¿Qué estará opinando María Isabel, hoy miércoles 21 de febrero, en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a una crítica a la revista Cambio, que, por costumbre, maneja impecablemente el periodismo, pero esta vez, a cambio de un cuestionado contralor general, que dizque les dio su chiva, se dejó embaucar la publicación.
Qué coincidencia, al mismo tiempo que el contralor Carlos Mario Zuluaga intenta que lo confirmen ya formalmente en el cargo, la reforma a la salud entra a discusión definitiva en el Senado de la República. Qué mejor ambiente este cambio que con un escandalete que le daría la razón a los argumentos del Gobierno para desbaratar, para devastar el actual sistema de salud, para demolerlo.
Lo que denuncia el contralor es que solo cinco de 26 EPS cumplen con el requisito técnico para operar. Esto es que solo estas cinco cumplen con ese requisito de mantener una reservas para que su capital pueda reinvertirse y no perder su valor en el tiempo y así obtener la máxima rentabilidad exigida por la ley. Es una especie de seguro, conveniente desde luego, saludable para el paciente.
Pues el informe del contralor le estaría dando una cuestionable razón al Gobierno, que, claro, ya está aprovechando no solo para avasallar con su reforma a la salud, sino para intervenir de una vez por todas al 80 % de las EPS que están operando actualmente, y así cumplir con la maldición del ‘shu shu’ del presidente Petro, que consistiría en que las EPS van a ir cayéndose como fichas de ajedrez, una encima de otra.
Pero resulta que esa supuesta gran chiva del contralor, que está en campaña política, cae en medio de una discusión muy seria, de si el Estado está a paz y salvo con las EPS, que no lo está, desde luego. Y si, además, está reconociendo unos aumentos justos que exigen las EPS, de lo que se llama Unidades de Pago por Capitación, que es el valor que se reconoce por cada uno de los afiliados para cubrir el pago del Plan Obligatorio de Salud.
¿Qué piden la EPS? Que el Estado se les ponga el día con sus deudas y que reconozca que hoy las UPC (Unidades de Pago por Capitación) merecen un aumento por nuevas tecnologías, además de lo que costó atender la pandemia del covid. El secreto del ‘shu shu’ está ahí, que si la EPS no tienen cómo operar, menos tendrán para establecer sus reservas técnicas.
En ese hueco, el de las reservas técnicas, que denuncia el contralor, que está en campaña política, el Gobierno aprovechará para excavar su demoledora reforma a la salud. Y lo peor es que la intervención la haría una Superintendencia de Salud, perdónenme ustedes la expresión tan cruda, investigada por corrupción hasta el rabo.
Lea la primera opinión de María Isabel Rueda de hoy miércoles 21 de febrero:
¿Qué opina María Isabel? La chimba extorsión al canciller
Cómo estaremos de mal, que el suspendido canciller Álvaro Leyva, según SEMANA, pagó 30 millones de pesos de nuestra plata, para que un anónimo le hablara mal de la compañía que ganó licitación de los pasaportes. Eso no es extorsión. Es una imbecilidad mayúscula.
A las 6 en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel, hoy miércoles 21 de febrero, en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a la vergüenza de lo que mi casa editorial de SEMANA denomina una extorsión, un chantaje contra el canciller Álvaro Leyva.
Todo por cuenta de que algún anónimo, del que no hay rastros siquiera de que haya trabajado en la compañía que elabora los pasaportes, Thomas Greg and Sons, resolvió dizque ponerse a chantajear al canciller Álvaro Leiva, no exigiéndole un dinero para tapar algo, para tapar una información, como ocurre normalmente en los chantajes, sino exigiéndole ese dinero a cambio de revelarle información sobre dicha compañía.
Jurídicamente, eso no es un chantaje, es una venta de información vulgar a la que, según SEMANA, el canciller Leyva resolvió acceder, dizque conducido por instrucciones de Inteligencia, que le aconsejaron pagar el dinero para descubrir quién estaba detrás.
Pero lo mejor habría sido, y lo más correcto, ignorar esa exigencia de pago y mandar el señor al diablo. El canciller Leyva pagó 30 millones de pesos de plata de los colombianos, para que le hablaran mal de Thomas Greg. Lo que le dijeron fueron pendejadas y siguieron pidiéndole dinero, pero la platica se fue en un anónimo avivato.
Recordemos que por haber cancelado la licitación, que legítimamente se ganó esta compañía, que hace años elabora nuestros pasaportes, aparentemente siguiendo órdenes del presidente Petro, que, por alguna razón, le tiene ojeriza a dicha compañía, pues su canciller aceptó el argumento de que el de la licitación era un pliego llamado sastre, porque solo se presentaron ellos Thomas Greg and Sons.
Eso, ha dicho la jurisprudencia, es absolutamente válido, siempre y cuando la licitación no esté ajustada, como sucede con frecuencia, para que se la gane una precisa compañía. Pero ahora, venir a decir que Leyva fue extorsionado, a cambio de información que, sí, de pronto lo habría salvado de la suspensión que le decretó la Procuraduría, es absolutamente inexacto. Como en un secuestro, a Leyva le pidieron un rescate por información desconocida que no era claro que existiera y pagó los 30 millones.
Hoy no tenemos ni la identidad del favorecido ni la información que supuestamente entregó y estamos ad portas de una nueva licitación para la elaboración de pasaportes, que, al paso que vamos, va a volver a fracasar, a no ser que se la gane o que se pueda presentar un amiguis internacional del Gobierno, que es el campo, bien lejos de este país, donde Petro quiere pelechar como presidente cósmico.