvo acompañado por todo tipo de especulaciones de que el gobierno estaría pretendiendo favorecer a un socio extranjero de nacionalidad desconocida.
Pero se echaron muchas teorías, y efectivamente en la nueva licitación, al contrario de la primera, se abre la posibilidad de que los oferentes no produzcan la libreta exclusivamente en Colombia, lo cual era una exigencia que llevó al presidente Petro a declarar que esta primera fue una licitación sastre, porque el único frente que cumplía con ese requisito era Thomas Greg and Sons, compañía que lleva años con el contrato.
Hasta el momento, Petro ha defendido ferozmente a su canciller Leyva, pero como no puede alegar que es funcionario de elección popular para que lo proteja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como fue su caso, lo que dice es que pretenden no dejarlo gobernar en el contexto del golpe blando que ha denunciado que están preparando o ejecutando ya en su contra.
Si el presidente se niega a nombrarle reemplazo a Leyva durante su suspensión, como ordena la ley, y si el canciller respectivo sigue actuando en medio de su suspensión, ¿qué caminos tiene la Procuraduría? Por un lado, que la sala de instrucción de la entidad termine extendiendo otros tres meses la suspensión de Leyva.
Mientras tanto, la sala de juzgamiento, que ya le imputó cargos, resuelve si lo destituye finalmente o no. Pero en el interregno, se puede consolidar un grave desacato del Gobierno a ese organismo de control, lo cual es un delito y se configurarían dos hechos inéditos en la historia del país.
El primero, la suspensión de un ministro en pleno ejercicio en su cargo, y la segunda, un delicado choque de trenes entre el Gobierno y la Procuraduría. Porque el primero se niega a cumplir con una decisión legítima, tomada en derecho, de apartar al canciller de su cargo de manera temporal o, de pronto, de manera definitiva. Otro hecho inédito en la historia del país.