A las 6:00 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel, hoy martes, 26 de septiembre, en SEMANA? Pues la opinión gira en torno al ridículo que Nicolás Petro puso a hacer a la Fiscalía otorgándole libertad a cambio de una prometida colaboración con la justicia que no pasó de ser un anuncio de primer día y muy mediático, porque hasta ahí llegó.
Ayer trinó en un mensaje en el que, por sus palabras, pinta como digno hijo de su padre porque le siguió los consejos. Escribió Nicolás Petro: “Inicia la lucha en mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron, me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre”. Y aquí viene la frase que copió casi textualmente del consejo que le dió Gustavo Petro, o la orden, ¿de pronto? “Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”.
Como quien dice: “Sea berraco, chino”. Los cargos en su contra son enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Más bien se pregunta uno si en los compromisos de colaboración que tan fácilmente fueron aceptados por la Fiscalía desde un comienzo, no pasó más bien lo contrario, que ello lo facilitó el hecho de que Petro Burgos fuera precisamente el hijo del presidente Petro.
Y es que la Fiscalía, aterrada de que la acusaran de persecución política contra el presidente, porque uno de los hobbies favoritos del mandatario que, además de redentor del planeta, pasa disparando el virus de la vida por las estrellas, es que se victimiza permanentemente, alegando ser un perseguido de sus adversarios, y ello llevó a la Fiscalía al convencimiento de que era más fácil pues... hacerse pasito.
Pocas veces en el escenario judicial se había presentado un caso tan lleno de elementos probatorios. Es que no le faltaba pieza a esas pruebas en su contra. La rápida condena de junior habría sido facilísima de justificar procesalmente.
Pero como digo, el hecho de tratarse del hijo del presidente parece que pudo haber pesado mucho a la hora de tener más consideraciones a Nicolás Petro que a muchos ciudadanos del común, que por menos están pagando por sus delitos intramurales.
Ahora que está levantado y no arrodillado ante su verdugo, Nicolás Petro ha puesto en este ridículo a la Fiscalía, que tendrá que buscar la manera a corto plazo, sería lo recomendable, de hacerse respetar.
Lea la segunda opinión de María Isabel, hoy 26 de septiembre:
¿Qué opina María Isabel? ¿Protesta social libre o manipulada?
Todas las alarmas están encendidas sobre la inmensa movilización de mañana. Hay razones para creer que no se trata de una libre protesta social, sino de una exhibición de poderío del presidente, para amedrentar al Congreso e influir en las elecciones regionales. Ah, ¿y además pagadas con dineros públicos?
A las 6:10 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy martes 26 de septiembre en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a las marchas promovidas por el propio Gobierno nacional para el día de mañana, con la disculpa de que la protesta social es un derecho protegido por la constitución colombiana.
Lo que no dice en ninguna parte de la Constitución es que pueden ser manipuladas por el gobierno de turno con objetivos muy claros, como producir una presión callejera que arrincone al Congreso para que le apruebe al Gobierno unas reformas deshilvanadas y desfinanciadas.
Y para que a un mes y una semana de las elecciones regionales, el Pacto Histórico, sobre el que hay apuestas en el sentido de que tendrá resultados electorales muy pobres, ha obligado al petrismo a exhibir el contrafómeque de su gran poderío contra los sindicatos, que nunca se habían dejado manipular, con mayor facilidad.
Los campesinos, los indígenas, las negritudes, que en grandes vehículos ya comienzan a llegar a Bogotá; se calcula que la sola minga ha desplazado a cerca de 20.000 indígenas a la capital. ¿Quién pagará por su desplazamiento y manutención hasta el 28 de septiembre, cuando planean quedarse? Que no nos crea el presidente tan imbéciles.
Hay sospechas de que han desviado millonarios recursos públicos que deberían estarse invirtiendo en el fomento del sector agrícola y en el mejoramiento del nivel de vida de sus actores, más que en el insólito precedente de que sea el propio Gobierno el que fomente e impulse unas marchas que, como hemos descrito atrás, se sospecha que tienen dos propósitos.
Uno propagandístico electoral y el otro de presión al Congreso, para convertir la protesta social en un elemento de chantaje para que los congresistas le aprueban al Gobierno, no lo que el pueblo quiere que le aprueben, sino lo que el Gobierno quiera que le apruebe a ciegas, porque muy pocos deben haber estudiado la reformas a granel para ver a dónde conducirán al país; sencillamente creen que son las que el país necesita porque las propone el Gobierno.
Y cuando alguien se atreve a levantar su voz con el temor de que mañana los ánimos puedan exacerbarse o ser manipulados por las fuerzas ilegales, que han demostrado gran control militar en varias zonas del territorio, arrinconando incluso a las fuerzas militares, se expone a que lo acusen de suponer per se que los campesinos son violentos.
Una de las más preocupadas es la procuradora Margarita Cabello, ante los testimonios de algunos campesinos en el sentido de que la logística de mañana, incluidos transporte y refrigerios, corre por cuenta en su gran mayoría de la Agencia Nacional de Tierras, que tiene un gigantesco presupuesto sin ejecutar para destinarlo más bien a la compra de tierras que agilizan la reforma agraria, una de las razones de los marchantes de mañana, en medio de un popurrí de razones para esa movilización.
Disculpas hay las que a uno se le ocurran o le pasen por la cabeza y todo ello empaquetado en el papel de la protesta social. Y ahí del que se atreva a opinar que si la protesta social debe ser respetada, no manipulada desde el Gobierno, porque desvirtúa de manera grotesca su verdadero espíritu.