A las 6:10 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a la crisis “civilizatoria”, cuya existencia denunció ayer el presidente Petro en Naciones Unidas.
Aunque su intervención giraría supuestamente alrededor del tema indígena, el mandatario colombiano se las arregló para ligar las dos cosas y producir noticias sobre el cambio climático. Que bautizó ayer precisamente de crisis “civilizatoria”. Término que sí existe, aunque sea poco común, pero que se acomoda perfectamente a la grandilocuencia petrista.
El presidente colombiano propone dejar de sacar petróleo, gas y carbón, o si no la humanidad, dice, perecerá. Lo que propone a cambio es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) condone ya la deuda que mantiene con los países y la cambie por acciones a favor de la lucha contra el cambio climático. La transición ya no espera, aseguró el presidente.
Lo que no contó fue que aquí en Colombia ya comenzó esa transición, pero de una manera bastante inusual y no pacífica. Son las empresas petroleras las que están abandonando sus pozos, pero por la conflictividad social que el Gobierno no controla en las zonas donde opera. La pregunta es: ¿cómo les suplirá el presidente Petro a esas poblaciones las millonarias regalías que pagan las empresas petroleras para que sean convertidas en inversión social?
El ejemplo perfecto es lo ocurrido con la petrolera china, Emerald Energy, que ha obtenido por fin permiso del Gobierno luego de muchas súplicas y llamados de alerta para dejar de operar en el Caquetá, porque el orden público no se lo permitió más. La petrolera lo venía advirtiendo al Gobierno a través de once cartas que arrancó a enviar desde el año pasado. Advirtiendo que todo indicaba que tarde o temprano se iban a tomar sus instalaciones a la fuerza.
Pero no a cambio de que se deje de producir por el cambio climático, sino a cambio de que pagara más regalías. Es decir, no para evitar la crisis “civilizatoria” del presidente Petro, sino con un ánimo chantajista que incluso puso en peligro a los trabajadores colombianos de la empresa. Episodio que culminó, como ya sabemos, con el secuestro bautizado como “cerco humanitario” por el ministro del Interior, estadista, Prada, de 78 policías con el saldo trágico de un campesino muerto y un policía decapitado. Y un video de su pequeño hijo premiado hace una semana por el Gobierno al lado de las víctimas del tal cerco humanitario con una medalla que bauticé yo como “medalla curita” al valor.
El Campo Capella, como se llama el pozo que explotaba Emerald en San Vicente del Caguán, comenzó su toma el 18 de febrero pasado provocando los llamados de emergencia de la empresa. Porque se venía gestando desde tal fecha y durante prácticamente un mes hasta concretarse el 2 de marzo en la madrugada con el ingreso hostil, agresivo, a la fuerza, a las instalaciones que posteriormente procedieron a incendiar. Tanto los trabajadores como los policías que trataban de custodiar el lugar desarmados terminaron secuestrados.
Pero no creo que el presidente Petro se atreva a plantear en la Universidad de Stanford que la crisis civilizatoria debe combatirse así, obligando a que las petroleras abandonen pozos en plena producción por falta de garantías a la vida de sus trabajadores. Y que luego de eso sean secuestrados al lado de unos policías desarmados.
Esa imagen repetida, pozo a pozo, en cada región y país del mundo mundial, no puede ser la fórmula pacífica de la transformación energética que pare la crisis “civilizatoria” que fue a denunciar ayer a las Naciones Unidas el presidente colombiano, Gustavo Petro Urrego.
Escuche aquí la segunda opinión de María Isabel Rueda del Día de hoy:
¿Qué opina María Isabel? El cóctel tóxico del fútbol
No solo las directivas de los clubes, sino también los políticos, compran el comportamiento de las llamadas barras bravas. A veces les conviene que se porten bien y vayan al estadio a gritar gol. Pero a veces que se porten mal, y hasta les pagan con plata, boletas y, aunque no lo crean, con contratos, con los que compran sus simpatías y sus antipatías violentas.
A las 6:25 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy martes 18 de abril en SEMANA? Pues la opinión gira por los lados de la negativa del préstamo del estadio Atanasio Girardot al Atlético Nacional para un juego de la Copa Libertadores, en vista de los desórdenes o disturbios protagonizados el domingo pasado en el último encuentro deportivo por cuenta de sus barras bravas.
Pero eso en materia de gravedad es la punta del iceberg; lo que viene de arriba a abajo es la total descomposición del fútbol, como lo denunció ayer uno de los mejores y más respetados periodistas deportivos del país, Javier Hernández Bonnet.
El Atlético Nacional tiene que irse a Barranquilla a jugar un partido de la Copa Libertadores por el peligro de la agresión de sus barras bravas contra hinchas pacíficos y policías, pues resulta la radiografía de varios fenómenos que componen lo que Javier llama un cóctel tóxico.
Primero, con el ingrediente de que las directivas del equipo tienen compradas a las barras bravas, concretamente a la llamada Los del Sur, con poderosos contratos que aseguran sus simpatías. Pero segundo ingrediente, los políticos también aprovechan las barras bravas con contratos para que les apoyen sus manifestaciones y hasta para explotar los desórdenes que estos protagonizan.
No lo dijo Javier, pero no se sabe en ese mapa dónde está parado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que desde sus vacaciones viene tuiteando sobre la prohibición del préstamo del estadio, pero todo indica que como un castigo a las directivas mas no a las barras bravas, que son las que amenazan con los disturbios.
Los del Sur aparentemente rompieron con las directivas del Nacional para enriquecer el chantaje en boletería, ayudas económicas y logísticas. Es decir, les pagaban no solo para que fueran a gritar gol, sino para que se portaran bien, y claro, resolvieron portarse mal cuando les llegó la hora de pedir más, y cuando les dijeron que más no, resolvieron poner en peligro el encuentro deportivo que amenazaba con terminar en asonada.
¿Qué tan válido es que convivan silenciosamente acuerdos económicos entre clubes y barras?, ¿eso no convierte en hinchada violenta lo que debería ser la fiesta del fútbol?, ¿para qué tanta podredumbre para acabar con la ilusión de tanto hincha correcto y comprometido con su equipo que quiere ver goles y no puños y patadas?
Que según se viene a saber ahora, pues son financiadas por las propias directivas de los clubes y hasta por los alcaldes de las ciudades de donde son insignia estos equipos. Y no nos vengan a decir ahora que el alcalde Quintero también les daba contratos en su administración a las barras bravas, porque no nos extrañaría para nada.