Este martes, 6 de febrero, terminó el sexto ciclo de negociaciones entre los delegados del Gobierno del presidente Petro y del ELN en La Habana (Cuba). Aunque fueron varios los anuncios, entre ellos la prórroga del cese al fuego bilateral, desde la mesa de diálogos informaron que se logró un acuerdo entre ambas partes para que la guerrilla deje la actividad armada.
Uno de los que más llama la atención es el punto número 6, en el que se establece la creación de un “fondo multidonante” para ese proceso de paz que se adelanta con el ELN.
Aunque no es extraño que en una negociación de paz se cree este tipo de fondos, sí es atípico que se haga en un momento donde la guerrilla del ELN no ha dado muestras de paz ni se ha firmado ningún punto relacionado con el desarme o de reincorporación que permita hablar de un sostenimiento para la implementación de lo acordado.
En la isla, no se dieron detalles de este punto que está generando polémica en Colombia porque quedó la sensación de que se trata de un fondo donde cualquier país puede hacer donaciones, supuestamente, para implementar lo pactado pero la guerrilla desde hace unos meses viene hablando de una financiación para dejar el secuestro.
De hecho, el jefe de la delegación de paz del ELN, Pablo Beltrán, hizo referencia al asunto y, según él, la creación obedece a que los recursos de la paz no se han manejado adecuadamente en Colombia. “Por primera vez en la historia de estos procesos se crea este tipo de fondo para soportar el conjunto de la implementación de los acuerdos de paz”
Agregó: “No solamente estarán los países garantes ni acompañantes, porque será un fondo abierto para que otros donantes ayuden y se haga buen uso de los recursos. Tenemos precedentes malos en este campo”.
Como las delegaciones no dieron mayores explicaciones sobre el tema, las dudas que giran alrededor de este asunto es qué país donará recursos si el ELN es un grupo terrorista que continúa con sus acciones delincuenciales en todo el territorio nacional, a pesar de estar en un cese al fuego bilateral.
No está claro si la Unión Europea, por ejemplo, destinará recursos a un fondo que se creó sin bases sólidas y sin avances concretos sobre la dejación de armas y reincorporación de los integrantes del ELN, por lo prácticamente se estaría colaborando a financiar un grupo criminal. Tampoco está claro cómo funcionaría dicho fondo y quién será el encargado de manejar los recursos que lleguen al mismo.
Está claro que el ELN históricamente no ha recibido dinero del Estado colombiano en una negociación y por ello, siempre hay países garantes y acompañantes que se encargan de la manutención de los guerrilleros en la mesa de diálogo. Dicha ayuda consiste en recursos para desplazamientos, viáticos, hoteles, comidas y todo lo logístico, algo que es natural.
En el caso de esta negociación de paz, Brasil, Cuba, Chile, México, Noruega y Venezuela ofician como países garantes de los diálogos y es normal que hagan algún tipo de aporte para las conversaciones. Adicional a estas naciones, Alemania, España, Suecia y Suiza actúan como acompañantes para dar garantías a las partes, pero ningún país podría financiar una organización criminal que está en plena operación en Colombia.
“El objetivo de este fondo será administra y ejecutar recursos donantes y del Estado colombiano destinados al proceso de paz con el ELN en los términos acordados en la Agenda de México (hoja de ruta de la negociación), con arreglo a estándares de Naciones Unidas de transparencia, monitoreo, auditoría y rendición de cuentas”, dice un fragmento del acuerdo pactado.
Lo curioso es que ese mismo texto dice que: “La mesa de diálogos para la Paz invita conjuntamente a países, instituciones, entidades y organismos internacionales a utilizar mecanismos existentes con el propósito de facilitar la implementación inmediata de este acuerdo”. Sin embargo, no quedó claro de qué implementación están hablando porque en los seis ciclos que se han hecho, lo único claro es que están fijándose unas reglas de juego para la negociación sin haber pactado nada concreto para que el ELN deje de delinquir.
Lo que está claro es que el fondo empezará a operar en los siguientes tres meses y que tendrá una duración de un año con la posibilidad de renovarlo si las partes están de acuerdo. Además, no está claro qué pasará con los recursos si, eventualmente, la mesa de diálogo llegara a romperse.
En la manera que fue presentado el acuerdo sobre el fondo, queda la duda de si está relacionado con el anuncio de la guerrilla de abandonar el secuestro extorsivo porque en varias ocasiones Antonio García, máximo líder del ELN, dijo que sin una financiación no abandonarían ese delito.
Además, como el acuerdo no es claro, cualquier donante podría tener dudas jurídicas ya que el dinero sería reportado y podría tener implicaciones legales. En varias ocasiones el ELN ha tenido la idea de un fondo económico sin veeduría por lo que tampoco está claro cómo se vigilarán los recursos que posiblemente lleguen en esta ocasión.
Seguramente en las próximas horas y con la llegada de los negociadores del Gobierno Petro a Colombia, se entregarán más detalles de cómo funcionará este fondo multidonante que, por ahora, parece un acuerdo inviable y del que ningún país serio haría parte porque el ELN es una organización terrorista que sigue delinquiendo y fortaleciéndose mientras están sentados en la mesa de diálogo.
Defensoría del Pueblo lanza grave alerta del cese al fuego: advierte que no se evidencian “gestos de paz” de los grupos armados
La Defensoría del Pueblo entregó su más reciente balance sobre el cese al fuego bilateral que ha decretado el Gobierno nacional con varios grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. La entidad realizó un monitoreo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.
De acuerdo con la Defensoría, este análisis evidenció que estos acuerdos no se han cumplido de la mejor manera y ha dejado a la población civil como la principal víctima, ya que se han vulnerado sus derechos fundamentales como la vida, integridad, libertad, seguridad, entre otros.
“A partir del monitoreo que adelantamos, se registraron 236 acciones violentas por parte de los grupos armados ilegales en el desarrollo del cese al fuego, de las cuales 34 fueron acciones directas con la fuerza pública y las restantes 202 correspondieron a acciones indirectas entre las mismas organizaciones armadas, que constituyeron claras infracciones al derecho internacional humanitario”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El funcionario señaló que en este tipo de acuerdos es fundamental que haya un compromiso por parte de las estructuras armadas para dejar a los civiles por fuera de la violencia y respetarles sus derechos, especialmente a los menores de edad, recalcando que dentro de esto debe ser necesario devolver a los menores que hacen parte de sus filas.
Camargo precisó que la mayoría de los casos se han presentado en sitios donde la misma entidad que dirige ha hecho previamente alertas tempranas. “Vale advertir que el departamento del Cauca fue, de lejos, el más afectado, con 21 de las 34 acciones directas”, agregó.
La Defensoría precisó que 27 de las 34 acciones directas ocurrieron en el primer semestre del 2023, siendo enero el mes en el que más se presentaron, seguido de febrero y abril. Por otra parte, hubo 202 acciones indirectas, la mayoría ocurrieron en los meses de marzo y mayo. El grupo armado con más acciones indirectas fue el Estado Mayor Central de las disidencias y seguidamente se encuentra el ELN.