A las 6:10 de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel, hoy miércoles 31 de enero, en SEMANA? La opinión gira en torno a Fecode, que docenas de veces ha hecho paros nacionales perjudicando la educación de los niños, en reclamo por mayores recursos para los sueldos de sus maestros.
Pero ahora venimos a descubrir que a este sindicato le sobran, por lo menos, 500 millones, que destinó a sufragar la campaña petrista, haciendo un bypass a través del partido Colombia Humana, receptor inicial del dinero, que fue girado al señor Dagoberto Quiroga, representante político del movimiento.
Pero según una asombrosa publicación de SEMANA, el propio Fecode dejó constancia escrita de que el comité ejecutivo de la Federación había resuelto, en mayo del 2022, colaborar económicamente, dice textualmente el documento, con la campaña Petro Presidente 2022-2026, teniendo en cuenta que ese egreso “no afectaba el patrimonio económico de Fecode”.
Es decir que los 500 millones, como digo, les sobraban. Y muchos paros de Fecode exigiendo aumento de recursos al Gobierno sobraban, porque plata para botar había. El asunto es que este aporte como persona jurídica a una campaña política está prohibido, y lo que han hecho después es buscar una manera de obviar o aligerar su falta redactando un documento que, tardío, radicaron ante una notaría, certificando que el dinero entró al partido del candidato, pero no directamente a la campaña del candidato.
Sin embargo, el escándalo ya se había chispoteado. Lo otro que alegan para la defensa de Petro es que la plata estaba destinada a pagar testigos electorales (de a 80 mil pesos por cabeza más viandas) y que eso no es aportar a una campaña, porque, para ese momento, la campaña ya había terminado. ¿Y acaso los votos que estaban cuidando esos testigos electorales de quién eran? Pues los de Petro, los de nadie más.
Pero como los hechos llevaron a la Fiscalía un allanamiento Fecode, han quedado además reveladas las razones del afán del presidente Petro para que la Corte escoja de una vez por todas, bien rápido, a la nueva fiscal, que quizás pare este escándalo de la financiación a la campaña petrista en la puerta del horno. Posdata: luto nacional por la muerte de alias Tripa Seca, primo del famoso Otoniel. Que Tripa Seca descanse en su tumba.
Lea la primera opinión de María Isabel Rueda de hoy miércoles 31 de enero:
¿Qué opina María Isabel? El novelón del canciller Álvaro Leyva
¿Qué ira a suceder en medio del desacato del presidente Petro y su canciller, ante la orden de la Procuraduría de suspenderlo de su cargo? Hasta ahora, Leyva sigue ejerciendo su cargo y el presidente alega que “es que no nos quieren dejar gobernar”. Leyva, incluso, abrió nueva licitación para los pasaportes, en la cual, por sus nuevos requisitos, se aclara un insistente rumor: que el gobierno sí quiere dejar jugar en ella a un proponente extranjero. ¿De qué nacionalidad? ¿Amigo de quién?
A las 6 en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel, hoy miércoles 31 de enero, en SEMANA? Pues la opinión gira en torno al futuro que le espera al canciller Álvaro Leyva, a ocho días de haber sido suspendido de su cargo por la Procuraduría, porque el canciller sigue produciendo decisiones y firmándolas como ministro de Relaciones Exteriores, para lo cual está impedido, porque actualmente se encuentran suspendido de sus funciones.
Por ejemplo, firmó la declaración de protesta, ya suspendido, contra el presidente Milei por su violento ataque contra el presidente Petro. La última es que, al frente de su equipo en la Cancillería, convocó a una nueva licitación de pasaportes, que fue por causa de la cual se decretó su suspensión como Canciller: por haber echado para atrás por orden de Petro la licitación anterior, no obstante haber cumplido con todos los requisitos legales, generándose así una millonaria demanda contra la nación.
Por intentar parar este perjuicio, fue por lo cual la petrista directora de la Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, fue puesta de patitas en la calle. Lo más extraño es que el reversazo de la licitación estuvo acompañado por todo tipo de especulaciones de que el Gobierno estaría pretendiendo favorecer a un socio extranjero de nacionalidad desconocida.
Pero se echaron muchas teorías y, efectivamente, en la nueva licitación, al contrario de la primera, se abre la posibilidad de que los oferentes no produzcan la libreta exclusivamente en Colombia, lo cual era una exigencia que fue lo que llevó al presidente Petro a declarar que esta primera fue una licitación sastre, porque el único frente que cumplía con ese requisito era Thomas Greg and Sons, compañía que lleva años con el contrato.
Hasta el momento, Petro ha defendido ferozmente a su canciller Leyva, pero como no puede alegar que es funcionario de elección popular para que lo proteja la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como fue su caso, lo que dice es que pretenden no dejarlo gobernar, en el contexto del golpe blando que ha denunciado que están preparando o ejecutando ya en su contra.
Si el presidente se niega a nombrarle reemplazo a Leyva durante suspensión, como ordena la ley, y si el canciller respectivo sigue actuando en medio de su suspensión, ¿qué caminos tiene la Procuraduría? Por un lado, que la sala de instrucción de la de la entidad termine extendiendo otros tres meses la suspensión de Leyva.
Mientras la sala de juzgamiento, que ya le imputó cargos, resuelve si lo destituye finalmente o no. Pero, en el interregno, se puede consolidar un grave desacato del Gobierno a ese organismo de control, lo cual es un delito y se configurarían dos hechos inéditos en la historia del país.
El primero, la suspensión de un ministro en pleno ejercicio en su cargo, y la segunda, un delicado choque de trenes entre el Gobierno y la Procuraduría, porque el primero se niega a cumplir con una decisión legítima, tomada en derecho, de apartar al canciller de su cargo de manera temporal o, de pronto, de manera definitiva. Otro hecho inédito en la historia del país.