¿Qué estará opinando María Isabel hoy jueves 24 de agosto, en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a una ley, dizque de reconciliación nacional, en la que hasta los narcos y todas las personas que hayan delinquido o lo estén haciendo pueden tocar a la puerta. Vamos por partes.
¿Será que ya se le gastó al presidente el discursito de la paz total y le está cambiando de nombre por este de reconciliación nacional? Puede ser, pero la pregunta más importante es ¿cómo pretende el presidente convocar a una reconciliación nacional a través de una ley?, ¿las reconciliaciones nacionales se hacen bajo imposición legal?, ¿se va a volver obligatorio en Colombia reconciliarse?
¿Pero qué es lo que podemos entender por reconciliación?, ¿estar de acuerdo de pronto con todo lo que el presidente proponga o se le ocurra, como lo que hizo ayer de pedirles a los campesinos que salgan a protestar para exigir que les den tierra?
Lo segundo es que ofrecerles a los delincuentes un camino y un vivir es lo que se supone que hace la justicia, luego de que el delincuente ha pagado una pena proporcional a su delito; sin necesidad de una tal ley de reconciliación nacional, todo el mundo tiene un camino hacia una vida en paz en la nación, que es lo que ofrece el presidente a través de esta ley de reconciliación nacional.
Pero si se trata de un delincuente, lo mínimo que debe hacer es dejar de delinquir, eso es lo primero. Y por cierto, seguimos sin entender qué es lo que el presidente llama “groseras encerronas” que le preparan los gremios en sus congresos anuales, por cuenta de las cuales él dice que no asiste a ellos, y lo que ha hecho con sus frecuentes incumplimientos y desapariciones, que el país esté temiendo por su estado de salud.
Por fortuna, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió a aclararnos de manera muy oportuna que el presidente no está loco y que está gobernando.
Lea la segunda opinión de María Isabel, hoy 24 de agosto:
¿Qué opina María Isabel? Gobierno ridiculiza a fiscal y defensor
Es inaceptable la manera en que el presidente y su ministro de Defensa han ridiculizado el atentado que, según el fiscal, estaría preparando el ELN en su contra. Y para completar, ahora el presidente ridiculiza también al defensor del Pueblo, diciendo que los municipios que tienen amenazada su seguridad en estas elecciones no son 360, sino solo 17.
¿Qué estará opinando María Isabel, hoy jueves 24 de agosto, en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a lo que ha sucedido sobre el supuesto atentado que el ELN prepara contra el fiscal Francisco Barbosa, que dice tener tres fuentes confiables que corroboran que el plan evidentemente existe.
Según el ministro de Defensa, el plan no existe porque hasta el 4 de agosto de 2023, en que se enteró de las aparentes intenciones criminales del ELN, él no tenía conocimiento ni por parte del Ministerio ni de otro organismo de inteligencia de las intenciones denunciadas por la Fiscalía en un comunicado de prensa. Pues no es noticia ni es determinante de que el atentado no se esté preparando, y no es noticia porque es que el ministro de Defensa poco sabe de lo que ocurre alrededor de su cargo.
Creo que desde el primer día en que lo está ocupando está tratando de entender qué es lo que hace él ahí; pero el presidente Petro también salió a desmentir al fiscal y eso no solo es una falta de respeto inaceptable, sino un rompimiento en la institucionalidad que le hace un gran daño al Estado.
La Fiscalía no es un organismo creado para ser antagonista del Gobierno y personalmente del presidente, sino para trabajar paralelamente por resolver necesidades del país como investigar y acusar delincuentes para hacer justicia. Y si el fiscal, citando tres fuentes para él merecedoras de toda credibilidad, dice que hay un plan del ELN para matarlo, pues hay que creerle y apoyarlo tratando de verificar la información. Estas tres fuentes serían el propio Ejército Nacional, la UIAF, que ha detectado movimientos extraños de dinero por parte del principal sospechoso del ELN de estar a cargo del atentado, y una agencia estadounidense, dice la Fiscalía.
Lo que parecería que sucede aquí es que el Gobierno puede estar aterrado de que una información tan grave le pueda jalar el mantel a la mesa de conversaciones con el ELN, en la cual tiene el presidente Petro puestas todas sus esperanzas. La propia cúpula del Ejército está totalmente sometida a la voluntad del presidente, una cosa es que le obedezca como es su deber, pero otra cosa es que esté sometida a su voluntad e incluso a la hora de entregar información.
Seguramente aterrada de que la saquen de una patada como ha pasado con sus antecesores, y parecería no atreverse a informar lo que el Gobierno no quiere que le informen. Lo peor es que entre creerle al fiscal o creerle al ELN, el Gobierno abiertamente ha escogido lo segundo. Y para empeorar la situación, a esta hora el ELN no libera todavía al soldado Ariel Ríos, perteneciente al Batallón de alta montaña número 10 con sede en Tuluá, del que tiene secuestrados desde el pasado 20 de agosto en pleno cese al fuego bilateral.
Alguien, por favor, ¿ha escuchado alguno de esos burócratas veedores de las Naciones Unidas denunciar esta violación protuberante al cese del fuego? El soldado fue secuestrado ni siquiera en una acción ofensiva, sino mientras disfrutaba de un permiso y visitaba a su familia, pero el cuentico del Gobierno de que el ELN es una mansa paloma no le da para para que el país se trague entera su versión. Y si el fiscal teme por su vida y sostiene que igualmente están amenazados la congresista María Fernanda Cabal y el general Eduardo Zapatero, lo único que no puede hacerse es despreciar sus temores.
Pero no es el fiscal el único desmentido por el Gobierno, también ha sido desmentido el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien ha denunciado que está en riesgo alto o extremo, en cuanto a las garantías para las elecciones de octubre, un número de 360 municipios. El Gobierno dice que no, que solo son 17... Pues amanecerá y veremos.